Enlaces accesibilidad
Caso Dina

El Supremo pregunta a la Fiscalía si debe investigar a Pablo Iglesias por el caso Dina

  • El tribunal ha recibido la exposición razonada del juez de la Audiencia Nacional en la que pedía que le investigase
  • El juez García Castellón cree que pudo incurrir en un delito de denuncia falsa y otros dos delitos más

Por
Iglesias descarta dimitir y el Supremo pregunta a la Fiscalía si debe investigarlo

El Tribunal Supremo ha solicitado este jueves a la Fiscalía que se pronuncie sobre si debe investigar al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, en el marco del caso Dina sobre el presunto robo del móvil a una exasesora del partido.

La Sala de lo Penal del alto tribunal ha recibido este jueves la exposición razonada que le remitió el miércoles el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en la que pedía que investigase a Iglesias por los presuntos delitos de descubrimiento o revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos, y acusación o denuncia falsa y/o simulación delito.

El tribunal ha dado traslado de la misma al fiscal para que informe sobre competencia y contenido de la exposición y ha designado al magistrado Andrés Palomo ponente de la resolución que establecerá si se abre o no causa contra el vicepresidente.

Cuatro magistrados del 'procés', entre quienes decidirán si investigan a Iglesias

Una vez que la Fiscalía emita su informe, cinco magistrados estudiarán si abren causa contra el vicepresidente, que se ha pronunciado este jueves por primera vez sobre la petición de investigación de la Audiencia Nacional y ha dicho que no concibe que el Supremo le impute. En una comparecencia ante el Senado, el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos ha sostenido este jueves que todos saben, y también el PP, que el robo del móvil a Dina sirvió para "intentar perjudicar" a Podemos en un contexto de negociación con el PSOE.

El magistrado del Supremo Andrés Palomo será el ponente de la resolución que establecerá si el alto tribunal investiga a Iglesias. Junto a él están en la sala de admisión el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, y los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Ana Ferrer y Eduardo de Porres.

Denuncia falsa, revelación de secretos y delitos informáticos

El juez del caso Villarejo considera que Iglesias usó de forma fraudulenta el procedimiento judicial donde se investigaba el presunto robo de la tarjeta de móvil de Dina Bousselham, exasesora del partido, para intentar lograr algún tipo de ventaja electoral ante los comicios de abril de 2019.

En su escrito, califica de "consciente y planificada" su "actuación falsaria" y le acusa de fingir "ante la opinión pública y ante su electorado, haber sido víctima de un hecho que sabía inexistente, pocas semanas antes de unas elecciones generales".

Según su tesis, bajo las instrucciones de Iglesias, y con el beneplácito de la dirección de la asesoría jurídica de Podemos, presentaron la desaparición del teléfono de Dina "como un encargo realizado por el Gobierno del PP al excomisario Villarejo, para publicar en el digital OK Diario, en el contexto de una campaña para perjudicar a Iglesias, y por ende a Podemos".

El juez indica que Iglesias recibió la tarjeta en enero de 2016 del presidente del Grupo Zeta Antonio Asensio, comprobó que tenía archivos de carácter muy íntimo y, "pese a ello", la guardó durante un tiempo "sin decírselo a su propietaria". Cuando se la devolvió, señaló, ésta ya estaba "inservible para su funcionamiento".

La exposición razonada también incluye a la vicepresidenta cuarta del Congreso, Gloria Elizo; a los letrados de Podemos Marta Flor Nuñez y Rául Carballedo; a Dina Bouselhan y a su pareja Ricardo Dasaferreira, estos dos últimos por falso testimonio.

En caso de que el Supremo decida abrir una investigación se nombraría un instructor, distinto de los magistrados de la sala de admisión. Sería entonces cuando se contemplaría la citación de Iglesias, previo suplicatorio del Congreso, si bien suele darse la opción de que pueda acudir voluntariamente a prestar declaración.