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El juez mantiene al PP en el banquillo de los acusados por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas

  • Bárcenas tendrá que comparecer en el juicio como testigo presencialmente el próximo jueves, 20 de junio
  • El PP es el primer partido que se enfrenta a una acusación penal, pues en Gürtel sólo fue considerado partícipe a título lucrativo

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El juez mantiene al PP en el banquillo de los acusados por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas

El titular del Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid, Eduardo Muñoz Baena, ha decidido este viernes mantener al PP como acusado por un delito de daños informáticos, en el juicio por la destrucción de los ordenadores del extesorero Luis Bárcenas, que ha arrancado este viernes, en el que también están acusados, por el mismo delito y por otro de encubrimiento, la extesorera del PP, Carmen Navarro, el abogado Alberto Durán y el informático José Manuel Moreno.

La Fiscalía y el abogado del PP, Jesús Santos, han insistido en la primera sesión del juicio, con la exposición de las cuestiones previas, en pedir la aplicación de la conocida como Doctrina Botín, para evitar que el partido político sea juzgado por la supuesta destrucción de dos discos duros, donde, según Bárcenas, había documentación sobre la contabilidad en B de los populares.

El ministerio fiscal ha solicitado el sobreseimiento y archivo de la causa por entender que no hay indicios de criminalidad suficientes para sustentar la acusación y que la versión del extesorero del PP es “inverosímil y contradictoria”. Además, en línea con la defensa de la formación popular, ha instado a aplicar la Doctrina Botín, según la cual el juez debe acordar el sobreseimiento de la causa cuando no exista acusación por parte del ministerio público ni haya tampoco acusación particular. En este caso, el propio Bárcenas la retiró en 2016.

Tras escuchar a todas las partes, el magistrado ha aclarado que ante la "posibilidad de que la Audiencia Provincial tuviera una opinión distinta" sobre la aplicación de dicha doctrina, prefiere mantener en el banquillo de los acusados para que se celebre toda la práctica de la prueba con su representante legal presente. Asimismo, ha añadido que esta decisión no perjudica a que la cuestión vuelva a ser examinada a la hora de dictar sentencia.

La vista oral se ha celebrado más de un año después de que la juez instructora de Madrid, Rosa María Freire, enviara el caso a juicio al considerar que existen claros indicios de que los documentos almacenados fueron eliminados "a conciencia mediante el sistema de borrado más drástico, el de sobreescritura de 35 pasadas y rallado hasta su destrucción física".

Bárcenas deberá comparecer como testigo presencialmente

El juez ha rechazado la petición de Izquierda Unida, acusación popular que también ejercen Observatori Desc y Adade, de retransmitir en directo el final del juicio, en el que las partes exponen sus conclusiones y se puede oír a los acusados en el caso de que decidan ejercer su derecho a la última palabra.

Muñoz Baena había accedido ya el pasado lunes, como habían instado el PP y la Fiscalía, a prohibir la retransmisión en directo del juicio por el circuito interno de televisión, aunque ha accedido a que los periodistas puedan permanecer en la sala de vistas sin entrar ni salir de la sala durante la celebración del juicio.

Este caso no es comparable con el juicio del procés, asegura el juez, que fundamenta su decisión en que las tres personas físicas acusadas no son personajes conocidos y la retransmisión del juicio puede suponer "una merma irremediable" en su imagen.

El juicio por el borrado de los ordenadores del extesorero del PP Luis Bárcenas arranca en el Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid

El juicio por el borrado de los ordenadores del extesorero del PP, Luis Bárcenas, arranca en el Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid. EFE/ Emilio Naranjo

En esta fase de cuestiones previas, el juez también ha determinado la comparecencia presencial de Luis Bárcenas como testigo el próximo jueves 20 en el juicio. Si bien tenía previsto permitir que el tesorero, tal y como pedía, declarase por videoconferencia desde la prisión donde cumple condena por el caso Gürtel, finalmente ha acordado, tras escuchar a las partes, que lo haga de forma presencial, acompañado de abogado aunque no acuda en calidad de acusado.

El juicio está previsto que se celebre en cinco sesiones repartidas entre los jueves y viernes de este mes de junio. La primera sesión está reservada para las cuestiones previas, trámite en el que las partes manifiestan sus alegaciones para aportar o rechazar pruebas o exponer sus motivos por los que la causa debe ser anulada.

El PP es el primer partido que se enfrenta a una acusación penal, pues en la trama Gürtel tan sólo fue considerado partícipe a título lucrativo por beneficiarse ilícitamente de las actividades de los exalcaldes Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda, por lo que fue obligado a pagar una multa de 245.000 euros.

IU pide una multa de casi 11 millones para el PP

Izquierda Unida es la acusación popular que interesa las condenas más severas para los acusados. Solicita que el PP sea penado con una multa de 10,9 millones de euros por dos delitos de daños informáticos y que a Navarro, Durán y Moreno se les imponga cuatro años y medio de prisión por estos dos delitos de daños en concurso con el de encubrimiento.

Por su parte, el Observatori Desc solicita para la extesorera del PP la pena de dos años de cárcel por un delito de daños informáticos y encubrimiento; mientras que para el abogado y el informático ve necesaria la imposición de una condena de un año y once meses y un año y diez meses, respectivamente, por las mismas conductas penales. En cuanto a la formación política pide la suspensión de sus actividades por un plazo de seis meses y prohibición de recibir donaciones durante cinco años.

Asimismo, estas dos acusaciones consideran necesario que los cuatro acusados indemnicen a Bárcenas como perjudicado con la cantidad que reclame.

Por último, Adade pide que la formación política sea multada con 109.500 euros por el delito de daño informático y que la extesorera y el abogado sean condenados con dos años de prisión por ese delito y el de encubrimiento; mientras que para el informático estima solo un año de cárcel.