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La oposición recurre ante el Tribunal Constitucional la ley de seguridad ciudadana

  • Todos los grupos salvo CiU y PNV han firmado el recurso
  • Es respaldado también por organizaciones de derechos humanos

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El Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional en una imagen de archivo. EFE

La mayoría de los grupos de la oposición ha presentado este jueves en el Tribunal Constitucional (TC) un recurso contra la Ley de Seguridad Ciudadana, que definen como ley "mordaza", con el objetivo de "frenar los recortes del PP" y la voluntad del Gobierno de evitar las protestas sociales.

Representantes de PSOE, La Izquierda Plural, UPyD y Compromís-Equo han acudido a la sede del TC para registrar el recurso, que han suscrito también Coalición Canaria y Geroa Bai pero que no han firmado de momento ni CiU ni PNV, si bien ambos grupos parlamentarios también se oponen a la norma, que entrará en vigor el 1 de julio.

No obstante, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, se ha mostrado convencido de la constitucionalidad del texto que, a su juicio, es "más garantista" que el actual en vigor de 1992, la llamada "ley Corcuera" o de "la patada en la puerta".

Respaldado por varias organizaciones no gubernamentales

Tras registrarlo, el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha explicado que el recurso está respaldado también por numerosas organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos y ha resaltado que la ley conculca derechos fundamentales recogidos en la Constitución.

Hernando ha asegurado que el PP tiene "miedo" y, por ello, ha impulsado esta la ley con el objetivo de "frenar las protestas, las quejas y las manifestaciones de los ciudadanos" en contra de los recortes de derechos y libertades. Una norma, ha continuado, que conculca la libertad y la dignidad de las personas.

Entre las cuestiones que la oposición considera inconstitucional figura la disposición adicional que modifica la Ley de Extranjería para legalizar las denominadas "devoluciones en caliente" en las fronteras de Ceuta y Melilla, lo que, según Hernando, conculca el derecho de los inmigrantes a solicitar asilo, refugio y protección internacional.

A 72 horas de un proceso electoral, ha concluido el portavoz socialista, hay que recordar que la democracia "no es solo votar, sino también que los ciudadanos tengan derechos y libertades, que se pueden proteger votando dentro de 72 horas pero también viniendo a instituciones como el Tribunal Constitucional para defender derechos".

Por su parte, Caridad García, diputada de la Izquierda Plural, también ha opinado que el Gobierno de Mariano Rajoy conculca con esta la ley artículos de la Constitución que el PP "dice defender" y que "no cumple".

Contra derechos fundamentales

Con esta norma, se "atacan" derechos como el de reunión o de manifestación, ha subrayado García, para quien se trata de una ley que "quizás el mismísimo Franco no la habría considerado mejor" y que retrotrae a tiempos que ya se creían superados.

Y es también, ha sentenciado la diputada, una ley "muy propia de quien detenta la cartera de Interior", Jorge Fernández Díaz, un ministro que considera "más importante ir a poner flores a una virgen que defender los derechos y libertades de los ciudadanos".

Al igual que el resto de los recurrentes, García ha manifestado su esperanza de que el TC, aun estando dividido, "sea finalmente justo, haga justicia" y acepte el recurso.

Desde UPyD, Andrés Herzog ha opinado que la ley "pone la guinda" a una legislatura "negra" del PP, en la que "a la infinidad de recortes sociales se han unido recortes en derechos fundamentales".

Herzog ha confiado en que la norma se declare inconstitucional y en acabar con una "obsesión por el control" del PP, que "se ve en todos los ámbitos", y ha insistido en que la ley es "desproporcionada" e "innecesaria".

Joan Baldoví, de Compromís, también ha tildado la ley de innecesaria e "inútil", que "no mejora la calidad democrática, sino que la empeora" y que "está dirigida para que la gente no pueda expresarse".

Mientras, el PNV ha expresado, en un comunicado, su rechazo a la "ley mordaza", pero ha señalado que no irá de la mano del PSOE en el recurso porque ha vetado el encuentro entre víctimas de ETA y GAL en el Congreso y ha apoyado el pacto antiyihadista "anudado a un Código Penal que avala la cadena perpetua", que es "inconstitucional".

"No firmaremos un texto con el PSOE en materia de libertades públicas hasta que no aclaren su posición", ha advertido Aitor Esteban, portavoz del grupo vasco.

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