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El fiscal mantiene la penas para Blesa y Rato y rebaja las de 18 acusados que también devolvieron lo gastado con las 'black'

  • Modifica su escrito de acusación contra 18 acusados por devolver lo gastado
  • La rebaja afectaba a otros acusados que devolvieron el dinero antes del juicio
  • Mantienen la petición de 6 y 4 años de cárcel para Blesa y Rato

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Rato y Blesa se sientan en el banquillo de la Audiencia Nacional
EFE Chema Moya

El fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón mantiene la petición de seis y cuatro años de cárcel para los expresidentes de Caja Madrid, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, respectivamente, por el uso presuntamente realizado con sus tarjetas opacas si bien modifica la solicitada a otros 18 de los 65 exaltos directivos de la entidad y Bankia que hicieron uso de las visas y que devolvieron lo gastado.

El Ministerio Fiscal, coincidiendo con el criterio del FROB, ha aplicado ahora la atenuante de reparación del daño para Ildefonso Sánchez Barcoj, José Manuel Fernández Norniella, Luis Blasco, Matías Amat, Luis Gabarda, Miguel Corsini, Arturo Fernández, Juan Emilio Iranzo, Francisco Javier López Madrid, Jorge Rábago, Virgilio Zapatero, Ricardo Romero de Tejada, Ramón Espinar, Alberto Recarte, Jesús Pedroche, Ignacio de Navasqües, Beltrán Gutiérrez y José María Buenaventura Zabala. La razón es que devolvieron el dinero una vez comenzado el juicio, por lo que la rebaja no se les pudo aplicar en el escrito provisional de la Fiscalía.

Todos ellos forman parte de cerca de unos cuarenta exaltos directivos -entre ellos Blesa y Rato- que han consignado en Bankia y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) entre julio y septiembre las cantidades gastadas con sus tarjetas.En concreto, la Audiencia Nacional había recuperado a finales de julio un total de 1,7 millones, muy lejos de los 12,5 que gastaron.

El tribunal que preside la magistrada Angela Murillo dirime si los encausados concurrieron en delito continuado de apropiación indebida y administración desleal por los 12,5 millones de euros que gastaron con sus visas entre 2003 y 2012 -los anteriores habrían prescrito- en joyas, viajes, artículos de lujo y objetos personales.

Operaciones de "pillaje o rapiña"

Luzón ha señalado que en determinadas operaciones realizadas con estas visas se puede hablar de "pillaje o rapiña", y ha destacado que algunos de los usuarios de las tarjetas las utilizaran meses después de haber cesado en sus cargos.

En su opinión, las tarjetas no tenían amparo alguno en la ley, ya que como complemento retributivo eran ilegales, y no contaban ni con el amparo de los estatutos de la caja ni del consejo de administración.

De haberse hecho así, ha añadido, hubiera sido en cualquier caso una práctica "subrepticia, encubierta y eufemística", ya que pese a lo afirmado por algunos de los acusados en ninguna otra entidad financiera se ha visto una práctica similar.

Aunque algunos acusados "se han esforzado en acreditar los gastos en interés de la caja", a su modo de ver no se ha podido acreditar "ni una sola comida, o reunión, o desplazamiento en el que se hubiera derivado un beneficio para a caja".

Tampoco es posible considerarlas como tarjetas retributivas, ha explicado, ya que muchos de los consejeros no agotaban su saldo y no tiene sentido que no se perciba toda la retribución.

Las defensas persisten en que no hay delito

Las defensas de los 65 usuarios de las tarjetas, sin embargo, ha dedicado la sesión a la lectura de documentos incorporados a la causa, que demostrarían que las visas existían con anterioridad, eran de libre disposición y su uso no supone delito alguno.

Han pedido que se lean correos electrónicos y otros documentos que probarían que las tarjetas existían durante la presidencia de Jaime Terceiro, predecesor de Miguel Blesa al frente de la caja.

Entre ellos, varios abogados se han referido a un correo electrónico fechado el 8 de septiembre de 2011 que revela que una tarjeta que llegó a ser investigada por el juez Fernando Andreu en la fase de instrucción fue emitida en 1994, dos años antes de que Miguel Blesa llegara a la presidencia de la entidad, y comparte el mismo código que la mayoría de las "tarjetas opacas".

Con ello, los letrados pretenden demostrar que desde aquel entonces existían en Caja Madrid tarjetas de libre disposición y no exclusivamente para gastos de representación, tal y como aseguró Terceiro en su declaración como testigo.

El mensaje distingue claramente dos tipos de tarjetas, unas "business" de directivos y colectivas gestionadas por el departamento de Recursos Humanos y, por tanto, para gastos de representación; y otras gestionadas por la Dirección de Medios.

Todo ello confirmaría que durante el mandato de Terceiro se emitieron tarjetas de libre disposición tanto para consejeros, regidos por el acta de 1988, como para directivos, estos últimos por medio del convenio marco de 1994.

También han reiterado que Bankia no está legitimada para reclamar a los acusados, que no reconocen a la entidad como heredera legal de Caja Madrid; según han explicado varios letrados, este papel corresponde a la Fundación Caja Madrid. 

El fiscal ha anunciado además en esta décimo sexta sesión que rebaja la indemnización para los exconsejeros Cándido Cerón Escudero, José María de la Riva, Luis Gabarda, y José María Arteta porque, según ha explicado, determinadas operaciones efectuadas presuntamente con sus tarjetas no fueron autorizadas por ellos mismos y por tanto entiende que se debe aminorar la cuantía atribuida a estos cuatro acusados.

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