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El abogado de la infanta Cristina asegura que era "ajena" a las cuentas investigadas

  • La primera inspectora ha negado presiones al hacer el informe de la infanta
  • La declaración de la hija menor del rey solo se grabará en audio

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Declaran en Palma los tres inspectores autores de los informes que exculpan a la infanta

El abogado de la infanta Cristina en el caso Nóos Jesús María Silva ha  afirmado que las declaraciones de los peritos ante el juez "han  puesto de relieve" que "las rentas son atribuibles a quien las genera" y  que su defendida no las producía y, por tanto, era "por completo ajena a  las mismas".

Silva ha dicho que está "satisfecho" por las declaraciones de este sábado  en los juzgados de Palma sobre el caso Nóos, que han concluido a las  20:30 horas.

La funcionaria de la Agencia Tributaria responsable de la inspección de  las actividades económicas de la infanta Cristina a través de la empresa  Aizoon ha negado presiones al realizar el informe sobre la hija del rey y ha descartado que cometiera delito fiscal.

Según han informado fuentes jurídicas, la jefa de la unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional, que también ha declarado ante el juez, ha descartado que la hija menor del rey blanqueara dinero obtenido ilegalmente por Nóos al realizar gastos personales con fondos de Aizoon.

El juez José Castro aceptó tomar testimonio a estos funcionarios a instancias del fiscal anticorrupción Pedro Horrach, que le acusaba de basar la imputación de doña Cristina en una "teoría conspiratoria" según la cual la Agencia Tributaria había tergiversado su investigación para exonerar a la duquesa de Palma.

La funcionaria no se ha sentido presionada

La funcionaria de Hacienda ha sido la primera en comparecer y ha señalado que no se ha sentido presionada en el trabajo en relación con  la infanta Cristina que ha llevado a cabo en la instrucción de este  caso, en labores de auxilio judicial, según han informado a Efe fuentes  jurídicas.

Además, han declarado los representantes de las  siete empresas y  el perito de Manos Limpias, entre otros.

El sindicato sostiene una tesis contraria a la de los inspectores de Hacienda y considera que sí hay datos que apuntan a que la duquesa de Palma defraudó más de 120.000 euros en un año, el límite a partir del cual el fraude es delito.

El motivo de estas declaraciones era escuchar los argumentos técnicos en contra y a favor de la existencia de indicios de delito para imputar a la infanta, una decisión en la que sólo Manos Limpias ha respaldado al juez instructor.

El fiscal quiere despejar "dudas"

El fiscal considera necesario someter a ratificación, ampliación y contradicción los informes que elaboraron los inspectores y que han sido cuestionados por el juez Castro en la providencia en la que citó a la infanta a declarar como imputada, aunque en el auto recoge que "la Agencia Tributaria exculpa de toda actividad delictiva a doña Cristina".

El fiscal cree que si el propio juez ha manifestado "dudas" es necesario que las despejen los inspectores de Hacienda.

La razón por la que el acusador público solicitó que los inspectores declararan es que el juez "construyó" la "tesis inculpatoria" hacia la hija del rey basándose en discrepancias con los informes de Hacienda.

Según el fiscal, lo que revelan los informes de los inspectores de Hacienda es que no es delito que tanto Iñaki Urdangarin como la infanta Cristina, como propietarios de Aizoon al 50%, cargaran a la empresa gastos personales ajenos a la actividad mercantil como costes de explotación.

Según el fiscal el fraude no supera los 120.000 euros

Además, es "irrelevante penalmente" que al hacerlo defraudaran cuotas del impuesto de sociedades y del IRPF, porque el fraude no supera los 120.000 euros de cuota.

El fiscal quiere que los inspectores rebatan la consideración que hace el juez de tres facturas por importe de 69.990 euros de la sociedad Intuit a la empresa Aizoon, que se dedujo como gasto del impuesto de Sociedades de la inmobiliaria de los duques de Palma y que el magistrado considera fraude de dicho impuesto.

Según Horrach, los inspectores de Hacienda concluyeron que Aizoon no era una empresa real y ya habían calificado como falsas los cientos de facturas cruzadas entre todas las empresas del entramado del grupo Nóos, incluidas esas tres, y las tuvieron en cuenta al imputarles delitos fiscales en el IRPF a Urdangarin y su exsocio Diego Torres.

Por ello, el juez pidió a los inspectores de Hacienda que calculasen la liquidación del impuesto de sociedades de Aizoon, aunque se trataba de "una liquidación hipotética y no ajustada a la realidad", porque las conclusiones válidas eran las emitidas con anterioridad.

La declaración de la infanta solo se grabará en audio

Por otro lado, Castro ha informado de que la declaración como imputada el 8 de febrero de la infanta Cristina solo se grabará en audio, y no en vídeo, a petición de su defensa.

Antes de que comenzase el interrogatorio, el abogado de la duquesa de Palma, Jesús María Silva, solicitó al juez que se evite el registro de imágenes de su cliente cuando preste declaración, algo a lo que se han opuesto los representantes legales de la acusación popular y de Torres. La abogada del sindicato Manos Limpias Virgina López Negrete ha afirmado que recurrirá esta decisión porque considera que demuestra que "todos los ciudadanos no somos iguales ante la ley".

Castro ha tomado esta determinación a pesar de que ya había iniciado los trámites para que la declaración de la hija menor del rey se grabara en vídeo, como se hizo en la segunda ocasión en que Urdangarin compareció ante su juzgado, en febrero de 2013.

Intenta evitar filtraciones

Un año antes, la primera declaración como imputado de Urdangarin no se recogió en soporte audiovisual y fue transcrita por funcionarios judiciales.

Al rechazar la grabación de imágenes, la defensa de la infanta intenta evitar una filtración que podría perjudicarla, pero sí acepta que se registre el sonido para que se recojan exactamente sus palabras ante el juez.

Anteriores grabaciones de las declaraciones de otros imputados por Nóos están bajo la custodia del juzgado y han sido transcritas días después para poder facilitar su contenido a las partes personadas.