Mas en el juicio por desobediencia al TC: "La iniciativa política del 9N fue mía"

• Asegura que lo hizo por cumplir el mandato del Parlament de Cataluña
• Exculpa a Ortega y Rigau y asegura que solo cumplieron sus directrices
• Asegura que nunca recibió una advertencia clara las reponsabilidades en las que podía incurrir
• Mas, Ortega y Rigau están acusados de desobediencia grave y prevaricación

Mas admite que la iniciativa de la consulta del 9N fue suya

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha asumido este lunes toda la "iniciativa política" en la organización de la consulta independentista del 9N, una votación que ha asegurado que no fue "un capricho personal" sino el cumplimiento de un "mandato explícito del Parlament", y ha negado que el Govern tuviera "ánimo de desobedecer" al TC cuando mantuvo la consulta tras su suspensión.

En una sesión que ha comenzado media hora tarde por el retraso de los acusados y que se ha extendido cerca de dos horas y cuarto, tanto Artur Mas como las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau han defendido que no recibieron ningún requerimiento informándoles de las consecuencias legales que podría ocasionar la organización del proceso participativo. Los tres acusados se ha acogido a su derecho a no contestar a las preguntas de la Fiscalía y han respondido solo a las de sus abogados.

Durante su declaración, Mas ha exculpado a Ortega, Rigau y al actual diputado Francesc Homs, ya que ha asegurado que ellos se limitaron a obedecer las "directrices" que él mismo dictó para la consulta independentista. "Siempre me he declarado responsable de haber tenido la idea del proceso participativo y de haberlo puesto en práctica, de haber dado las instrucciones para que los catalanes pudieran participar", ha declarado durante el juicio.

Cambio de formato de la consulta

Tras admitir haber sido quién ideó la consulta que se realizó el 9 de noviembre de 2014, Mas ha matizado la responsabilidad del Ejecutivo catalán en la organización del "proceso participativo".

Ha explicado que, tras constatar que había en el Parlament "una gran mayoría que estaba de acuerdo en la celebración de una consulta", el Ejecutivo se puso manos a la obra para "cumplir las resoluciones" de la Cámara autonómica "de forma democrática". "Queríamos saber si aquel plan (independentista) tenía una traducción en las urnas y conocer la opinión de los ciudadanos de Cataluña", ha afirmado.

“Mas defiende que tras la prohibición del TC se cambió el formato para que la organización no dependiera de la Administración“

Mas ha asegurado que intentó llegar a acuerdos con el Gobierno central para la celebración de un referéndum con "todas las garantías", pero que cuando se produjo la prohibición por parte del Tribunal Constitucional, se decidió "cambiar el formato" de la consulta para que su organización no dependiera de la Administración, sino de las organizaciones soberanistas que con 42.000 voluntarios se encargaron de su ejecución.

Asimismo ha subrayado que "siempre" dijo que "el proceso participativo no era vinculante", pero que el objetivo era "conocer el alcance y opinión de los ciudadanos de Cataluña". Además, Mas ha argumentado que el Gobierno catalán no tenía "ánimo de desobedecer" al Constitucional, al permitir que la consulta se desarrollara, y ha recordado que el ejecutivo autonómico nunca recibió una advertencia "clara" del TC de las responsabilidades en que podía incurrir de mantener la consulta independentista, tras la suspensión.

Ortega asume el diseño de la consulta

Por su parte, la exconsellera Joana Ortega ha reconocido que ella fue quien diseñó cómo sería "el proceso participativo", pero ha depositado toda la responsabilidad de llevarlo a cabo finalmente en los voluntarios. Ortega ha alegado que los "más de 40.000 voluntarios" fueron el "alma" de la consulta soberanista del 9N de 2014 y fueron ellos los que "hicieron posible" el proceso participativo, y no la Generalitat, que lo había dejado "en sus manos" desde días antes.

También, al igual que Mas, ha negado que recibiera mandato alguno del Constitucional que dijera que no celebraran la consulta en cuestión.

La última declaración de la sesión ha sido la de la exconsellera de Educación, Irene Rigau. En su declaración, ha negado que presionaran a directores de institutos para abrir el 9N y ha señalado que entre el 4 y el 9 de noviembre no dictó ninguna decisión administrativa.

La consellera ha reconocido que se efectuaron reuniones informativas con algunos directores del área de Barcelona, porque plantearon dudas sobre las consecuencias de abrir, aunque ha aclarado que el único problema lo tuvieron con el IES Pedraforca de L'Hospitalet de Llobregat, cuya directora declarará este martes como testigo.

La defensa alega vulneración de su derecho de defensa

Al iniciarse el juicio, en el trámite de cuestiones previas del juicio del 9N, las defensas de Mas y las exconselleras Ortega y Rigau han alegado ante el TSJC que se ha vulnerado su derecho de defensa al no haberse aceptado como prueba el informe de los fiscales reticentes a acusarle de desobediencia, un escrito que la junta de fiscales de la Fiscalía Superior de Cataluña redactó en 2014 para oponerse a la presentación de una querella por desobediencia contra el Gobierno catalán, que finalmente fue impuesta por la Fiscalía General del Estado.

La propia Fiscalía se opuso durante la instrucción de la causa a que se aceptara como prueba ese informe interno, que finalmente el TSJC acabó descartando incorporar a la causa. La defensa también ha alegado indefensión por la no aceptación de los testimonios del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

El fiscal Emilio Sánchez Ulled -que lleva el juicio junto al teniente fiscal Francisco Bañeres- ha vuelto a oponerse este lunes a la aceptación de ese informe del ministerio público como prueba, al entender que la propia sala ya lo denegó en su día y que el escrito "no aporta nada respecto al contenido de los hechos", más allá de un mero "efecto retórico". Sánchez Ulled ha recalcado que la Fiscalía se rige por los principios de "imparcialidad, legalidad, unidad y jerarquía" y que dispone de sus propios mecanismos para adoptar decisiones, sin que el informe contrario a la querella tenga interés alguno para la causa.

Además, en opinión de la Fiscalía, los argumentos que esgrimían los fiscales en su informe interno -elaborado en noviembre de 2014- ya han sido empleados por las defensas de Mas, Ortega y Rigau para pedir el archivo de la causa a lo largo de la instrucción.

Arropados por el Govern y los independentistas

Los acusados han acudido hasta las puertas de la sede del TSJC arropados por el Govern en pleno y cargos electos de las fuerzas independentistas, para dirigirse lentamente y a pie hasta el Palacio de Justicia de Barcelona, en cuyos alrededores les esperaban miles de personas para expresarles su apoyo con gritos de ánimo como "Ni un paso atrás", "No estáis solos" o "Independencia".

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y la pres

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell junto al resto de los miembros del Gobierno catalán, acompañan al expresidente Artur Mas,a la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsellera Irene Riga EFE/Quique García

Según fuentes del Ayuntamiento de Barcelona, unas 40.000 personas han acudido a la concentración convocada por la ANC, Òmnium Cultural, la Asociación de Municipios por la Independencia y la Asociación Catalana de Municipios. Sin embargo, Societat Civil Catalana ha corregido a la baja la cifra, al estimar que el número de concentrados no ha superado los 16.300.

Acusados de desobediencia grave y prevaricación

Los tres encausados son juzgados desde este lunes y hasta el viernes por los delitos de desobediencia grave y prevaricación al mantener la consulta del 9N pese a que el Tribunal Constitucional la había suspendido cinco días antes. La Fiscalía pide diez años de inhabilitación para Mas y nueve para Ortega y Rigau.

Según el ministerio público, los encausados articularon "una estrategia de desafío completo y efectivo" a la suspensión de la consulta del 9N acordada por el TC, siendo "plenamente conscientes de que con ello quebrantaban el obligado acatamiento" de las órdenes del Constitucional.

Para la Fiscalía, Mas no solo no suspendió "oficialmente" la convocatoria del 9N tras la decisión del TC, sino que decidió, junto a las exconselleras, "generar la apariencia de que las actuaciones administrativas públicas se paralizaban y el proceso quedaba exclusivamente en manos de ciudadanos voluntarios, cuando en realidad no era así".

El juicio

Un total de 342 periodistas, fotógrafos, cámaras de televisión y técnicos de 70 medios de comunicación, siete de ellos extranjeros, se han acreditado para cubrir el juicio iniciado este lunes.

Según la previsión del tribunal, que podría sufrir modificaciones en función del desarrollo de la vista, para este martes están programadas las declaraciones de los testigos propuestos por la Fiscalía, la acusación popular -ejercida por los sindicatos policiales SPP y UFP así como por Manos Limpias- y en algún caso también las defensas.

Entre ellos, se prevé que declaren una directora de un instituto que se negó a abrir el centro para la votación, así como Joan Cañada, asesor del Departamento de Gobernación que dirigió la organización de la consulta; Elisabet Abad, directora del CIRE que encargó a los presos la confección de urnas, y el director del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), Jordi Escalé.