El juez propone juzgar al exconsejero madrileño Alfredo Prada y otras cinco personas por el Campus de la Justicia

• José de la Mata los procesa por prevaricación, fraude a las administraciones pública y malversación de caudales públicos
• El magistrado expone la existencia de un "plan criminal" liderado por el que fue responsable de Justicia en Madrid

Alfredo Prada, a su llegada a la Audiencia Nacional en marzo de 2019.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha propuesto juzgar al exconsejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada y a otras cinco personas por prevaricación, fraude a las administraciones pública y malversación de caudales públicos por las supuestas irregularidades cometidas en diversos contratos del Campus de la Justicia de Madrid (CJM).

Entre los procesados por estos hechos figura también, como director de Seguridad del Campus de la Justicia, el policía Andrés Gómez Gordo, que fue asesor de María Dolores de Cospedal cuando gobernó en Castilla-La Mancha y que está imputado en la pieza Kitchen del caso Villarejo.

“De la Mata: "Se pusieron de acuerdo con distintas personas y mercantiles para adjudicar irregularmente a su favor distintos contratos de CJM"“

En el auto de pase a procedimiento abreviado, de 253 páginas, el magistrado ha explicado que los investigados, liderados por Alfredo Prada, quien en última instancia tomaba todas las decisiones, "se pusieron de acuerdo con distintas personas y mercantiles para adjudicar irregularmente a su favor distintos contratos de CJM, elaboraron un plan criminal y pusieron en marcha distintos artificios para llevarlos a cabo".

Los otros procesados son Isabelino Baños Fernández, Mariano José Sanz Piñar y Alicio de las Heras Rodríguez, en sus respectivas condiciones de director general Técnico, subdirector general Técnico, director Financiero, con el asesoramiento de Félix José García de Castro. Al mismo tiempo, archiva la causa para dos personas, María Lourdes Manovel y Paloma Mateo Martín.

Prevaricación, fraude a la administración y malversación de caudales públicos

Según ha explicado de la Mata, que examina de forma pormenorizada los contratos investigados en este procedimiento, Prada y los directivos investigados “corrompieron sustancialmente el procedimiento de adjudicación de contratos de CJM, quedando afectada sustancialmente su operativa y los resultados económicos, menoscabando así los bienes jurídicos que tutela el tipo penal de la malversación de los caudales públicos”.

“En este caso no estamos ante autoridades o funcionarios que hayan sustraído para su lucro personal el dinero de la administración en perjuicio del patrimonio público: la conducta aquí perpetrada afecta al sistema de funcionamiento de una entidad pública, que ha resultado deteriorada, dañada y menoscabada, tanto en su imparcialidad, probidad y prestigio, como en su eficacia y en su integridad patrimonial (hasta el punto de haber sufrido perjuicios el erario público de cientos de millones de euros)”, ha afirmado el juez.

En su auto, de la Mata ha defendido que los investigados conocían "perfectamente la ilegalidad de su actuación” y ha apuntado que no elaboraron la adecuada justificación de las necesidades que los contratos iban a atender, pasaron por alto las insuficiencias y defectos de los pliegos, así como los informes técnicos de valoración. En múltiples casos realizaron propuestas de valoración arbitrarias y no justificadas o que prescindieron de procedimiento de contratación alguna, entre otras supuestas irregularidades, ha añadido.

La preeminencia absoluta de Alfredo Prada en la toma de decisiones

De la Mata ha destacado la intervención personal y directa y la preeminencia absoluta que tuvo Alfredo Prada en la toma de decisiones en los distintos procesos de contratación, durante la primera fase del Campus de la Justicia cuando ejerció la Presidencia.

“Todos los contratos que tenían que ver con publicidad y comunicación (que alcanzan en su conjunto más de 5 millones de euros en contratación), se sustrajeron materialmente a la propia mercantil CJM. Estas contrataciones no se decidían en CJM, donde se limitaban a ejecutar las órdenes que llegaban desde Vicepresidencia y Consejería de la CAM, es decir, de Prada Presa, limitándose el personal de CJM a cumplir tales decisiones”, ha escrito el instructor.

En ese sentido, ha apuntado que el personal de CJM que se ocupaba de estos ámbitos ni siquiera estaba en sede del Campus , sino en la de Vicepresidencia o de la Consejería, integrado junto con el resto del personal del Gabinete de Prada.

Él mismo, en la mayoría de los casos, era quien también firmaba las decisiones de adjudicación y los contratos, que no estaban "integrados en la estrategia de la CJM", ha añadido el juez.

La existencia de un "plan criminal" defraudatorio

De la Mata ha señalado en el auto que, para todo ello, las personas investigadas, “lideradas desde luego por Prada Presa (...) elaboraron un plan criminal y pusieron en marcha distintos artificios para llevarlos a cabo”.

Según el instructor, esto se aprecia en distintas actuaciones, como la contratación de The Bank, por 40.000 libras inglesas, para elaborar un video. Según explica el juez, para ocultarlo, disimular el pago y evitar la puesta en marcha de un proceso de licitación que permitiera alcanzar un precio equilibrado fruto de la libre concurrencia, abonaron estos servicios a Foster&Partners, para que esta firma, a su vez, pagara a la agencia de comunicación.

El juez ha indicado que se habría llevado a cabo del mismo modo la contratación de los consultores Buro Happold y Gleeds Iberica para la fase de proyecto básico del contrato de Fosters&Partners Redacción del Proyecto del edificio de la futura sede de la Audiencia Provincial y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Además, existe un buen conjunto de contratos, por otra parte, en que los investigados se concertaron con distintos grupos empresariales para fijar un precio arbitrario a los servicios y conseguir su adjudicación a la empresa arbitrariamente elegida mediante el ardid de presentar presupuestos por parte de sociedades pertenecientes al mismo grupo empresarial, de modo que la competencia y libre concurrencia no existía.

En otros casos, ha explicado el magistrado, los investigados fraccionaron los contratos, siempre con la misma finalidad de conseguir adjudicar los contratos a la empresa predefinida por los directivos de CJM.

Los contratos investigados

Entre los contratos presuntamente irregulares se mencionan en el documento la “Gestión Integrada del Proyecto y la construcción de la urbanización y la edificación de la Fase 1 del Campus de la Justicia de Madrid (2007)” o la “Redacción del proyecto y dirección facultativa de las obras de la Audiencia Provincial y Tribunal Superior de Justicia, obras de urbanización fase 2 del campus de la justicia de Madrid (2006)”.

Además, la “Asistencia técnica para el desarrollo de servicios de consultorías especializadas en las fases de diseño y construcción del Tribunal Superior de Justicia y la Audiencia Provincial del Campus de Justicia de Madrid (2007)”, la “Edición y distribución del libro “Foster & Partners”, la “Creación de la marca representativa y estrategia de comunicación del proyecto Campus de la Justicia de Madrid”, el “Servicio de asesoramiento jurídico” o la “Gestión integrada del proyecto y construcción de la urbanización y edificación de la fase 2 de Campus de la Justicia de Madrid”, entre otros.