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Entra en vigor la reforma de la ley de justicia universal tras publicarse en el BOE

  • La reforma deja en mínimos la posibilidad de perseguir delitos fuera de España
  • Casos como el genocidio del Tíbet y el asesinato de José Couso dejarán de ser investigados

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JORNADA PARLAMENTARIA DERECHOS HUMANOS
Thubten Wangchen, víctima tibetana, saluda a Javier Couso, hermano del cámara José Couso fallecido en la guerra de Irak, dos de los casos que ya no podrán ser investigados EFE EFE/Sergio Barrenechea

 La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que introduce  nuevos límites para que los jueces españoles puedan juzgar, bajo el  principio de la justicia universal, crímenes de especial gravedad  cometidos fuera de nuestras fronteras ha entrado este sábado en vigor  tras ser publicada el viernes en el Boletin Oficial del Estado (BOE).

Su entrada en vigor provocará que los seis jueces instructores de  la Audiencia Nacional archiven a partir de este lunes la docena de  causas que mantienen abiertas bajo este principio, una vez que  comprueben que se cumplen los requisitos del nuevo artículo 23 de la  Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), según informaron fuentes jurídicas.

El BOE  recoge la reforma de la justicia universal  dos días después de que el Senado la aprobara por la vía de urgencia,  sin cambios y apenas quince días después de que el Partido Popular la  sacara adelante en el Congreso de los Diputados.

Se trata de la reforma más profunda del artículo 23 de la Ley  Orgánica del Poder Judicial, que introdujo este ambicioso principio  que puso a España en la vanguardia para que los tribunales nacionales  pudieran  conocer  de crímenes de especial gravedad perpetrados  contra la  comunidad internacional.

El PSOE reformó el principio de la justicia universal en 2009 para  establecer la necesidad de que los delitos tuvieran conexidad con  España
. Ahora, el Partido Popular ha reformado nuevamente el artículo  23.4 y tanto uno como otro partido han sido acusados de acometer  estas modificaciones legislativas por presiones de potencias  extranjeras.

Menchú, sobre justicia universal

La oposición se plantea recurrir al Constitucional

Este cambio legal nace con el anuncio de ser recurrido por el PSOE  en el Tribunal Constitucional, una propuesta que ha sido bien acogida  por grupos como UPyD, la Izquierda Plural o el PNV. También fiscales  de la Audiencia Nacional han sugerido la posibilidad de que pueda ser  impugnada mediante cuestiones de inconstitucionalidad.

Las víctimas de estos crímenes personadas en la Audiencia Nacional  también han explicado su intención de acudir en amparo  al Alto Tribunal o llegar a instancias internacionales, como el  Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Así lo ha señalado David Couso, el hermano del cámara José Couso  asesinado en Irak en 2003, o los abogados Carlos Iglesias o Manuel  Ollé, personados en los casos de Falun Gong, los vuelos de la CIA,  las fosas con víctimas españolas localizadas en el Sáhara o el  asesinato de jesuita Ignacio Ellacuría.

La disposición transitoria única de la proposición de ley  impulsada por el PP --una vía que ha permitido evitar los informes  del Consejo Generao del Poder Judicial o el Consejo de Estado--  obliga a archivar la docena de causas abiertas en la actualidad que  no reúnen los nuevos requisitos. 

Una vía que queda muy limitada

La reforma limita la persecución de los delitos de genocidio y  lesa humanidad a los procedimientos que se dirijan contra españoles o  extranjeros que hayan adquirido la nacionalidad tras cometer el hecho  o cuya extradición haya sido denegada.

El nuevo artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial  elimina la posibilidad de actuar con una denuncia o a través de una  acusación popular, para limitar su impulso a las querellas  presentadas por el agraviado o la Fiscalía.

La extensión de la jurisdicción española más allá de nuestras  fronteras se condiciona a la existencia de un tratado internacional  que lo autorice y al Estatuto de la Corte Penal Internacional. La  oposición ha criticado que algunas potencias, como China o Estados  Unidos, no han ratificado tales convenios y es imposible perseguir  sus crímenes.

La reforma impone nuevos límites a los jueces españoles y recoge  en la lista de ilícitos a perseguir los delitos de violencia contra  la mujer y la violencia doméstica, las torturas o la corrupción de  agente público extranjero.

   Confiere a la Sala Segunda del Tribunal Supremo la potestad de  valorar la posibilidad de que los jueces españoles puedan conocer los  hechos, en caso de que el Estado no esté llevando a cabo una  investigación efectiva de los mismos.

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