Enlaces accesibilidad

El fiscal mantiene la petición de 13 años de cárcel para Fabra y no ve explicación a sus ingresos

  • En la exposición de conclusiones del juicio por el 'caso Naranjax'
  • La defensa del expresidente de la Diputación de Castellón pide su absolución

Por
El expresidente de Castellón, Carlos Fabra, es juzgado por tráfico de influencias, cohecho y delitos contra la Hacienda Pública.
El expresidente de Castellón, Carlos Fabra, es juzgado por tráfico de influencias, cohecho y delitos contra la Hacienda Pública.

El fiscal mantiene su petición de condena de 13 años de cárcel para el expresidente de la Diputación de Castellón y ex responsable del PP en la provincia, Carlos Fabra, y asegura que no ve una explicación "razonable" a la procedencia de sus ingresos, según la exposición de sus conclusiones en la Audiencia de Castellón, sobre el caso Naranjax.

El Ministerio Público sostiene que ha quedado acreditado durante la vista que Carlos Fabra realizó gestiones ante diversos organismos oficiales con el fin de interceder en la aprobación de registros de productos fitosanitarios de las empresas del empresario Vicente Vilar, acusado en este procedimiento.

Estas son algunas de las conclusiones expuestas por la Fiscalía, que reclama 13 años de prisión para Carlos Fabra por tráfico de influencias, cohecho y cuatro delitos contra la Hacienda Pública.

La defensa pide su libre absolución

Mientras, la defensa del expresidente de la Diputación de Castellón ha pedido la libre absolución de su cliente al considerar que los peritos de la Agencia Tributaria que han declarado "están contaminados" y han hecho un "juicio paralelo".

Los peritos de Hacienda aseguraron la semana pasada que Fabra y su exesposa, Amparo Fernández, imputada también en la causa y acusada de tres delitos fiscales tenían 81 cuentas bancarias e hicieron ingresos en efectivo no justificados por valor de 3,2 millones de euros.

El abogado de Fabra, Javier Boix, considera que su defendido no es culpable de ninguno de los cuatro delitos fiscales de los que se le acusa, ni tampoco del delito de cohecho y de tráfico de influencias.

Las acusaciones de los peritos son "jurídicamente insoportables" para el letrado que ve a los peritos encargados del informe "con deseo incriminador, incluso gestualmente".

En relación a los delitos de cohecho y tráfico de influencias de los que se acusa a Fabra, el abogado cree que en relación al primero solo había "rumores" y que Fabra "no cobró nada" de Vilar por las presuntas gestiones en favor de Naranjax, mientras que en el segundo el expresidente de la Diputación de Castellón "no despegó" la boca en las reuniones en el Ministerio de Agricultura en favor de los fitosanitarios de la empresa mencionada.

Se cierran diez años de instrucción

Por el contrario, la abogada del Estado ha defendido la validez del informe de los peritos de Hacienda al que el letrado ha restado legitimidad y ha considerado que la prueba es "incontestable".

El juicio al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra concluye esta semana con la lectura de las conclusiones de las partes, que tendrá lugar entre mañana y el próximo miércoles. Se cierra así un juicio que se ha desarrollado a lo largo de este mes y tras cerca de diez años de instrucción en los juzgados de la localidad castellonense de Nules.

La semana pasada, las partes elevaron a definitivas sus conclusiones tras hacer pequeñas modificaciones ante los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón.

Las defensas pidieron la libre absolución de los cinco imputados: Carlos Fabra y su exesposa, Amparo Fernández, el empresario que le denunció, Vicente Vilar, y su exmujer, Monserrat Vives, y el exsenador del PP Miguel Prim.

Fabra se enfrenta a una petición de pena de prisión de trece años y una multa de 1,8 millones de euros por los delitos de cohecho continuado, tráfico de influencias continuado y tres delitos fiscales.

Su exesposa se enfrenta a una petición de seis años de prisión por tres delitos contra la Hacienda Pública, Vilar y Vives a cuatro años de prisión cada uno por sendos delitos de cohecho y Miguel Prim a un año de prisión por un delito de tráfico de influencias.