El fiscal del Supremo pide nueve años de inhabilitación para Homs por desobedecer al Constitucional

• Pide que se le juzgue por prevaricación y desobediencia por la consulta del 9N
• Cree que impulsó la preparación de la consulta pese a conocer su suspensión
• Homs: "Cuanto más grande sea la pena, más grande será nuestra victoria"

La Fiscalía del TS acusa a Homs de potenciar la consulta soberanista del 9N suspendida por el TC

El fiscal ha enviado al Tribunal Supremo el escrito de acusación en el que pide al alto tribunal que abra juicio oral contra el diputado y exconseller de Presidencia de la Generalitat Francesc Homs y le inhabilite para ejercer cargo público durante nueve años por prevaricar y desobedecer al Tribunal Constitucional.

El juez instructor de la causa seguida en el Tribunal Supremo contra Homs por la consulta soberanista del 9N en el año 2014 preguntó el pasado mes de diciembre al fiscal si solicitaba la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o bien el sobreseimiento de las actuaciones.

El fiscal del Tribunal Supremo ha respondido pidiendo que se juzgue a Homs por prevaricación y desobediencia al Tribunal Constitucional, que suspendió la convocatoria de la consulta sobre el futuro político de Cataluña que convocó la Generalitat para el 9 de noviembre de 2014, ya que considera que actuó de forma "arbitraria" y contraria a derecho al desobedecer dicha suspensión.

Por ambos, considerados conjuntamente, solicita nueve años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos. Si el tribunal optara por castigar ambos delitos por separado, la acusación pública pide que se imponga una pena de siete años y seis meses de inhabilitación por la prevaricación y un año y un mes por la desobediencia grave, lo que suma una condena similar a la anterior (ocho años y siete meses de inhabilitación en total).

Impulsó activamente la preparación de la consulta

El fiscal afirma en su escrito que el acusado "no adoptó la suspensión de ninguna de las actuaciones ni actos que se desarrollaban para la celebración de dicha consulta que dependían directamente del Departamento de la Presidencia del que era titular".

También recuerda que impulsó activamente los trabajos preparatorios de la convocatoria, puso los servicios jurídicos de su Departamento a disposición del CTTI para ejercer acciones legales ante una eventual suspensión adoptada por empresas privadas, y, en definitiva, potenció, tras haber conocido la providencia de suspensión dictada por el Tribunal Constitucional, el desarrollo del denominado "proceso participativo".

Además, indica que Homs era "plenamente consciente, máxime en su condición de cabeza de los servicios jurídicos de la Generalitat", de que con su actuación quebrantaba el obligado acatamiento a las decisiones del Tribunal Constitucional.

En su escrito el fiscal se centra en diferentes hechos, pero muy especialmente en el intercambio de documentación entre el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI) y la empresa T-Systems, encargada del dispositivo informático del 9N, que pidió a la Generalitat que aclarara si sus trabajos quedaban afectados por la suspensión acordada por el Constitucional.

El director del CTTI elevó la consulta a sus superiores y el 6 de noviembre de 2014, dos días después de la suspensión del 9N, recibió una carta firmada por Homs en la que el exconseller mantenía que, de acuerdo con los servicios jurídicos consultados, los trabajos contratados no estaban afectados por la resolución del TC.

A partir de este y otros hechos el escrito del fiscal señala que "la concatenación de omisiones y de acciones del acusado y la secuencia de actos jurídico-administrativos" derivados de estas determinaron la total ineficacia de la orden de suspensión" cursada por el Constitucional y que finalmente la consulta se celebrase.

El Supremo pidió al Congreso el suplicatorio para inculpar a Homs por los dos delitos citados, excluyendo el de malversación, que también contemplaba originalmente el fiscal y que era el único que conllevaba pena de prisión. Por ese motivo, dicho delito ha quedado excluido también ahora del escrito del Ministerio Público.

Las condenas ejemplarizantes no disuadirán a los independentistas

Francesc Homs, en rueda de prensa en la sede del Pdecat en Barcelona, ha reconocido que participó en la preparación de la consulta de 2014, cuando era consejero de Presidencia de la Generalitat, puesto que "era público y notorio". "No es que me hayan atrapado", ha ironizado.

El hoy portavoz en el Congreso ha dicho que lo volvería a hacer, aunque ha señalado que sobre todo la pena es "un acto preventivo" ante el referéndum previsto para 2017. "Están haciendo esto para intimidarnos de cara al referéndum. La mirada la tienen puesta allí (...) Quieren presentarnos como delincuentes y tomar decisiones que nos intimiden para el referéndum. A ellos les dan pánico las urnas. Se cobijan en la faldilla de las togas judiciales porque les hacen el trabajo sucio".

Sin embargo, Homs ha reiterado su tesis de que el Gobierno se ha "situado en un callejón sin salida", porque las condenas ejemplarizantes no disuadirán ni meterán miedo a los independentistas. "Cuanto más grande sea la pena que nos impongan, más grande será nuestra victoria", ha dicho, como hizo cuando declaró por primera vez ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.