Renuncia el secretario general del Consejo de Gobierno andaluz tras ser imputado por los ERE

• Lozano va a recurrir el auto ante la Audiencia Provincial de Sevilla
• Ha sido imputado como director general de Presupuestos de la Junta
• La Guardia Civil traslada a Alaya que investiga otras "posibles irregularidades"

Antonio Lozano en una imagen de archivo

El viceconsejero andaluz de la Presidencia, Antonio Lozano, imputado en el caso de los ERE fraudulentos de la Junta, va a recurrir el auto ante la Audiencia Provincial de Sevilla y, a la espera de su resolución, ha decidido renunciar como secretario general del Consejo de Gobierno.

Fuentes de la viceconsejería han informado de esta decisión, que, ya ha comunicado, y que adopta a título personal.

Según el auto de la juez, el viceconsejero de la Presidencia ha sido imputado porque como director general de Presupuestos de la Junta entre 2002 y 2009 tuvo una "importante intervención" en las modificaciones presupuestarias y en los presupuestos, que recogían transferencias de financiación como crédito presupuestario para las subvenciones sociolaborales del programa 31L, conocido como "fondo de reptiles".

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha afirmado que el auto de la juez Mercedes Alaya en el que se imputa a una veintena de altos cargos por los ERE irregulares "no contiene absolutamente ningún reproche penal", por lo que considera que es "manifiestamente recurrible".

Por su parte, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas (IU), ha dicho que ningún imputado o procesado "puede estar en el Gobierno ni en ningún cargo de responsabilidad". No obstante Valderas ha pedido "prudencia" ante el nuevo auto de la juez Mercedes Alaya y ha apuntado que la mayoría de los imputados va a recurrir.

La Guardia Civil investiga "posibles irregularidades" en otras entidades

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido un oficio a la juez Alaya en el que le anuncia que próximamente elaborará un informe en el que analizará si otras entidades de la Administración autonómica han podido incurrir en "posibles irregularidades".

En este oficio, remitido el pasado 27 de junio a la juez Mercedes Alaya, la UCO señala que "las áreas donde se pretende avanzar se corresponden con el funcionamiento de distintas consejerías de la Junta, concretamente de aquellas que tuvieron adscrita al IFA/IDEA, así como las que participaban de algún modo en la elaboración del presupuesto de la empresa pública mencionada, en el mantenimiento del programa 31.L, conocido como "fondo de reptiles", y en las distintas modificaciones presupuestarias".

Al hilo de ello, la Guardia Civil señala que, "igualmente, se plasmará en un futuro informe cómo las distintas entidades de la Administración Pública andaluza se relacionaban entre sí en estos aspectos, con el fin de observar posibles irregularidades, si las hubiere", punto en el que considera de "especial interés" el factor de control desarrollado por la Intervención General de la Junta.

"Entender este trabajo de fiscalización permitirá comprender de una manera muy aproximada cómo se habría podido salvar esta labor de control, ya no sólo en relación al gasto sino también en todo lo referente a presupuestos y modificaciones de éstos", dice la Guardia Civil en este oficio, que incluye la declaración como testigos de 14 personas, entre los que se encuentran dos de los nuevos imputados por la juez, como son los ex secretarios generales de Hacienda Antonio Estepa y Buenaventura Aguilera.

“Las declaraciones pueden aportar información relevante para el caso“

A juicio de la UCO, estas declaraciones "han arrojado luz a muchos aspectos de los aquí indicados", por lo que "pueden constituir una fuente de información relevante para la instrucción" de la causa.

En dicho oficio, la Guardia Civil recuerda que está desarrollando diversas líneas de investigación "tendentes a esclarecer los hechos", señalando que "durante los últimos meses se ha profundizado en la actividad desarrollada por distintos actores protagonistas en el perfeccionamiento de la presunta actividad ilícita investigada, tales como mediadoras, asociaciones de trabajadores, aseguradoras o despachos de abogados".

Una vez recibido este oficio, la juez ha decidido dar "un paso cualitativo" en la instrucción con la imputación de 20 cargos y ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre los que destaca la exconsejera de Economía y Hacienda entre los años 1994 y 2004, exministra de Fomento y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Magdalena Alvarez, o el actual viceconsejero de Presidencia y director general de Presupuestos entre el 21 de abril de 2002 y el 26 de abril de 2009, Antonio Vicente Lozano.