El coronavirus hunde un 40 % la contratación de obra pública y un 25 % la licitación, que vuelven a niveles de 2014

• Seopan estima que la construcción podría crecer hasta un 2,7 % este año tras el parón de la COVID-19
• La licitación supuso 8.364 millones en 2020 y la contratación 6.348 millones, según la patronal de las grandes constructoras

Obras del puente San Ignacio en Bilbao.

En un año marcado por el coronavirus, la licitación pública en obra civil se redujo un 25 % hasta los 8.364 millones de euros, la tercera mayor caída desde 1996, según las cifras de la patronal de las grandes constructoras y empresas de infraestructuras (Seopan).

Por su parte, la contratación pública se hundió un 40 % con 6.348 millones en 2020, el tercer descenso más significativo de toda la serie histórica. Con estos datos, ambos indicadores cerraron en niveles de 2014.

Asimismo, en marzo, abril y mayo -coincidiendo con el confinamiento domiciliario- se destruyeron 80.200 empleos de media al mes en total en el sector construcción (240.600), que se recuperaron en su mayoría a finales de año.

Previsión de crecimiento de hasta el 2,7 %

Seopan prevé que la actividad del sector de la construcción crezca este año entre el 1 % y el 2,7 % tras haberse reducido en 2020 por la pandemia, que dejó la licitación y la contratación de obra pública en niveles de hace seis años,.

De hecho, las previsiones de crecimiento que vislumbra la patronal de grandes constructoras y concesionarias de infraestructuras para este ejercicio dependerán en gran parte de la ejecución presupuestaria (fundamentalmente de Adif, que representa el 24 % de toda la obra civil nacional), así como del impulso de la colaboración público-privada y la gestión de las ayudas europeas.

Un ejercicio en el que la ejecución presupuestaria de los dos grandes ministerios inversores (el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) no llegó al 70 % (68,7 %).

Según ha señalado Seopan en los últimos 14 años el Estado ha dejado de ejecutar 41.100 millones, lo que ha evitado crear 48.000 empleos anuales e ingresar en las arcas públicas 20.145 millones de retorno fiscal.

A este respecto, Seopan lamenta los retrasos "injustificados" en la licitación y adjudicación, las ofertas "anormalmente" bajas, la "elevada judicialización" de los problemas que surgen en los contratos, así como la indecisión política para solucionar los obstáculos regulatorios.

El tráfico de las autopistas cae más de un 35 %

Además, desde el primer estado de alarma de marzo y hasta diciembre, el tráfico en las autopistas y autovías estatales y autonómicas gestionadas por empresas privadas cayó un 37 % y un 35 %, respectivamente, debido a la crisis sanitaria y a las restricciones a la movilidad, según apunta el presidente de Seopan, Julián Núñez.

De acuerdo con Seopan, la reversión de las concesiones de autopistas de peaje supondrá en 2021 un alza del déficit público de 286 millones y de 478 millones anuales a partir de 2022. Además, estas medidas reducen la red de 3.304 a 2.207 kilómetros y concentran en España más del 73 % de toda la red de autovías gratuitas europeas.

En este contexto, la patronal aboga por el pago por uso y calcula que implantar peajes en las autovías reportaría unos ingresos públicos de 4.698 millones al año vía impuestos y un ahorro del gasto público en conservación viaria de 850 millones al año.

Más plazo para ejecutar las ayudas europeas

Dado el reducido plazo y los retrasos existentes, Seopan aboga por plantear a las autoridades europeas una posible ampliación de los plazos de ejecución de las ayudas europeas, que para 2021 se estiman en 34.490 millones (más de 11.600 millones entre los dos grandes ministerios inversores).

No obstante, el presidente de Seopan cree que difícilmente las iniciativas que no tengan que ver con la energía y la transición ecológica van a prosperar.

Además, señala que el Ministerio de Hacienda será el encargado de autorizar si el plan de carreteras PIC puede acogerse a la tasa de descuento -que ven insuficiente aunque pasa del 2 % al 4 %- y cree que ésta debería extenderse no solo a los proyectos que formen parte de las ayudas europeas.