La Guardia Civil detiene a 14 personas por un presunto sobrecoste de 82 millones en obras del AVE

• Entre los detenidos hay dos exdirectores de Adif y empleados
• Es una operación contra una red acusada de inflar facturas
• La Guardia Civil registra la sede de Adif y varias constructoras
• El Tribunal de Cuentas ya advirtió en 2013 de los sobrecostes

La Guardia Civil detiene a 14 personas por un presunto sobrecoste de 82 millones en obras del AVE

La Guardia Civil ha detenido este martes a 14 empleados del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en una operación contra una red acusada de inflar facturas para generar un presunto sobrecoste de más de 80 millones de euros en tres obras del AVE en la zona de la estación de La Sagrera, en Barcelona.

Entre los detenidos, figuran el exdirector de obras de Adif Jaime G.G. y el exdirector de Alta Velocidad de la zona noroeste del AVE Rafael R., que ya fueron arrestados en 2014 en otra operación por fraude en la construcción del AVE dirigida por el juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, acusados de alterar las mediciones técnicas para causar un sobrecoste en las obras.

Los dos exdirectores de obra, detenidos este martes a raíz de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, están acusados ahora de permitir duplicaciones de mediciones de las obras ejecutadas con el fin de inflar su facturación en la construcción de la estructura de la estación de La Sagrera, de sus accesos y de la plataforma del AVE en el sector de Sant Andreu.

La Fiscalía acusa a los supuestos integrantes de la trama de los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental, pero también se investiga si los funcionarios públicos permitieron falsear las mediciones a cambio de sobornos, lo que podría constituir un delito de cohecho, según fuentes cercanas al caso.

Los dos exresponsables de obras fueron destituidos a raíz de la operación policial llevada a cabo en 2014, que se saldó con una decena de detenciones por alterar las mediciones técnicas y falsear certificaciones en obra ejecutada en un tramo de la línea del AVE entre La Sagrera y el Nus de la Trinitat adjudicado a la empresa Corsan.

Registro de varias sedes

Desde primera hora de este martes, la Guardia Civil ha estado registrando las sedes de Adif de Madrid y Barcelona, así como la de la estación de La Sagrera, según informa TVE.

También se han llevado a cabo registros en 15 domicilios en Barcelona y Madrid, tanto particulares como sedes profesionales de los diversos entes, como Acciona y FCC, que participan en las obras con el fin de buscar pruebas sobre posibles irregularidades económicas.

Los agentes asimismo han acudido en busca de documentación a las oficinas de una Unidad Temporal de Empresas (UTE) que tenía adjudicadas algunas de las obras bajo sospecha, situadas en la calle Fluvià de Barcelona, según fuentes cercanas al caso.

Funcionarios, directivos y empleados de empresas

La trama implica a funcionarios, directivos de compañías contratistas y empleados de empresas que han tenido "un papel relevante en la ejecución y certificación de las obras" investigadas, cuyo sobrecoste alcanza los 82 millones de euros.

La investigación, iniciada en noviembre de 2014, deriva de una denuncia presentada por el gestor de infraestructuras de Adif, que detectó dobles mediciones en tres tramos de las obras del AVE en La Sagrera que reflejaban "diferencias sustancias entre la obra certificada como realizada y la que en realidad se habría ejecutado", sostiene la Fiscalía en su comunicado.

El ministerio público cree que la red habría "emitido de forma reiterada e intencional sucesivas certificaciones de obra con unos importes muy superiores a los trabajos efectivamente realizados por las empresas contratistas".

Concretamente, las obras bajo sospecha son el proyecto de construcción de los accesos de la estación del AVE en La Sagrera, así como el de la estructura de esa misma estación y el de la plataforma de la línea del AVE en el sector Sant Andreu, dentro del tramo La Sagrera-Nudo de la Trinidad.

En su investigación, la Fiscalía Anticorrupción ha detectado además un proyecto complementario a una de las contratas, en que las cantidades también fueron supuestamente infladas.

El ministerio público considera que existen "sólidos indicios" de que el falseamiento de las certificaciones de obra "respondía a la intención de favorecer indebidamente a las empresas contratistas, las cuales habrían estado percibiendo de ese modo sumas de dinero muy superiores a las que realmente les correspondía recibir".

Auditorías externas e internas

La operación lanzada este martes por la Guardia Civil es paralela a esa otra investigación que dirige el juzgado de instrucción número 9 de Barcelona y que, en mayo de 2014, comportó la detención de diez personas -entre ellas excargos de Adif y de empresas constructoras- por sobrecostes supuestamente irregulares en las obras del AVE en Barcelona.

Precisamente, fue esa primera investigación judicial -centrada en un tramo entre la Sagrera y El Nudo de la Trinitat adjudicado a Corsan- la que motivó que Adif encargara auditorías externas e internas sobre otras obras de esta infraestructura, que todavía estaban en su fase inicial, con apenas un 20 o 30% del proyecto ejecutado.

Las auditorías, que el gestor de infraestructuras llevó a la Fiscalía Anticorrupción el año pasado, concluyen que otras empresas contratistas de la línea del AVE en las inmediaciones de la estación de La Sagrera inflaron presuntamente las facturas de sus construcciones, para obtener beneficios millonarios, con la complicidad de responsables de obras de Adif en la época.

En concreto, Adif detectó desajustes entre el volumen ejecutado de las obras y las certificaciones correspondientes, por lo que decidió paralizar los trabajos de construcción para llevar a cabo las comprobaciones pertinentes.

Posteriormente, Adif envió a la Fiscalía Anticorrupción los resultados de las auditorías sobre obras que estaban bajo sospecha por presuntos costes irregulares, según han informado a Europa Press en fuentes de Adif.

Las obras en La Sagrera

Meses después, la empresa gestora de infraestructuras remitió una carta al fiscal Anticorrupción Emilio Sánchez Ulled, que lleva el caso, para solicitarle que autorizara la continuación de las obras, a lo que el ministerio público respondió también por escrito que no le correspondía resolverlo, dado que no había sido suya la decisión de detener los trabajos.

El secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, informó el pasado 7 de junio de las irregularidades detectadas al consejo de administración de la sociedad Barcelona Sagrera Alta Velocidad -que incluye también al Ayuntamiento y la Generalitat y no se reunía desde 2013-, y justificó así el retraso de las obras.

La estación del AVE en La Sagrera y sus accesos, cuya construcción se adjudicó en 2010 a dos UTE, es uno de los principales proyectos de infraestructuras en marcha en Barcelona y está previsto que se pueda inaugurar en 2020, tras retrasarse en varias ocasiones.

Las supuestas irregularidades destapadas en la operación que está en marcha siguen el mismo patrón que las que, en mayo de 2014, motivaron una decena de detenciones de contratistas y responsables de Adif, acusados de alterar de forma repetida las mediciones técnicas, falsear las certificaciones de obra ejecutada y camuflar el desvío.

El Tribunal de Cuentas advirtió del sobrecoste

El Tribunal de Cuentas ya advirtió en 2013 de un sobrecoste del 31,4% en las obras de construcción de la línea ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, equivalente a 1.732 millones de euros, y abrió expedientes por irregularidades en las obras y por no imponer penalizaciones a los constructores que incumplieron sus obligaciones contractuales.

Un año antes de la operación policial de 2014, el organismo que preside Ramón Alvarez de Miranda había presentado un informe de fiscalización de las principales contrataciones relacionadas con la construcción de la línea férrea entre 2002 y 2008, que cubría por tanto dos años de gobierno de José María Aznar y cuatro de ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

En dicho documento, el Tribunal advertía de que los 8.966,71 millones de euros que constó la construcción del AVE entre Madrid y Barcelona supusieron un 31,4% más del precio de adjudicación de los trabajos (6.822,83 millones) y un 18,8% más del precio fijado en los concursos (7.550,42 millones).

Un desvío de 1.732 millones de euros que provocó que cada uno de los 621 kilómetros que unen ambas ciudades costó de media 14,44 millones de euros, a resultas sobre todo de las modificaciones de contrato, obras complementarias y de emergencia, revisiones de precios, liquidaciones adicionales, prórrogas y ampliaciones de plazo.

En concreto, los contratos de obras recibieron 5.406 millones de euros, con un ahorro del 10% respecto de lo licitado inicialmente que, sin embargo, acabó convertido en un sobreprecio del 35,5% al ascender la minuta final a 7.326 millones de euros. Lo mismo sucedió con los contratos de asistencia técnica, que entre 1993 y 2008 se encarecieron un 27,4% hasta los 474 millones.

Un sobrecoste de hasta un 229 millones

Teniendo en cuenta únicamente los seis años fiscalizados en el informe, el desvío presupuestario es incluso superior a la media del conjunto de ejecución de las obras, ya que los 2.851,45 millones de euros licitados en ese periodo finalmente se adjudicaron por 2.599,98 millones, previéndose un ahorro del 8,8%, pero acabaron ejecutándose por 3.721,97 millones de euros, un 30,5% más de lo previsto inicialmente y un 43,2% por encima de lo adjudicado.

En concreto, los contratos de suministros se encarecieron un 7,5% hasta los 229,8 millones; los de consultoría y asistencia técnica superaron un 25,4% el precio inicial hasta llegar a 194 millones; y los contratos de obras pasaron de 2.029 millones a 3.036 millones (+49,6%), con algunos casos concretos como el de la construcción de la plataforma del tramo Hospitalet-La Torrassa, que vio incrementado su precio en un 229,6% hasta los 247 millones de euros.

De hecho, Adif rechazó los cambios que motivaron este incremento y acabó declarando a la adjudicataria responsable de daños y perjuicios por valor de 34,25 millones de euros.

Ante estas irregularidades, la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas abrió cuatro expedientes por presuntas irregularidades por incidencias en la ejecución de los tramos Hospitalet-La Torrassa, La Torrassa-Sants, Castellbisbal-Papiol y Hospitalet-Can Tunis, que sumaron un sobrecoste de más de 400 millones que también investiga la Fiscalía Anticorrupción.

Igualmente, abrió diligencias por otros cuatro casos en los que Adif no impuso ninguna penalización a las adjudicatarias de los contratos pese a haber incumplido sus compromisos contractuales de suministro y transporte de traviesas, suministro de plataformas para el cambio de ancho de trenes de viajeros de tecnología Talgo, de instalación de descongelación de rodales, y de medidores de parámetros, que se vieron incrementados un 134,7% de media.