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Entra en vigor el pacto fiscal europeo que lleva la austeridad al corazón de la UE

  • Ya lo han rubricado más de doce países, el mínimo necesario
  • Lleva la 'regla de oro' a las constituciones de los Estados que lo ratificaron
  • El texto, firmado por todos los Estados salvo Reino Unido y República Checa

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El pacto fiscal europeo destinado a incrementar la disciplina fiscal de los países de la zona euro logró hace unos días el respaldo mínimo exigido y entra así en vigor este 1 de enero.

El tratado establece una disciplina fiscal reforzada y una vigilancia más estricta dentro de la zona euro, con la introducción de la conocida como 'regla de oro', que limita el déficit estructural anual (sin incluir los gastos e ingresos de carácter cíclico) al 0,5% del PIB.

El texto ha sido rubricado ya por más de la mitad de los 25 países que lo firmaron el pasado 2 de marzo, cuando llegaron a este acuerdo todos los Estados miembros de la UE, salvo Reino Unido y República Checa.

Todos los países de la Unión Europea, con excepción del Reino Unido y de la República Checa, han sellado definitivamente el tratado internacional que confirma su compromiso con la disciplina presupuestaria y la consolidación de las cuentas públicas. Los jefes de Estado y de Gobierno de 25 países miembros de la UE firmaron el llamado "Tratado para la Estabilidad, la Coordinación y la Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria", en una ceremonia al inicio del último día de la cumbre europea.

El rechazo de estos países llevó al resto de los Estados miembros a firmar un acuerdo intergubernamental, a través del procedimiento conocido como "cooperación reforzada". En un plazo de cinco años tras su entrada en vigor, Bruselas quiere que sea incorporado al marco legal de la Unión Europea.

Regla de oro en las constituciones

Los diecisiete Estados miembros que forman parte del euro deben transponer en su legislación nacional la esa 'regla de oro', paso que ya dieron España e Italia tras la intervención del BCE en el mercado secundario de deuda en el verano de 2011, una exigencia del Banco Central Europeo para comprar deuda y rebaja las primas de riesgo de ambos países.

Han votado a favor los diputados del PSOE presentes en el hemiciclo (excepto Antonio Gutiérrez y José Manuel Bar Cendón, aunque este último se ha equivocado), el PP y UPN, mientras que se han manifestado en contra los dos diputados de Coalición Canaria y la líder de UPyD, Rosa Díez.

Posteriormente también han dado este paso Alemania y la segunda economía de la zona euro, Francia.

El Ejecutivo comunitario elaborará informes sobre la correcta introducción del freno de deuda en las legislaciones por parte de cada país, de modo que si persiste el incumplimiento, uno o más firmantes del acuerdo podrán llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Otros países comunitarios también pueden solicitar sanciones financieras al tribunal europeo para los estados que no trasladen el techo de gasto correctamente a su normativa.

Sin pacto no hay rescate

Las multas podrán ascender al 0,1% del Producto Interior Bruto (PIB) y los fondos que se recauden se ingresarán en el Mecanismo Europeo de Estabilidad o fondo permanente (MEDE) o en el presupuesto de la Unión Europea. Además, a partir del 1 de marzo de 2013 vincula la concesión de rescates a países a la ratificación del pacto fiscal.

El Eurogrupo y el fondo de rescate

Los países que forman parte del pacto fiscal se comprometen también a mantenerse en línea con el objetivo de déficit establecido para cada Estado miembro, en consonancia con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento europeo.

Los Estados miembros tendrán que implantar un mecanismo automático de corrección de los desvíos de los objetivos del déficit o del camino de consolidación, así como tener en cuenta su impacto acumulativo en la deuda. Los países que sufran circunstancias excepcionales como una "severa contracción económica" podrán desviarse de esos objetivos a medio plazo o del ajuste.

Así, los gobiernos con una deuda sustancialmente inferior al 60% del PIB podrán alcanzar un déficit estructural de hasta el 1% del PIB; por su parte, aquellos países con una deuda superior al 60% del PIB deberán reducirla en una veinteava parte al año.

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