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Correa negocia un acuerdo con Anticorrupción en el que reconocería la financiación ilegal del PP de Valencia

  • Admitiría que el Partido Popular valenciano pagó en negro y a través de empresas
  • El juicio por la parte valenciana de la trama Gürtel empieza el próximo lunes

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Monitor de la sala de prensa de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares durante la declaración de Francisco Correa
El cabecilla de la trama Gürtel admitiría los hechos a cambio de una reducción de su condena. EFE/Fernando Villar

El cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, negocia con la Fiscalía Anticorrupción un acuerdo que atenúe su condena a cambio de reconocer la supuesta financiación ilegal del PP de Valencia a través de la trama. Este posible acuerdo se ha conocido poco antes de que empiece, el próximo lunes, en la Audiencia Nacional el juicio sobre esos hechos, en el que Correa está acusado junto a otras 19 personas.

Si no se alcanza el acuerdo, Correa se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 24 años y medio de cárcel por -según Anticorrupción- controlar un grupo de empresas que "aprovechó" el acceso a "determinadas personas" que desarrollaban su actividad política en la Comunidad Valenciana para obtener la adjudicación de contratos públicos.

En un escrito que ha enviado al Juzgado Central de lo Penal, encargado de juzgar estos hechos, Correa reconoce "hechos, pero no delitos", tal y como ya hizo en su anterior juicio, que concluyó el paso 17 de noviembre. Así, admite que el PP de Valencia pagó en negro trabajos en campañas electorales contratados a Orange Market, la empresa valenciana de Gürtel del también acusado Álvaro Pérez, "El Bigotes".

No obstante, este escrito no cuenta con los requisitos formales necesarios para ser admitido, por lo que se le ha instado a que lo subsane. De ser así, la Fiscalía Anticorrupción estaría dispuesta a estudiar su contenido -que previsiblemente se debatirá en la jornada dedicada a las cuestiones previas del juicio por la financiación ilegal de los 'populares' valencianos- y analizar si procede la atenuación de la pena.

Antes de que concluyese el juicio por los primeros años de la trama Gürtel, el Ministerio Público mantuvo su solicitud de pena de 125 años de cárcel. No obstante, recalcó que el líder de la red corrupta había hecho revelaciones relevantes para la causa --relativas a la presunta existencia de una caja b del PP-- e instó a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal a que tuviese esto en cuenta a la hora de imponer la condena.

El PP habría pagado en negro y a través de empresas

Según la confesión de Correa remitida ahora al juez, el dinero 'b' de Valencia se trasladaba después a Madrid para guardarlo en una caja b que él controlaba y de la que pagó a "El Bigotes" un sueldo, ya que no podía meterlo en nómina por sus problemas con Hacienda, tal y como ya relató en el juicio por la primera época de Gürtel (1999-2005).

Correa expresa su deseo de colaborar con el Juzgado y la Fiscalía y asegura que los hechos que le atribuye la Fiscalía en su escrito de acusación son "ciertos".

Además, reconoce que la trama creó la sociedad Orange Market cuando dejaron de trabajar para el PP en Génova. Según prosigue el escrito, a través de un contacto de "El Bigotes", llegaron hasta el expresidente valenciano Francisco Camps y comenzaron a trabajar para el PP en Valencia.

Según su versión, el PP pagaba a Orange Market sus servicios en campañas electorales de tres formas: mediante facturas correctas, a través de pagos en negro o con la creación de facturas ficticias que se giraban a distintos empresarios por trabajos no realizados realmente a sus empresas.

Aunque Correa admite que estaba al corriente de esa forma de pago, asegura que desconoce los detalles de "tales operaciones", y explica que "El Bigotes" era quien se dedicaba a la captación de los eventos y su desarrollo, mientras que el segundo en la trama, Pablo Crespo, y otro integrante de su grupo, Cándido Herrero, supervisaban desde Madrid los costes de los eventos.

Una veintena de acusados, entre ellos varios exdirigentes del PP

En este nuevo juicio se sientan 20 acusados en el banquillo, entre los que están exdirigentes del PP como Ricardo Costa o Vicente Rambla, que están acusados por delitos electorales, falsedad en documento mercantil y contra la Hacienda Pública por financiar presuntamente de forma ilegal a la formación política en la campañas electorales de los comicios municipales y autonómicos de 2007 y en las elecciones generales de 2008.

Según el escrito de acusación de Anticorrupción, a finales de 2006 el PP de Valencia contrató a Orange Market, cuyo responsable era Álvaro Pérez "El Bigotes" -también en prisión por los mismos hechos que Correa-, para preparar esos actos electorales.

El fiscal subraya que los acusados "no tuvieron en cuenta la cuantía máxima admitida de gasto electoral prevista legalmente" y que, con el propósito de obtener mayor despliegue en el proceso electoral en esas tres elecciones, los servicios se abonaron de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros.

Correa se encuentra ya en prisión cumpliendo la condena de 13 años impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia por amañar los contratos del expositor institucional de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

Además está a la espera de conocer los años de cárcel con los que la Audiencia Nacional le castigará por las actividades realizadas por la trama corrupta que encabezaba entre 1999 y 2005.

El juez ya aceptó desbloquear cuentas para reparar el daño causado

En cuanto al juicio sobre el PP de Valencia, el juez central de lo Penal, José María Vázquez Honrubia, al que corresponde juzgar esos hechos, aceptó en diciembre en un auto la petición de Correa de desbloquear dos cuentas en Suiza a nombre de Golden Chain Properties en la entidad Crédit Suisse "para proceder a la reparación del daño causado".

Al decretar ese desbloqueo -acordado al estallar el caso en 2009-, el magistrado concretó que sólo debían extraerse de esas cuentas los 2 millones de euros que la Fiscalía estima que se defraudó a través de la trama Gürtel y sus vínculos con la excúpula del PP valenciano al financiar de forma irregular las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008.

"La petición es plenamente atendible dada la expresa petición del titular de las cuentas", expone el juez en el auto de diciembre, que explica que la repatriación de los fondos "no sólo posibilita la pronta recuperación de la suma defraudada al perjudicado, (...) sino que puede fundamentar la atenuante de reparación antes mencionada con la consiguiente disminución de la pena a imponer al acusado".

Esa rebaja en la pena es posible -añade el auto- "al facilitar la acción de la justicia, y la agilización de la causa", y por "existir un alto grado de probabilidad, además, de que el encausado Francisco Correa extienda su colaboración" para "el total esclarecimiento de los hechos y la determinación de los responsables criminalmente de los mismos".

El pasado febrero, los nueve empresarios acusados en este juicio de financiar al PP llegaron a un acuerdo con la Fiscalía y admitieron esa financiación irregular al partido a cambio de ser condenados a penas leves.

Uno de ellos, el empresario Enrique Ortiz, también procesado en el caso Brugal, en un escrito presentado ante el juez instructor de Gürtel, José de la Mata, admitió los hechos y pidió la aplicación de la atenuante de "confesión tardía" y que se le condene a 15 meses de cárcel frente a los 4 años que la Fiscalía pedía provisionalmente para él.

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