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PSOE y Unidas Podemos excluyen el impuesto a las grandes fortunas del pacto de reconstrucción

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El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, pasa ante el presidente del mismo, Pedro Sánchez, durante su intervención en la primera sesión de control al Ejecutivo en el Congreso.
El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, pasa ante el presidente del mismo, Pedro Sánchez, durante su intervención en la primera sesión de control al Ejecutivo en el Congreso. EFE/ J.J.Guillén

PSOE y Unidas Podemos han acordado este miércoles excluir el impuesto a las grandes fortunas, propuesto por la formación morada, de la Comisión parlamentaria para la Reconstrucción social y económica de España, para intentar atraer al mayor número de formaciones, a pesar de que partidos como ERC y Más País se mostraban favorables a esta medida.

En el amplio documento acordado por ambos y que servirá de base para negociar con otros grupos parlamentarios un pacto para la reconstrucción, sí aparece una apuesta por avanzar en la reforma del modelo tributario sobre la base de la justicia fiscal. Se trata, argumentan, de que aporten más quienes más tienen.

Pero esa apuesta no se traduce en medidas concretas como el impuesto nuevo que Unidas Podemos promovió y que planteaba "gravar con un mínimo del 2% a los patrimonios que superaran un millón de euros".

Con este se sustituiría el actual impuesto de patrimonio y según las estimaciones del partido de Iglesias podría recaudarse alrededor de 11.000 millones de euros.

Unidas Podemos avanzó que sería una de sus propuestas centrales para la Comisión de Reconstrucción que se creó en el Congreso hace casi dos meses. Pero la idea de la formación 'morada' tropezó pronto con las reticencias del PSOE.

Este pasado martes su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, dejó entrever en rueda de prensa que dicha tasa quedaría fuera del documento que estaba negociando con la dirección parlamentaria socialista, encabezada por Adriana Lastra, aunque seguiría insistiendo hasta apurar el plazo, que ha acabado este miércoles a las 21.00 horas.

"Creo que no les revelo nada: hay diferentes posiciones respecto de este impuesto", dijo Echenique.

Apuestan por la regularización de los ERTE

Además, los dos partidos del Gobierno de coalición también proponen potenciar los ERTE, dentro del diálogo social, para estudiar "un marco adecuado de regulación y cofinanciación para que sean un instrumento de flexibilidad interna de las empresas y protección del empleo", y analizar su continuidad de manera parcial, primando ajustes en la reducción de la jornada.

El acuerdo no menciona la reforma laboral y llama a "luchar contra la precariedad y temporalidad excesiva mediante las reformas pertinentes, en el marco del diálogo social", apuesta por potenciar la formación profesional, reordenar y simplificar unas prestaciones por desempleo, asegurando "cuantías dignas", la revisión de las políticas activas de empleo, los incentivos a la contratación, y un "nuevo derecho a la formación continua".

Plan de inversiones y reformas en 2021 y 2022

El documento también alude al desarrollo de un plan de inversiones y reformas para reorientar el modelo productivo "hacia un crecimiento sostenible e inclusivo" que se concentre en los próximos dos años en proyectos con mayor potencial tractor y efecto multiplicador y refuerce la productividad y el crecimiento potencial de la economía, con atención especial a pymes, autónomos, economía social, y "sectores tractores en la industria y el sector primario".

También se incluyen diferentes planes, y a los ya aprobados de automoción y turismo, se les une uno para la hostelería, otro para rehabilitación de viviendas dirigido a mejorar la eficiencia energética, otro para digitalización y la sostenibilidad de la cadena logística para el transporte y distribución de mercancías y otro de refuerzo de la seguridad y conservación de las infraestructuras y servicios de transporte.

En la hostelería, proponen un plan de reactivación "que se alinee con los principios de sostenibilidad y digitalización", facilite una "capacitación permanente" de sus trabajadores y contempla estudiar la posibilidad de extender los ERTE específicamente en la hostelería, para permitir una reincorporación gradual de trabajadores, con incentivos a la formación y recualificación en sectores donde la actividad no se recuperará por completo.

En el sector financiero, el PSOE y Unidas Podemos plantean fortalecer el papel del Instituto de Crédito Oficial (ICO), una nueva Ley del Mercado de Valores para "mejorar la percepción de la seguridad jurídica de los operadores del mercado" y acelerar la tramitación parlamentaria del nuevo 'sandbox' financiero.

Nueva ley para la industria, y más digitalización 

En materia de digitalización, prevén planes para centros educativos, alumnado en situaciones de mayor vulnerabilidad, docentes, todas las etapas del sistema educativo, la Administración, la Sanidad, el pequeño comercio, una estrategia de despliegue del 5G, una estrategia de Inteligencia Artificial, también de ciberseguridad y la Carta de Derechos Digitales.

También plantean la digitalización en las políticas de reto demográfico, para asegurar la conectividad de banda ancha e Internet móvil en todos los municipios, el desarrollo de políticas de transporte para garantizar la cohesión territorial y la creación de empresas en zonas rurales "en las 20 comarcas rurales que requieren una intervención urgente".

Para la industria, abogan por un Pacto de Estado hacia una nueva Ley de Industria, que impulse la reindustrialización a medio y largo plazo en el que ganen peso actividades de mayor valor añadido.

En la cultura proponen también un Pacto de Estado, y también en la Ciencia, en la que piden una nueva estrategia, reforzar el papel de las universidades mejorar la gestión de los proyectos y fortalecer y multiplicar los instrumentos para la inversión privada en I+D+i.

Reformas en Europa y "una PAC más justa"

En el plano de las políticas europeas, PSOE y Podemos defienden eliminar el requisito de la unanimidad en la toma de decisiones sobre política fiscal europea y piden un ambicioso Marco Financiero Plurianual que tenga en cuenta los países y sectores más afectados y que refuerce la Política Agrícola Común y la política de cohesión.

También piden acelerar la ratificación y puesta en marcha de los instrumentos financieros promovidos desde el Eurogrupo como SURE para apoyar a los desempleados, la línea COVID-19 del MEDE para apoyar a los Estados y el Fondo de Garantías del BEI para apoyar a las empresas.

En el sector primario, el compromiso es defender "una PAC más justa en Europa", que permita "proteger la viabilidad de pequeñas y medianas explotaciones" y promover en la Unión Europea la reforma de esta política común.

Una Unión Sanitaria de carácter europeo

En materia sociosanitaria, apuesta por una Unión Sanitaria europea para afrontar posibles rebrotes, con un sistema de pruebas de estrés en los sistemas públicos de salud, medidas para coordinar datos y recursos en el ámbito de la UE, dotar de medios al Mecanismo Europeo de Protección Civil, potenciar la inversión en investigación a escala europea y mejorar la coordinación, diversificar las cadenas de producción y distribución o promover en el corto plazo la relocalización de sectores esenciales en la respuesta a la epidemia.

El acuerdo también contempla la apuesta un Fondo de Recuperación para financiar Planes de Inversiones y Reformas en los diferentes Estados miembros, en línea con lo aprobado por el Gobierno y que serán puestas en valor en el Plan de Inversiones y Reformas que se envíe a Bruselas, así como identificar los sectores más golpeados por la crisis y proponer líneas de apoyo para ellos en el marco del fondo de recuperación europeo.

También recoge, entre otras, la necesidad de coordinar con los socios europeos las medidas necesarias que permitan restaurar la libre circulación con garantías de seguridad en fronteras internas y externas Schengen, elaborar protocolos comunes de actuación para sectores como la hostelería, la restauración y otros relacionados con el ocio y el turismo o una defensa del equilibrio en los mercados, la sana y justa competencia y las normas de cohesión regional como elementos centrales del funcionamiento del mercado interior.

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