"Nosotras, las vulneradas": la dura ley contra el aborto de El Salvador

• La pena por un aborto voluntario es de 2 a 8 años de cárcel pero muchas acaban condenadas a 30 años o más
• En hospitales públicos pueden ser denunciadas por cualquiera, bien el conductor de la ambulancia o personal del mismo centro

Un aborto involuntario en El Salvador conlleva penas de hasta 50 años de cárcel

El Salvador es uno de los 19 países del mundo que prohíbe y castiga el aborto, sin admitir supuesto alguno, y aplica además la ley con dureza, lo que, en no pocas ocasiones, desemboca en condenas largas, cuestionables e injustas.

La pena por un aborto voluntario es de 2 a 8 años de cárcel, pero la gran paradoja es que muchas mujeres salvadoreñas acaban en la cárcel, condenadas a 30 años o más, acusadas de homicidio tras haber sufrido una emergencia obstétrica, un mal parto o un aborto natural extra hospitalario.

Más allá del debate sobre el aborto, podría decirse que estas largas condenas, además de injustas, son clasistas. Estas mujeres con largas penas, suelen ser jóvenes, trabajadoras, de escasos recursos y que viven en zonas rurales.

Vendedoras en un puesto en la calle de El Salvador EN PORTADA

Además, son asistidas en hospitales públicos, donde pueden ser denunciadas por cualquiera, bien el conductor de la ambulancia, la policía o personal del mismo centro sanitario. Si hubiesen sido tratadas en un hospital privado nunca hubiesen ido a la cárcel.

Cárcel de Ilopango, en El Salvador, a primera hora de la mañana. EN PORTADA

Denuncias en los hospitales

Por ejemplo, la ginecobstetra Victoria Ramírez nos indica que los facultativos pueden intervenir si la vida de la paciente está en riesgo, por ejemplo en un caso de embarazo extrauterino. En un hospital privado no hay problema alguno. En un hospital público, puede haberlo, entre otros motivos porque el médico que la trate y decida intervenir puede ser denunciado, acabar detenido y procesado y en el juicio ha de demostrar que la intervención se hizo en un estado de necesidad.

Son los casos, por ejemplo, de Jacqueline Castillo, condenada a 15 años por homicidio por un juez, que al finalizar la audiencia, le dijo que la condenaba no por las pruebas, sino por los testimonios de los testigos. O el de Evelyn Hernández, condenada a 30 años por homicidio agravado, a quien hace poco la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia anuló su sentencia condenatoria y ahora está a la espera la decisión de Sala de lo Penal. Se tiene la esperanza de que finalmente pueda salir de cárcel, ya que no se puede probar que hubo ánimo de matar.

Algunas mujeres encarceladas por casos similares han conseguido la libertad gracias a la labor de grupos salvadoreños, como la Agrupación Ciudadana, que trabaja en la revisión de 23 casos, y la presión internacional.

Así, salieron de la cárcel el año pasado Teodora Vásquez, Maira Figueroa, Elsi Rosales e Imelda Cortez. Sus casos abren la esperanza de la justicia de que El Salvador comience a ser más justo con sus mujeres.

Teodora Vásquez y Elsi Rosales en la sede de la Agrupación Ciudadana de El Salvador. EN PORTADA

La Cachada Teatro, mujeres luchadoras, entusiastas, irreductibles. EN PORTADA