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La Audiencia de Barcelona ordena el ingreso en prisión a Millet, Montull y el extesorero de CDC por el caso Palau

  • El tribunal da de plazo hasta el próximo 25 de junio a los tres condenados para ingresar voluntariamente en la cárcel

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Imagen de archivo en la que aparecen los exresponsables del Palau de la Música Fèlix Millet (i) y Jordi Montull.
Imagen de archivo en la que aparecen los exresponsables del Palau de la Música Fèlix Millet (i) y Jordi Montull.

La Audiencia de Barcelona ha ordenado este martes el ingreso en prisión de los exresponsables del Palau de la Música Fèlix Millet y Jordi Montull y del extesorero de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) Daniel Osàcar, para cumplir las penas de cárcel impuestas por el desvío de fondos de la entidad musical.

En un auto, la sección décima de la Audiencia de Barcelona da de plazo hasta el próximo 25 de junio a los tres principales condenados para ingresar voluntariamente en la cárcel y descarta que su avanzada edad y sus achaques de salud sean un impedimento para que cumplan su condena en prisión.

El tribunal ha ordenado que se proceda al embargo de 15 sedes de CDC para pagar los 6,6 millones de euros en comisiones ilegales que la sentencia le obliga a devolver, y encarga a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos que gestione esa operación y, en caso necesario, localice otros bienes hasta completar el decomiso impuesto en sentencia.

Las defensas de Montull y Osàcar, de 77 y 84 años de edad, respectivamente -Millet tiene 84-, pidieron a la sala que suspendiera su ingreso en prisión por su avanzada edad, sus achaques de salud y el riesgo de contagio por coronavirus si ingresaban en un centro penitenciario.

La Audiencia, no obstante, no considera que dichas circunstancias justifiquen que puedan eludir el ingreso en prisión, dado que ninguno de ellos acredita tener "una enfermedad muy grave con padecimientos incurables" que no pueda recibir seguimiento médico en la cárcel, y recalca que los centros penitenciarios ya han implementado medidas para prevenir el contagio y la propagación de la COVID-19.

Por ese motivo, ordena ejecutar las penas impuestas a los condenados -9 años y 8 meses de prisión y multa de 4,1 millones de euros para Félix Millet, expresidente de la institución, 7 años y 6 meses con multa de 2,9 millones para quien fuera su mano derecha, Jordi Montull, y tres y medio para Osàcar-, aunque serán las cárceles las que decidirán su clasificación, atendiendo a sus circunstancias personales.

El auto de ejecución de la sentencia, que puede ser recurrido en un plazo de tres días, pone fin a un proceso judicial que se inició en 2009, cuando los Mossos d'Esquadra irrumpieron en el edificio del Palau de la Música para registrarlo a raíz de una querella de la Fiscalía.

Una semana para aclarar la forma de pago

La Fiscalía Anticorrupción pedía también el ingreso en prisión de Gemma Montull, exdirectora financiera del Palau, condenada a cuatro años de cárcel y que en el juicio se benefició de una rebaja de penas gracias a un pacto que su padre alcanzó con el ministerio público a cambio de delatar a CDC. La sala, no obstante, descarta de momento enviarla a prisión y le ha concedido un plazo de siete días para que se pronuncie sobre el cumplimiento de la sentencia y aclare la forma en que pagará los más de dos millones y medio de euros de responsabilidad a que fue condenada. El mismo plazo del que dispondrán los otros ocho condenados a penas de hasta dos años de cárcel, entre ellos el asesor fiscal Edmundo Quintana, a quien la sala requiere por escrito una propuesta de pago de los 549.749 euros que fue condenado a devolver a Hacienda, de forma solidaria junto a Fèlix Millet.

Respecto al empresario Juan Manuel Parra, que en el juicio confesó que había facilitado el pago de comisiones ilícitas a CDC mediante facturas mendaces, la sala da por cumplida la pena de ocho meses de cárcel a que fue condenado y que se le sustituyó por una multa.

El auto ordena informar a los colegios profesionales respectivos de las penas de inhabilitación especial impuestas a los abogados Raimon Bergós y Santiago Llopart, y se requiere a todos los condenados a abonar las multas que se les fijaron en sentencia.

El calendario fijado por el tribunal empezará a contar una vez quede sin efecto la suspensión de plazos procesales acordada el 14 de marzo pasado a raíz de la pandemia de coronavirus y sus sucesivas prórrogas.