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Amnistía Internacional recoge firmas para evitar la lapidación de una mujer en Sudán

  • Se encuentra en prisión, encadenada con su hijo de seis meses
  • Fue condenada en julio tras un "juicio injusto", sin acceso a abogado
  • La ONG consiguió detener una lapidación hace pocos meses

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Amnistía Internacional comienza una campaña contra la lapidación de una mujer en Sudán

Amnistía Internacional (AI) ha puesto en marcha una recogida de firmas en internet para tratar de detener la lapidación en Sudán de una mujer, de 23 años y con un hijo, acusada de adulterio.

Layla Ibrahim Issa Jumul fue condenada a muerte por lapidación el pasado 10 de julio tras un "juicio injusto", ya que no tuvo acceso a un abogado y su sentencia se basó únicamente en su confesión, asegura AI en un comunicado.

La mujer se encuentra en prisión encadenada con grilletes junto con su hijo pequeño de seis meses a la espera de que se ejecute la sentencia condenatoria, lo que, según la organización, violaría la Constitución de Sudán, que prohíbe la pena de muerte para mujeres embarazadas o madres de lactantes.

Así, AI ha iniciado una acción en internet para que quien quiera colaborar con la causa rellene unas casillas con sus datos en la web http://www.es.amnesty.org/actua/acciones/sudan-layla-lapidacion/ y enviar un mensaje a la embajadora de Sudán en España, Aida Abdelmagied Elsiekh, de repulsa por la futura ejecución.

Este caso de condena de muerte por lapidación es el segundo en los últimos meses, tras el de Intisar Sharif Abdallah, que quedó finalmente en libertad.

Amnistía Internacional muestra "su rechazo a la pena de muerte en cualquier circunstancia y a todos los métodos de ejecución" y, en concreto, subraya que la lapidación, concebida para causar a la víctima un gran dolor antes de que muera, "es una violación de la prohibición de la tortura contenida en el Pacto y en la Convención contra la tortura de la que Sudán es signatario".

Además, se opone a la criminalización de las relaciones sexuales consentidas entre adultos y considera a las personas detenidas por esta razón como "presas de conciencia".

Los casos de Layla Ibrahim Issa Jumul y de Intisar Sharif Abdallah tienen, según la organización, varios puntos en común: se trata de mujeres, madres jóvenes, que provienen de entornos marginales, y que no eran conscientes de sus derechos ni de la gravedad de los cargos contra ellas.

Ambas, prosigue el comunicado, fueron juzgadas sin representación legal, una "violación flagrante" del derecho a un juicio justo.