Las grandes constructoras piden 38.000 millones al año para invertir en equipamiento social

• Seopan afirma que podrían crearse más de medio millón de empleos al año
• Reclama 20.000 millones para depuradoras y 16.000 para redes energéticas
• Pide 6.000 millones para el mantenimiento urgente de carreteras y vías férreas
• Cifra en 5.500 millones el coste para el Estado de la quiebra de ocho autopistas

El presidente de la patronal de las grandes contructoras Seopan, Julián Núñez.

Las grandes constructoras calculan que España necesita acometer una "inversión sostenida" de entre 38.000 y 54.000 millones de euros al año durante la próxima década para construir equipamientos sociales, como depuradoras, hospitales o redes de telecomunicaciones y energía, dado el avance ya logrado en infraestructuras de transporte como el AVE y las carreteras.

Con este volumen inversor, un 72% superior al actual, se persigue superar el déficit que el país presenta en este tipo dotaciones públicas, aumentar su competitividad, y contribuir al bienestar de los ciudadanos y a la recuperación económica.

De hecho, la ejecución de estas inversiones contribuiría a generar entre 500.000 y 750.000 puestos de trabajo anuales durante el decenio.

Así lo indica el estudio realizado por la consultora A.T Kearney para la patronal de las grandes constructoras Seopan, que radiografía los sectores y las principales "asignaturas pendientes" a los que se debe destinar la inversión.

Agua, energía, sanidad, urbanismo y mantenimiento

Se trata de los sectores del agua, la energía, la sanidad, la educación, la justicia, el transporte, la logística, el medioambiente, las telecomunicaciones y la digitalización, el urbanismo y el mantenimiento de las infraestructuras ya construidas.

En materia de transportes, el presidente de la consultora, Eugenio Prieto, considera necesario seguir trabajando para completar la red de AVE y de carreteras actualmente en construcción, pero estas infraestructuras ya no constituyen una prioridad dado el "avance" logrado en los últimos años. "Ahora pedimos inversión en infraestructuras sociales", remarcó.

En concreto, el informe reclama una inversión de 20.000 millones en dotaciones de depuración y gestión de agua para la próxima década, y de entre 12.000 y 16.000 millones para instalaciones y redes energéticas, fundamentalmente para mejorar las interconexiones y que España supere su condición de isla energética.

Además, estiman que el mantenimiento de las actuales infraestructuras requiere una inyección inmediata de 6.000 millones de euros, a la que posteriormente se debe sumar una dotación media anual de 1.000 y 2.000 millones para el ferrocarril y las carreteras, respectivamente.

En materia ferroviaria, el informe ve necesario invertir 8.000 millones hasta 2025, pero en su mayoría para fomentar el transporte de mercancías en tren y que mejore así su actual cuota de mercado del 7%, cuatro veces inferior a la de otros países europeos.

Además, las constructoras y la consultora detectan un nicho de inversión de unos 9.000 millones de euros en actuaciones urbanas y de rehabilitación de viviendas, de unos 3.300 millones en centros educativos y de 1.000 millones más en instalaciones sanitarias.

Financiación con capital privado

En cuanto a la financiación de estas inversiones, las constructoras aseguran contar con capacidad para afrontar "el 100%" del incremento de inversión que proponen con capital privado, si bien también abogan por un aumento del presupuesto público.

La patronal del sector reclama que España modifique la actual legislación de inversión privada de infraestructuras para articular "un marco regulador adecuado, estable y seguro, que permita atraer a la gran capacidad de inversión que actualmente presentan grandes fondos extranjeros".

Seopan reivindicó la capacidad de las grandes constructoras españolas para desarrollar estos proyectos, dado que actualmente acometen 80 grandes contratos en distintos países del mundo con financiación privada. "Tenemos el tejido empresarial adecuado para afrontar esta inversión", garantizó el presidente de Seopan.

Con todo, las constructoras pretenden solventar el "enorme déficit" que consideran presenta la dotación de infraestructuras para los ciudadanos. Indican que España actualmente no cumple con los ratios establecido por la UE en depuración de agua, que el número de camas hospitalarias por habitante es un 25% inferior al de otros países y que la inversión en instalaciones educativas por habitante está un 40% por debajo.

En materia medioambiental, en España se tratan menos del 40% de los residuos urbanos, y en el ámbito de las telecomunicaciones, sólo del 50% de los hogares cuenta con cobertura de red 4G, frente al 80% de otros países del entorno.

La quiebra de las autopistas supondría 5.500 millones

Con respecto a la quiebra y liquidación de las ocho autopistas de peaje que actualmente están en concurso de acreedores, Seopan calcula que supondría una factura al Estado de 5.500 millones, importe equivalente a medio punto del déficit público.

El importe corresponde a la responsabilidad patrimonial administrativa (RPA) que el Estado tiene que afrontar en el supuesto de quiebra de una infraestructura, y supone abonar a las empresas que las construyeron y actualmente las explotan el importe de la inversión que aún no han recuperado.

"Pero no se trata de un rescate, se trata de cumplir con lo que la Ley establece en caso de quiebra de un contrato de concesión de infraestructuras", asegura el presidente de Seopan, Julián Núñez, quien recuerda que no hay antecedente alguno en España en el que el Estado haya tenido que abonar una RPA.

No obstante, la patronal de las constructoras, principales accionistas de las ocho autopistas en riesgo de quiebra, ha manifestado su esperanza en que "se pueda evitar este escenario" y en que el Gobierno que surja de las próximas elecciones generales retome el plan diseñado por el actual Ejecutivo para, "si aún se está a tiempo", solucionar la situación de las vías .