Urdangarin recurre las condiciones impuestas por el juez para vender su vivienda de Pedralbes

• El juez le dio permiso para la venta de la vivienda sobre la que pesa un embargo
• A cambio, los duques debían ingresar el dinero de la venta en el juzgado

Palacete de Pedralbes, de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina, en Barcelona

Iñaki Urdangarin ha recurrido las condiciones que le impuso el pasado jueves el juez del caso Nóos, José Castro, para vender por 6,95 millones de euros el chalé que posee junto a su esposa, la infanta Cristina, en la urbanización barcelonesa de Pedralbes.

El juez instructor autorizó a Urdangarin y a la infanta a vender la vivienda conocida como palacete de Pedralbes a cambio de que se comprometieran formalmente a destinar los 2,3 millones de euros que les reportará la operación a pagar parte de las fianzas que pesan sobre ellos como acusados en el caso Nóos.

La cantidad fijada por Castro supera en casi 700.000 euros la que proponían aportar a sus fianzas los duques de Palma, una condición que Urdangarin ha pedido que se revoque a través de un recurso de reforma del que ha dado cuenta este martes el juez en una providencia.

Castro, cuya autorización es imprescindible para la venta porque la mitad del palacete está embargado por la primera fianza de Urdangarin, aceptó parcialmente el pasado día 5 las condiciones que plantearon los duque de Palma.

Los duques querían pagar sus deudas

El acuerdo alcanzado por el matrimonio para la venta de su vivienda con un abogado que les ofrece 6,95 millones de euros y que ya ha pagado 300.000 euros en concepto de señal tras formalizar un contrato de arras, establece el 17 de marzo como fecha límite para cerrar la operación.

Urdangarin y doña Cristina sostenían que tras la venta les quedarían 1,6 millones de euros para abonar parte de sus fianzas porque tenían que destinar la gran mayoría del precio pactado con el comprador a pagar la hipoteca restante, otro préstamo bancario, gastos de la operación y una deuda fiscal.

Pero el juez entendió que el préstamo complementario y la deuda de Urdangarin con Hacienda, que suman 690.920 euros, no pueden tener preferencia sobre las fianzas, algo que rebate en su recurso la representación legal del esposo de la infanta.

El duque de Palma ha reclamado al juez que le autorice a abonar parte de esta cantidad, 253.705 euros que debe a Hacienda -derivados del impago del IRPF de 2009- sacándola de los fondos que obtendría con la venta del palacete. La defensa de Urdangarin subraya en su recurso que el año pasado se autorizó el desbloqueo de una cuenta embargada en Luxemburgo para que su socio, Diego Torres, cumpliera con sus obligaciones tributarias, por lo que pide el mismo trato.

Sobre los duques de Palma, que serán juzgados por diversos delitos en el caso Nóos, pesan fianzas de responsabilidad civil de 13,6 millones de euros, en el caso de Urdangarin, y de 2,7 millones de euros para la infanta.

También eleva el recurso de Diego Torres a la Audiencia de Palma

En la resolución dictada este martes, el juez Castro también eleva a la Audiencia de Palma el recurso de Diego Torres y su esposa, Ana María Tejeiro, contra la decisión de limitar a 98.360 euros el desbloqueo de los fondos ingresados en la cuenta bancaria de la que disponen en Luxemburgo.

Castro desestimó el pasado enero el recurso de Torres solicitando el desbloqueo de una cuantía mayor de la que el magistrado autorizó en octubre para hacer frente a una serie de pagos que el imputado necesitaba realizar.

El juez rechazó aumentar los fondos desbloqueados, que fijó desestimando algunos apartados de la solicitud de Torres y reduciendo el volumen de otros, "tratando así de encontrar un equilibrio entre los fines" que perseguía con el bloqueo "y los intereses de los afectados", argumentó.

Las propiedades de Torres y de su esposa están bloqueadas desde noviembre de 2013, a raíz de que el magistrado impusiera una fianza de responsabilidad civil para garantizar las responsabilidades pecuniarias que se pudieran derivar de esta causa judicial si el exsocio de Urdangarin es condenado por los delitos de los que está imputado.