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Los letrados del Parlament dejan en manos de Torrent la decisión sobre el acta de Torra, que denuncia presiones

  • Los servicios jurídicos de la Cámara avalaron que Torra siga como diputado y presidente mientras no haya sentencia firme
  • Torra denuncia "presiones insostenibles" sobre el presidente del Parlament y advierte de posibles acciones penales

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El presidente del Parlament, Roger Torrent, en una rueda de prensa
El presidente del Parlament, Roger Torrent, en una rueda de prensa. EFE

La oposición y los letrados del Parlament han trasladado al presidente de la cámara, Roger Torrent, toda la presión de decidir si retira el acta de diputado autonómico al presidente de la Generalitat, Quim Torra, o si se arriesga a incurrir en un delito de desobediencia y le permite votar el lunes. Ante esta situación, el jefe del Govern Torra critica las "presiones" que están llegando "a límites insostenibles" y advierte de acciones "penales" por coacción de la Junta Electoral Central (JEC) si le obligan a dejar su acta.

Este jueves, el Tribunal Supremo rechazó suspender de forma cautelar la orden de la JEC de retirar a Torra el acta de diputado, y mandó ejecutar la inhabilitación, que es consecuencia de la condena -no firme- por desobediencia que pesa sobre él por no haber retirado a tiempo la simbología partidista de edificios públicos en la campaña de las elecciones generales del 28A.

Ante esta resolución del Supremo, Ciudadanos y PSC pidieron a Torrent que consultara a los letrados de la cámara si Torra es o no diputado antes de que el presidente catalán ocupe su escaño en el próximo pleno, previsto para el lunes 28 de enero pero aún no convocado de forma oficial.

Por su parte, fuentes de los 'comunes', PPC y la CUP consultadas por Efe consideran que no hace falta un nuevo informe porque los letrados ya hicieron uno al respecto hace unas semanas, pero tampoco ven inconveniente en que se redacte uno de nuevo si hay grupos que así lo desean.

No se prevé un nuevo informe de los letrados

Con esta opinión coinciden fuentes jurídicas del Parlament, que descartan que los letrados redacten un nuevo informe de oficio si no lo piden el presidente de la cámara o la Mesa. En este contexto, Torrent no tiene previsto solicitar un informe si no se lo requiere la Mesa.

Estas mismas fuentes defienden que el veredicto del Supremo sobre las cautelares "no cambia el fondo de la cuestión", por lo que persiste la vigencia del informe que se les pidió hace unas semanas, en el que consideraban que la JEC no era competente para ordenar la inhabilitación de un diputado sobre el cual no pese una sentencia firme.

Así las cosas, recuerdan que sus informes no son vinculantes y aseguran que retirar o no el acta a Torra es una "decisión política".
Una decisión que, en cualquier caso, deberá llegar a corto plazo, pues al pleno previsto para el lunes se le suma una nueva orden de la Junta Electoral, en este caso dirigida al Parlament, para que se nombre al diputado que deberá sustituir a Torra en el plazo de 48 horas.

Torrent guarda silencio, Torra denuncia "presiones"

Aunque Torrent y ERC guardan silencio, Josep Costa, vicepresidente del Parlament y miembro de sus socios de Govern, JxCat, ha dicho en TV3 que no hay "ninguna circunstancia nueva" que deba conducir a un cambio de criterio respecto al último informe de los letrados. Además, ha subrayado que "nadie puede dar órdenes de obligado cumplimiento" al Parlament en lo que se refiere a la composición de la Cámara. Ambos partidos mantienen contactos desde este jueves para buscar una posición conjunta sobre este tema.

Y en un comunicado desde su oficina, Quim Torra ha advertido de que emprenderá posibles "acciones legales, también de carácter penal", si la Junta Electoral le obliga a dejar el acta, porque considera que este órgano no es competente y podría estar incurriendo en un delito de coacciones, al tiempo que critica que las "presiones a las que se pretende someter al presidente del Parlament y a otros miembros de la Cámara que defienden la soberanía del Parlament está llegando a límites insostenibles e incompatibles con el ordenamiento jurídico en general y específicamente con el Código Penal".

Desde la oposición, Ciudadanos y PPC mantienen desde el primer momento que desde que la Junta Electoral emitió su orden Torra no es diputado, y advierten a Torrent de consecuencias penales si le deja votar.

Más difuso es el posicionamiento de PSC y 'comunes': los socialistas quieren que sean los letrados quienes digan si el escrito del Supremo dando por buena la orden de la JEC hace que esta se tenga que cumplir, mientras que los 'comunes' apelan a la prudencia y precisan que sería bueno contar con el informe que piden los de Miquel Iceta antes de opinar.

Fuentes de la CUP creen que no ha cambiado nada y que la orden de la JEC no es vinculante y, por tanto, no se tiene que cumplir.

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