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Presupuestos Generales del Estado

El gasto social se lleva 55,8 euros de cada 100 en unas cuentas en las que la inversión en infraestructuras cae el 20%

  • El mayor gasto, 139.647 millones de euros, irá destinado a pagar las pensiones
  • El pago de los intereses de la deuda consumirá otros 32.171 millones
  • El proyecto de ley prevé una inversión en infraestructuras de 7.450 millones
  • Se destina una partida de 235 millones para aumentar el permiso de paternidad

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El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presenta los presupuestos generales en el Congreso
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presenta los presupuestos generales en el Congreso

El proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2017, presentado este martes en el Congreso de los Diputados por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, prevé que 55,8 euros de cada 100 se destinen a gasto social. La mayoría de ellos (40,7 euros de cada 100) irán directamente a pagar las pensiones, la política de gasto que más dinero se lleva de los presupuestos: 139.647 millones de euros, 4.189 millones más (3,1%) que en las cuentas de 2016.

El pago de los intereses de la deuda, por su parte, se llevará 32.171 millones (9,4 de cada cien euros) en un presupuesto en el que la inversión en infraestructuras desciende más del 20% por la bajada de la partida destinada a las obras ferroviarias.

El objetivo del Gobierno es acabar el año con un déficit público del 3,1% para cumplir con Bruselas. El presupuesto consolidado de gastos no financieros asciende a 318.444 millones de euros, un 1,3% más que en 2016, mientras que los ingresos suman 280.211,77 millones, un 2,6% menos.

El pasado viernes, el ministro avanzó que el Estado prevé recaudar 200.963 millones de euros a través de impuestos, un 7,9% más que en 2016. Las únicas novedades fiscales son la rebaja del 21 al 10% del IVA cultural de espectáculos en vivo y de las gafas graduadas. Estas son las principales cifras de unos presupuestos que Montoro ha definido como de "enlace" con las cuentas de 2018:

Las pensiones, la mayor partida del gasto social

El proyecto de ley prevé un gasto de 191.356 millones de euros (55,8%) en políticas sociales, lo que supone un 1,7% más que lo presupuestado en 2016. La mayor partida -139.647 millones- se destinará al pago de pensiones.

Para hacer frente a estas últimas, el Gobierno emitirá deuda pública para prestar a la Seguridad Social hasta 10.192 millones de euros, después de que la hucha de las pensiones se quedara con apenas 15.000 millones tras el abono de la extra de diciembre.

El Gobierno insiste en que si se suman las transferencias a otras administraciones públicas -48.225 millones- con las que se financian competencias autonómicas como la sanidad o la educación, por ejemplo, el gasto social ascendería al 70% del presupuesto.

Menos para prestaciones por desempleo y más para formación

Dentro del gasto social se encuentra la política de desempleo, la partida más alta de este bloque tras las pensiones. El Estado destinará 18.318 millones de euros a las prestaciones -un 6,6% menos que en 2016- por la reducción de la tasa de paro, según argumenta el Gobierno en el libro amarillo, que detalla las cuentas.

En cambio, la política de fomento del empleo crece un 5,5% y supondrá 5.499 millones de euros. De ellos, 2.154 millones se destinará a actuaciones de carácter formativo, como la puesta en práctica del "cheque formación", con el que el trabajador podrá elegir la entidad de formación acreditada que prefiera.

El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que se utiliza como referencia para la concesión de ayudas, becas, subvenciones o el subsidio de desempleo entre otros, sube en el proyecto de ley un 1%.

235 millones para ampliar el permiso de paternidad

Tras las pensiones y la política de desempleo, la partida más alta dentro del gasto social es la destinada a "otras prestaciones económicas" con 13.501 millones, un 15,5% más. La mayor parte -6.986 millones- está destinada a los subsidios por incapacidad temporal que concede la Seguridad Social.

El conjunto de prestaciones vinculadas a la cesación temporal en el trabajo por nacimiento de hijo, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia cuenta con una dotación de 2.450 millones, un 11,1% más que en 2016 para hacer frente a la ampliación del permiso de paternidad de 13 días a cuatro semanas. El crédito previsto para dar cobertura a esta última prestación es de 235 millones.

Dependencia, pobreza infantil y violencia de género

A "servicios sociales y promoción social" el proyecto de ley destina 2.408 millones de euros, un 4,9% más que en 2016. Según el libro amarillo, el importe destinado al Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) será de 1.355 millones de euros, un 8,2% más que en 2016.

El Gobierno también destaca la partida de 342 millones para protección familiar y lucha contra la pobreza infantil, en la que se incluyen 140 millones del programa de reasentamiento y reubicación de refugiados para la atención de familias con menores y los 102 millones de euros del programa FEAD, para ayuda alimentaria.

Al programa "Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género" se destinan 28 millones de euros, un 9,9% más según el Gobierno. El libro amarillo suma otros 27 millones de euros para la gestión de servicios sociales para completar esta política.

Sanidad, Educación y Cultura

La política de Sanidad asciende a 4.093 millones de euros, un 2,3% más que en 2016, mientras que el gasto destinado a Educación será de 2.525, un 1,7% más. Ambas son competencias que están transferidas a las comunidades autónomas.

El libro amarillo destaca la partida de 1.420 millones para becas y ayudas al estudio y otros 50 millones para libros de texto y material didáctico.

La partida destinada a Cultura asciende por su parte a 801 millones, un 0,7% menos que en el año anterior, aunque aumentan las ayudas al cine.

Servicios públicos básicos

El proyecto de ley prevé 16.918 millones de euros, un 1,2% más que en 2016, en servicios públicos básicos: Justicia, Defensa, Seguridad Ciudadana e Instituciones penitenciarias y Política Exterior.

El presupuesto destinado a Justicia será de 1.726 millones (+7,6%), entre los que se incluyen 150 millones para la transformación digital. En Defensa la partida es de 5.758 millones (+0,4%), excluyendo los 1.818 millones de los Programas Especiales de Modernización.

En Seguridad Ciudadana e Instituciones penitenciarias se prevé un gasto de 7.912 millones (+0,1%) y en Política Exterior, 1.522 millones (+3%).

Las políticas económicas bajan un 2,6%

Al margen del gasto social y de los servicios públicos básicos, las actuaciones de carácter económico alcanzarán los 27.655 millones de euros, un 2,6% menos que en el anterior ejercicio presupuestario.

La mayor partida es la destinada a Agricultura, Pesca y Alimentación con 7.422 millones, prácticamente la misma cantidad del anterior ejercicio (0,3%). A Investigación, Desarrollo e Innovación se dedicarán 6.029 millones, un 4,1% más.

Industria y Energía se lleva otros 5.445 millones (-0,2%) mientras que las infraestructuras -sin tener en cuenta el sector público administrativo y empresarial- se quedan en 5.392 millones, un 10,9% menos. Sin embargo, si se incluye ese sector el gasto es mayor.

La inversión en infraestructuras desciende más del 20%

El proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado 2017 prevé una inversión en infraestructuras que asciende a 7.540 millones, frente a los 9.492,50 millones que detallaba el libro amarillo de 2016, entre el Estado, los entes públicos y las sociedades mercantiles estatales, lo que supone un descenso del 20,57%.

El mayor descenso se produce en la inversión en ferrocarriles al bajar un 29,2% desde los 4.318,23 millones previstos en 2016 hasta los 3.056 incluidos en los presupuestos para 2017. La mayor inversión la realizará ADIF Alta Velocidad con 2.330 millones.

Las carreteras se llevarán por su parte 1.913 millones (un 15,30% menos); los puertos, 868 millones (-1,18%); los aeropuertos, 615 millones (+13.1%); las obras hidráulicas, 826 millones (-34%); y costas y medioambientales, 212 millones (-15,54%).

Las infraestructuras suponen la mayor parte de la inversión pública que incluyen los Presupuestos Generales del Estados consolidados -Estado, organismos autónomos y otros entes públicos y Seguridad Social- y que este año supera los 12.700 millones de euros, alrededor de un 3% menos que en 2016.

Las inversiones reales del presupuesto del Estado ascienden a 5.330 millones de euros, un 46,8% más por la incorporación en el presupuesto del Ministerio de Defensa de 1.818 millones para atender compromisos de pago correspondiente a programas especiales de armamento y que hace que el presupuesto de este departamento haya subido un 32%. La inversión real de las sociedades y entidades no financieras (Adif, Renfe, Acuamed, RTVE, etc.) suma otros 6.043 millones.

RTVE recibirá 342,87 millones del Estado, la misma cantidad que en 2016, mientras que las aportaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para Correos caen de 180 millones a 120.