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El juez ordena a la ANC retirar la campaña que pedía comprar en empresas independentistas

  • Un juzgado de Barcelona obliga a cerrar la web de 'consumo estratégico' en favor de empresas soberanistas

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La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie
La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie.

El juzgado mercantil número 11 de Barcelona ha ordenado a la ANC que cese cautelarmente su campaña de 'consumo estratégico' para fomentar la compra de productos en empresas afines con el independentismo y les ha cerrado su web 'Consum estratègic', según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

La magistrada ha admitido así la petición de la patronal Foment del Treball, que interpuso una denuncia por competencia desleal contra este servicio de buscador de empresas independentistas y había solicitado también medidas cautelares ante los juzgados de lo Mercantil a finales del pasado mes de julio.

Foment del Treball, presidida por Josep Sánchez Llibre, había fundamentado su petición de retirar esta campaña en la "irreparabilidad del daño" a las empresas no proclives al separatismo, porque se podía producir una "expulsión del mercado de determinados competidores".

La resolución judicial estima parcialmente estas medidas cautelares solicitadas y establece así el cierre de este sitio web y ordena a la ANC que cese en "la realización de cualquier actuación, por cualquier medio, con trascendencia pública que suponga la difusión de la campaña 'Consum estratègic' objeto de este procedimiento y que se abstenga de realizarlas en el futuro".

Una campaña para "castigar" a empresas

En su escrito, la juez asegura que la campaña de la entidad independentista tiene como principal finalidad "castigar" a las empresas que han participado en la que la ANC ha denominado "la campaña del miedo", lo que cree es "una circunstancia política ajena a los criterios que han de prevalecer en el mercado, que son relativos a la eficiencia de las prestaciones".

Además, señala que ha quedado acreditada "la comisión por parte de la ANC de una serie de conductas que de manera indiciaria podrían constituir actos de competencia desleal", como llamar a no contratar con las empresas que habrían participado en esa campaña, crear un registro con "proveedores estratégicos", haciendo llamamientos públicos a contratar con determinadas empresas y no con otras

Igualmente, la campaña planteaba crear un registro de consumidores estratégicos y un directorio de empresas "que cumplan con los requisitos preestablecidos" para los objetivos que la ANC pretendía con esta campaña, y que recogía en un dossier: "hacer República en el ámbito económico, mediante el empoderamiento de la gente en la toma de decisiones de consumo cotidiano".

Foment denunció que la campaña de la ANC contempla "actos de competencia desleal" y sostuvo que "se trata de un boicot doble, dado que el requerimiento se dirige tanto a los consumidores como a las empresas y que el mismo no se encuentra justificado por la libertad de opinión".