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El Constitucional multa con hasta 12.000 euros diarios al 'número dos' de Junqueras y a los síndicos del 1-O

  • La decisión ha sido adoptada por unanimidad aunque con votos diferenciados
  • Para los síndicos territoriales establece 6.000 euros de multa
  • El número dos de Junqueras pasará a disposición judicial este viernes

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Vista de la sede del Tribunal Constitucional, en Madrid
Vista de la sede del Tribunal Constitucional, en Madrid.

El Tribunal Constitucional ha acordado por unanimidad imponer multas de 12.000 euros diarios para el número 2 de Economía de la Generalitat, Josep Maria Jové, que fue detenido este miércoles, así como para los miembros de la Sindicatura Electoral Central creada por el Parlament de Cataluña a modo de Junta Electoral para el referéndum independentista del 1-O.

Las multas son de dos diferentes cuantías y, así, se imponen 12.000 euros diarios a los cinco miembros de la Sindicatura Electoral central, además de a Jové; y se castiga con 6.000 euros a los quince síndicos territoriales y también a Montserrat Vidal i Roca, Jefa de Área de Procesos Electorales de la Generalitat.

De este modo, se aplica por primera vez la reforma legislativa que permite al Tribunal Constitucional imponer sanciones a altos cargos independentistas.

Las multas son una atribución con la que el tribunal ya contaba antes de la última reforma de su Ley Orgánica, dirigida a mejorar los instrumentos para que el TC haga cumplir sus resoluciones, si bien dicha reforma supuso elevar la cuantía de las mismas.

Los síndicos nombrados por el Parlament y que pretendían actuar como junta electoral central son Mar Marsal, Marta Alsina, Josep Pagés, Jordi Matas y Tania Verge. Ellos nombraron a los quince territoriales.

Las multas se mantendrán si los afectados no acaten las sentencias

Las sanciones son, en todos los casos, provisionales, en el sentido de que buscan imponer el cumplimiento de la sentencias del TC y se mantendrán diariamente en tanto los afectados no las acaten.

La decisión del pleno del alto tribunal ha sido adoptada por unanimidad tras un largo debate que ha terminado por sumar a la decisión mayoritaria, aunque con votos diferenciados concurrentes, a tres magistrados progresistas.

Así, por primera vez, el alto tribunal aplica la reforma de la ley orgánica que regula su funcionamiento y que le dota de la posibilidad de imponer sanciones para obligar a que se cumplan sus fallos.

Los magistrados se habían mostrado hasta ahora remisos a asumir un papel sancionador previsto en esa reforma legislativa, que fue muy cuestionada, en especial los magistrados progresistas Juan Antonio Xiol y Fernando Valdés-Re, quienes votaron en contra de la reforma cuando fue sometida al criterio del TC.

El TC impone las multas dada la "urgencia" de que cumplan las resoluciones

El Gobierno de Mariano Rajoy impugnó las resoluciones del Parlament vinculadas al referéndum ante el Constitucional, que admitió a trámite esos recursos y automáticamente suspendió los nombramientos y las leyes de convocatoria y transitoriedad.

Sin embargo, a juicio del Ejecutivo los responsables directos de la organización del referéndum han seguido actuando como tales en apoyo de la convocatoria. Y para que cesen en su actividad el abogado del Estado pedía sanciones al TC.

En respuesta a esa petición, y por primera vez en su historia, el TC ha decidido imponer una multa a los responsables del referéndum con la intención de que acaten sus fallos. Antes de hacerlo, el Constitucional ha rechazado la recusación que los síndicos presentaron ante él.

El TC coincide con el criterio del Gobierno y señala como ejemplos de ello la aprobación de los modelos de las papeletas y la documentación electoral; la confección y distribución de las mismas a través de la página web; la campaña institucional sobre el referéndum; y el "Manual de Instrucciones para los representantes de la Administración y para los miembros de las Mesas Electorales".

Además, destaca la puesta a disposición de la Sindicatura Electoral de Cataluña y de las sindicaturas territoriales los medios materiales y personales necesarios para el ejercicio de sus funciones.

Jové pasará a disposición judicial este viernes

Jové y Vidal aglutinan, explica el TC, "la totalidad de las funciones que competen" a la administración electoral, hasta el extremo de que "sin su concurrencia las resoluciones de este Tribunal no se hubieran podido incumplir".

En atención, por lo tanto, a la gravedad del incumplimiento; a la importancia y número de las resoluciones infringidas; a las consecuencias que para el interés general pueden derivarse del incumplimiento; y a la urgencia de que se cumplan las resoluciones, dada la fecha prevista para la celebración del referéndum, el Pleno decide imponer las multas citadas.

El secretario general de Vicepresidencia de la Generalitat, Josep Maria Jové, uno de los 14 detenidos por la Guardia Civil por su vinculación con los preparativos del referéndum del 1-O, pasará este viernes a disposición judicial, según ha explicado su abogado, Andreu Van den Eynde.