El juez cita como testigo al exministro Luis de Guindos por el Banco Popular

• También están citados el presidente de la CNMV, Sebastián Albella, Elvira Rodríguez y Luis María Linde
• Las vistas tendrán lugar los próximos meses de marzo y abril

El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, este jueves en un acto en el Museo Thyssen Bornemisza.

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso del Banco Popular, José Luis Calama, ha citado a declarar como testigos para marzo y abril del próximo año al exministro de Economía Luis de Guindos, al presidente de la CNMV Sebastián Albella, a su antecesora en el cargo, Elvira Rodríguez, y al que fuera gobernador del Banco de España Luis María Linde.

En una providencia, el titular del Juzgado Central de Instrucción 4 cita a Elvira Rodríguez para el 4 de marzo, a Linde una semana después, el 11 de marzo, a Albella el 18 de ese mes y a Guindos para el 2 de abril, todos ellos a las 9 de la mañana.

Elvira Rodríguez inaugurará esta nueva ronda de declaraciones, en la que se espera conocer la versión de los organismos regulador y supervisor sobre cuál era la situación del Popular en los años anteriores a su resolución.

Albella fue asesor del banco y de Guindos afrontó su resolución

La comparecencia de Albella, fijada para el próximo 18 de marzo, será una de las más esperadas, puesto que aunque por aquellas fechas apenas acababa de tomar su cargo en la CNMV ya había ejercido antes de asesor legal del banco a través del despacho Linklaters, del que era socio.

Por su parte, el 2 de abril hará lo propio De Guindos, que como antiguo ministro de Economía tuvo que hacer frente a la resolución de la entidad el 7 de junio de 2017, ejecutada a instancias de la Junta Única de Resolución (JUR) europea.

Dicha operación, que supuso la reducción a cero de las acciones y de la deuda subordinada del banco, inició la batalla legal de los miles de accionistas del Popular, que actualmente pleitean tanto ante la justicia española como comunitaria para ser resarcidos.

La causa que instruye la Audiencia Nacional comenzó en octubre de ese mismo año, cuando el entonces titular del juzgado Fernando Andreu admitió a trámite varias querellas contra los dos últimos gestores del banco, incluidos los expresidente Ángel Ron y Emilio Saracho, así como sus consejos de administración, el socio auditor y la firma PwC, por varios delitos societarios.

El magistrado abrió entonces dos piezas separadas, la primera que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital por importe de 2.500 millones que acometió la entidad en 2016, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.