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Galicia y Castilla y León introducen reformas en el sector público contestadas por los funcionarios

  • Galicia acomete medidas que afectan a bajas, jornadas y salarios
  • Castilla y León adopta la ampliación de la jornada hasta las 37,5 horas
  • Las protestas de 2.500 funcionarios gallegos se cuelan en el hemiciclo

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Galicia y Castilla y León han aprobado nuevas medidas temporales para funcionarios

Recortar el cobro de la baja por incapacidad temporal, eliminar tres días de asuntos propios, o la posible reducción de hasta un tercio de la jornada laboral, así como la suspensión temporal del plus de altos cargos y la revisión de salarios y dietas de directivos públicos, han sido algunas de las modificaciones introducidas por el gobierno de la Xunta y que han supuesto que 2.500 funcionarios, convocados por UGT, CCOO, CIG y CSIF, protesten en las puertas del parlmaento gallego, e incluso en el propio hemiciclo.

En Castilla y León también ha habido protestas de los funcionarios, en este caso, por la aprobación también este martes de la ampliación de jornada a 37,5 horas semanales, al que se une la asunción del 'céntimo sanitario' por parte del ejecutivo de Juan Vicente Herrera.

En ambos casos, los cambios han sido aprobados con la mayoría popular y el rechazo de toda la oposición.

La Ley de Medidas Temporales de Empleo Público de Galicia, aprobada como proyecto el 16 de febrero, se inició con la polémica sobre su tramitación por la vía de urgencia que no evitó que el PP le haya dado en solitario luz verde definitiva, mientras PSdeG y BNG le acusaban de "fraude de ley" y de "aplicar el rodillo" de su mayoría parlamentaria.

En su intervención en el pleno, la conselleira de Facenda, Elena Muñoz, ha defendido la ley, que supondrá un ahorro anual de unos 80 millones de euros, como "necesaria, oportuna e imprescindible" y la opción "más favorable" de las que se tienen adoptado en otras comunidades autónomas porque respeta el salario de los funcionarios.

La protesta llegó a la tribuna de invitados del Parlamento, donde varias personas, que fueron expulsadas tras interrumpir unos minutos el pleno, exhibieron papeles con "No al recorte de los servicios públicos".

También ha puesto de manifiesto el elevado gasto en personal que tiene la Xunta, un 40% de su presupuesto total, 3.615 millones de euros este año.

El diputado del PSdeG José Manuel Lage ha asegurado que las medidas aprobadas hoy suponen "incumplir de cabo a rabo" el programa electoral presentado por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien "con el lema de Feijo09 pidió licencia para matar y si se la llegamos a dar acaba con este país", ha afirmado.

El céntimo sanitario, en Castilla y León

En las Cortes de Castilla y León han dado este martes, con el apoyo mayoritario del PP y la oposición del resto de grupos, la luz verde definitiva a la Ley que supondrá el cobro del 'céntimo sanitario' y un aumento "temporal" de la jornada laboral de los funcionarios, que cesará cuando el PIB regional crezca al 2,5%.

En el caso del 'céntimo sanitario', las gasolineras de la Comunidad comenzarán a cobrarlo el próximo jueves, 1 de marzo, con un recargo de 4,8 céntimos por litro que ingresará la Administración autonómica, aunque su aplicación supondrá para el bolsillo de los ciudadanos 5,66 céntimos por litro, al aplicarse el IVA correspondiente.

La única modificación que se ha introducido en la tramitación parlamentaria de la ley ha sido que los transportistas profesionales podrán deducirse la mitad de este importe, con lo que en la práctica pagarán 2,4 céntimos por litro en concepto de este impuesto dedicado en exclusiva a financiar la sanidad.

Esta medida ha sido unánimemente contestada por la oposición política, por los sindicatos y por la patronal Cecale, así como las asociaciones sectoriales involucradas en el transporte, que consideran que el cobro de este tributo puede suponer la pérdida de negocio, la desaparición de empleos y una merma en la recaudación para la Administración.

En el caso de las medidas que reforman la jornada laboral de los funcionarios, que pasarán a trabajar 37,5 horas semanales en lugar de las 35 actuales, el pleno de las Cortes celebrado este martes ha servido para llevar a la ley los acuerdos alcanzados en los últimos días por la Junta y los sindicatos representados en la Mesa de Función Pública, excepto UGT, que hoy ha expresado su protesta a las puertas de las Cortes al considerar que la medida destruirá empleo.

En la práctica y como puntos más destacados, se ha dado cuerpo de ley a que las medidas tengan un carácter temporal, vinculado a que el crecimiento económico esté en el 2,5 por ciento, -aunque sin aludir al 31 de diciembre de 2013 pactado en la Mesa de Función Pública-.

En el mismo sentido, se ha introducido en la ley el acuerdo al que la Consejería llegó ayer con el Sindicato Médico para desconovocar las huelgas previstas y que establece que la organización de las 2,5 horas semanales por trabajador corresponderá a cada centro de trabajo, en lugar de que sea la Consejería de Sanidad la que lo fije, que era lo previsto inicialmente.