El juez amplía la imputación del expresidente de Pescanova por obstaculizar la labor de la CNMV

• Le acusa de remitir información "incompleta" e "insuficiente" a la CNMV
• El expresidente de Pescanova se enfrenta a una fianza de 350 millones

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha acordado ampliar la  imputación del expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa por un presunto delito de negativa o resistencia a la actuación  supervisora o inspectora, en este caso de la CNMV, al remitir información "incompleta" e "insuficiente" al organismo con el fin de obstaculizar su  labor supervisora e inspectora en la compañía.

El magistrado ha imputado al que fuera máximo responsable de la  compañía por "negativa o resistencia" a la actuación supervisora o  inspectora de la CNMV, que se suma a los presuntos delitos de  falseamiento de información económico-financiera, falseamiento de  cuentas anuales, uso de información relevante, estafa, falsedad en   documento mercantil y un delito societario por los que ya está siendo  investigado.

En estos momentos hay ocho querellas admitidas en la Audiencia  Nacional en el caso Pescanova, tres adhesiones a estas querellas y tres  denuncias que en conjunto alegan un perjuicio superior a los 93,64  millones de euros.

Petición de la Fiscalía

En un auto, fechado el pasado 16 de agosto, el juez atiende la   documentación aportada por el organismo supervisor y la petición del   Ministerio Fiscal para argumentar que los hechos investigados pueden   incurrir en un delito societario, tipificado en el artículo 294 del   Código Penal, al remitir Pescanova S.A. "información incompleta,   insuficiente y que omite aspectos relevantes" a la CNMV, organismo  que  ejerce la acción supervisora e inspectora.

La Fiscalía solicitó la ampliación de la imputación de Fernández  Sousa después de recibir un expediente sancionador incoado en mayo  por el Comité Ejecutivo de la CNMV contra el presidente y otros  responsables de la empresa por la presunta comisión de una infracción  muy grave por negarse o resistirse a su actuación.

El Ministerio Fiscal ve congruente la remisión del expediente toda  vez que los hechos pueden tener carácter penal, si bien solo respecto  a Fernández de Sousa-Faro, sobre quien pesa una fianza personal de 178  millones de euros en la causa en la que se investiga el falseamiento  de cuentas de la compañía que condujo a varios inversores a la compra  de acciones.

Fianzas de más de 350 millones

Fernández de Sousa deberá abonar en total un fianza superior a 350 millones de euros, ya que a los 178,85 millones que se le imponen personalmente hay que sumar las fianzas de 69,41 millones fijadas a las tres sociedades que controla (dos al 100% y una al 62,31%).

Son los casos de las tres sociedades a través de las que Sousa controlaba las acciones que poseía en la empresa gallega pesquera y que en la actualidad ascienden al 7,4% del capital tras las distintas ventas realizadas, que son motivo de investigación en la Audiencia Nacional por presunto uso de información relevante.

Se trata de Inverpesca y de Sociedad Gallega de Importación de Carbones, de las que Sousa controla el 100% del capital, y de Sociedad Anónima de Desarrollo y Control, de la que posee el 62,31% del capital, según la información que figura en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Las fianzas impuestas están destinadas a cubrir futuras responsabilidades civiles en caso de condena penal, teniendo en cuenta el número de querellas y denuncias presentadas.

Pescanova se encuentra en concurso de acreedores bajo la  administración concursal de Deloitte, con una deuda financiera neta de  3.281 millones con más de cien bancos acreedores, y su agujero  patrimonial es de 927 millones.