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Bruselas quiere controlar antes de su firma los acuerdos energéticos entre Estados de la UE y países terceros

  • Ahora conoce esos pactos después de concluidos y no puede modificarlos
  • Propone comprobar que cumplen las normas y pedir cambios si son contrarios
  • También controlaría contratos que afecten a más del 40% de suministro de un país

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El comisario europeo para Energía y Acción sobre el Clima, Miguel Arias Cañete
El comisario europeo para Energía y Acción sobre el Clima, Miguel Arias Cañete, durante la rueda de prensa de este martes en Bruselas.

La Comisión Europea quiere controlar antes de que se firmen todos los acuerdos que realicen Estados de la UE con otros no miembros que tengan un impacto en el suministro de energía del bloque europeo. Esto implicaría conocer esos pactos intergubernamentales antes de que haya un acuerdo definitivo para poder comprobar que cumplen todas las leyes comunitarias y, si no es así, pedir los cambios necesarios. Ésta es una de las principales novedades de la propuesta de medidas sobre seguridad energética aprobada este martes por el Ejecutivo comunitario.

Así, el país o países de la UE implicados en el eventual acuerdo energético tendrían que modificarlo siguiendo la opinión del Ejecutivo comunitario y, "si alguien no siguiese el consejo de la Comisión, se abriría un proceso de infracción", ha explicado en una rueda de prensa el comisario para Energía y Acción sobre el Clima, Miguel Arias Cañete.

Esta propuesta, incluida en el paquete de medidas para seguridad energética aprobado por Bruselas, debe ser ahora negociada con el Consejo de la UE (es decir, los Estados miembros) y el Parlamento Europeo, que deben dar su visto bueno.

Revisión también de contratos con empresas no comunitarias

Además, también deberían notificarse aquellos contratos comerciales con empresas de fuera de la UE que superen el 40% del suministro energético de un Estado miembro.

En ese segundo caso se incluiría el contrato que negocian en estos momentos las autoridades alemanas y Gazprom para duplicar la capacidad del gasoducto entre Rusia y Alemania bajo el Mar Báltico -el proyecto bautizado como Nordstream 2-, que podría elevar hasta el 80% el gas que Alemania compra al gigante ruso.

Este proyecto ha sido cuestionado por el vicepresidente comunitario para la Energía, Maros Sefcovic, quien considera que "no se ajusta a los objetivos generales de la Unión Energética, que insta a una diversificación de las rutas y de las fuentes".

Este martes, Arias Cañete ha especificado que, "si Alemania superase el umbral marcado [en la nueva propuesta] en sus contratos con Gazprom, tendría que notificar todos los contratos con esa compañía: los antiguos y los nuevos".

Un tercio de los acuerdos vigentes incumple normas europeas

Con la normativa actual, los Gobiernos informan a Bruselas sobre los acuerdos energéticos firmados con países ajenos a la UE, pero sólo deben hacerlo después de que se hayan firmado. Este sistema, según la Comisión, ha impedido que algunos acuerdos intergubernamentales que incumplen normas europeas hayan podido renegociarse ara adaptarlos a ellas.

Según la evaluación de esta fórmula realizada en 2015 por Bruselas, de los 124 acuerdos intergubernamentales notificados con impacto en el suministro energético de la UE, un tercio contenían provisiones contrarias a las leyes comunitarias y ninguno de ellos ha podido cambiarse.

En concreto, se trataría de evitar cláusulas "problemáticas" para el futuro mercado interno de la energía, como las que "impiden la propiedad desagregada de una infraestructura de transporte de energía y de compañías de generación, limitan el acceso de otras compañías a una infraestructura o las que no permiten poner tarifas competitivas o impiden a un comprador de gas o petróleo revender esa materia prima a otros Estados miembros".

Nuevo principio de solidaridad

Otra de las medidas novedosas incluidas en el paquete de medidas sobre seguridad energética presentado este martes es la inclusión del principio de solidaridad en la regulación del suministro de gas dentro de la UE. Según ese principio, en caso de una crisis severa de suministro, un Estado miembro deberá ayudar a sus vecinos y proporcionarle el gas necesario para hogares y servicios esenciales, como sanidad y seguridad.

Para poder con ese principio, las medidas de garantía de suministro pasarán de diseñarse a nivel regional en lugar de a nivel nacional. Así, se tendrán que preparar planes regionales de evaluación de riesgos, en los que España aparecerá inscrita en el norte-sur occidental, junto a Portugal, Francia y los países del Benelux (Bélgica, Holanda y Luxemburgo).

Con las propuestas para garantizar la seguridad energética, la Comisión "pretende equipar a la UE para la transición energética mundial, con objeto de hacer frente a posibles interrupciones del suministro de energía".

Esta dimensión de seguridad energética "es una de las piedras angulares de la estrategia de la Unión de la Energía, que se cuenta entre las principales prioridades políticas de la Comisión Juncker", añade Bruselas.