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El Congreso da luz verde a la 'ley Rhodes' para combatir la impunidad de los abusos a menores

  • Eleva cinco años más la edad de la víctima desde la que se contará la prescripción de los abusos sexuales y se fija en 35 años
  • Se han incorporado a la ley 200 enmiendas de distintos grupos y más de 60 transaccionales

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El Congreso aprueba la 'ley Rhodes' que inicia la prescripción de los abusos a menores a los 35 años

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves la ley orgánica de protección a la infancia frente a la violencia, que amplía el plazo para iniciar la prescripción de los delitos graves hasta que la víctima cumpla 35 años para evitar que los casos queden impunes, y lo ha hecho con un amplio consenso, salvo la oposición de Vox y PNV.

La nueva ley, que fue bautizado por el exvicepresidente Pablo Iglesias como 'Ley Rhodes' -por el pianista del mismo apellido, que sufrió abusos en su infancia- ha salido adelante con 268 votos a favor, frente a 57 en contra (los de Vox y PNV) y 16 abstenciones (las de EH Bildu y PdeCat).

La ley sale del Congreso con el voto en contra de Vox por motivos ideológicos, y del PNV porque entiende que invade competencias, mientras que PdeCat y EH Bildu han optado por abstenerse por la importancia de las medidas para la seguridad de los niños, a pesar de que consideran que en la norma hay "una invasión competencial".

"Espero que en la Cámara Alta se siga enriqueciendo la ley y haciéndose mejor gracias a todos los grupos", ha deseado la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que ha cerrado el debate de la ley en el Congreso de los Diputados agradeciendo el trabajo y generosidad del pianista James Rhodes, presente en el Parlamento junto a varias ONG.

La ministra se ha dirigido a los niños a los que ha animado a "pedir ayuda", porque alguien va ayudarles y ha asegurado que con la aprobación de esta ley se pondrá fin a la impunidad de los abusos a menores por parte de religiosos.

Se eleva el plazo de prescripción

El proyecto de ley, que ha incorporado más de 200 enmiendas de distintos grupos y más de 60 transaccionales, pasará ahora al Senado, donde deberá seguir su tramitación en Comisión y Pleno, con el anuncio de varios grupos de que mantienen vivas enmiendas para seguir incluyendo mejoras.

De hecho, organizaciones de defensa de la infancia, víctimas y algunos partidos opinan que se puede mejorar aún más y proponen cambiar el reconocimiento que da la ley como "agentes de la autoridad" a los servicios sociales, porque podría causar indefensión a las familias frente a la administración, en los casos de retirada de tutela de los menores por desamparo.

Una de las últimas enmiendas que se han incorporado al texto en el Congreso es precisamente la de ampliar el plazo de prescripción de los delitos graves en cinco años, ya que las denuncias se producen muchos años después. Fue pactada en las últimas horas entre PSOE, Unidas Podemos, PP, Ciudadanos, Bildu, Grupo Plural, BNG, Más País y el Grupo Republicano.

La prescripción de los delitos empezará a contar cuando la víctima cumpla 35 años, como estaba previsto en el proyecto de ley de protección a la infancia frente a la violencia que se aprobó en Consejo de Ministros el pasado mes de junio.

Además de la ampliación del plazo de prescripción, otra de las novedades del texto que se le dota de perspectiva de género, eliminando planteamientos como el Síndrome de Alienación Parental (SAP) - por el que algunos padres acusan a su expareja de manipular a su hijo en su contra-, e incorporando medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género.

El texto refuerza también el derecho del niño a ser informado, no solo escuchado, en procesos administrativos y judiciales y a formular denuncia de manera personal y directa, e incorpora el deber de todos los ciudadanos de denunciar cualquier indicio de violencia a la infancia.

La iniciativa legislativa remitida al Parlamento desde Derechos Sociales amplía la definición de violencia, persigue delitos cometidos a través de internet, crea unidades especializadas en las fuerzas y cuerpos de seguridad, un Registro Central de Información.

Otras medidas de la 'ley Rhodes'

Uno de los cambios importantes que conlleva esta ley es que el plazo de prescripción de los delitos graves contra menores, como los abusos sexuales, no prescribirán hasta que la víctima cumpla al menos 35 años. Actualmente, el plazo de prescripción de los delitos de abusos a menores empieza a contar cuando la víctima cumple 18 años y los delitos prescriben entre 5 y 15 años después, dependiendo de su gravedad.

Entre las novedades que ya introducía el texto presentado por el Gobierno en junio de 2020, destaca la privación de la patria potestad para condenados por homicidio o maltrato.

Otra de las medidas que recoge la 'ley Rhodes' es la obligación de utilizar la prueba preconstituida, es decir, que la víctima realice una única narración de los hechos, ante el Juzgado de Instrucción, sin que sea necesario que declare antes o posteriormente en el juicio, a fin de evitar que tenga que declarar reiteradamente, a lo largo del procedimiento penal, sobre los hechos objeto del procedimiento.

Igualmente, la ley incorpora el deber de todos los ciudadanos de comunicar cualquier indicio de violencia sobre menores; crea una nueva figura, la del 'coordinador de bienestar y protección' que deberá estar en todos los colegios; establece la obligación para los centros de menores tutelados de prevenir los casos de abusos, y aborda el problema del bullying, así como la violencia contra colectivos vulnerables y aquella cometida a través de Internet.

El Congreso aprueba la ley de protección a la infancia frente a la violencia

También se endurecen las condiciones para el acceso al tercer grado de clasificación penitenciaria, a la libertad condicional y a los permisos penitenciarios por parte de las personas penadas por delitos que atenten contra la indemnidad y libertad sexuales de personas menores de dieciséis años.

Otra de las novedades de la norma es la creación de unidades especializadas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y se dará formación especializada a jueces y fiscales para proteger a los menores de la violencia.

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