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El exdirector de Trabajo de Andalucía declara que no tomó "decisiones unipersonales"

       
  • Su chófer le acusó de otorgarle subvenciones con las que compró cocaína
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  • Guerrero dijo que era "completamente falso" que le ordenara comprar droga
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  • Alega que daba "cumplimiento a un mandato de paz social"

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El que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la  Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero ha declarado este  jueves, ante la Guardia Civil, que durante el desempeño de su cargo  nunca adoptó "decisiones unipersonales" y que las ayudas libradas  directamente a través del antiguo Instituto de Fomento de Andalucía  (IFA) con cargo a la partida presupuestaria 31L respondieron a  "codecisiones compartidas".

La comparecencia de Guerrero se enmarca en la investigación que  promueve la juez Mercedes Alaya sobre una presunta trama de  prejubilaciones ilegales descubierta en numerosos expedientes de  regulación de empleo (ERE) financiados con cargo a estos fondos, así  como su destino general.

Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados en las  diligencias incoadas por la juez Alaya, ha comparecido desde  aproximadamente las 09.00 horas hasta las 15.00 horas, ante los  investigadores de la Guardia Civil en el propio cuartel de la avenida  de Eritaña, en Sevilla.

La Guardia Civil, según han informado a Europa Press fuentes del  caso, entró en contacto con él vía telefónica al objeto de llamarle a  declarar en compañía de su abogado, Fernando de Pablo. Efectivamente,  ambos han pasado la mañana en el cuartel central de la avenida de  Eritaña.

Ayudas a empresas

La comparecencia de Francisco Javier Guerrero ha versado sobre las  "ayudas a empresas" libradas directamente a través del Instituto de  Fomento de Andalucía, actualmente Agencia de Innovación y Desarrollo  de Andalucía (IDEA), con cargo a la conocida como 'fondo de  reptiles'.

Según la investigación, mediante un acuerdo rubricado entre la  Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo  Instituto de Fomento de Andalucía, durante los últimos años la  segunda de las instituciones habría librado 647.869.157,45 euros para  la reestructuración de empresas en crisis y otros aspectos con cargo  a la partida 31L, una fórmula supuestamente ajena a la Ley autonómica  de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa.

Las ayudas concedidas mediante este método, ni siquiera publicadas  en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), constituyen  según la Policía Judicial un "incumplimiento flagrante" de la Ley  General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

La declaración del chófer

A través de los expedientes de regulación de empleo financiados  por este método habrían sido consumadas 72 prejubilaciones  fraudulentas y otras 111 presentarían discordancias administrativas,  figurando supuestamente entre los beneficiarios de estas  prejubilaciones excargos públicos y militantes del PSOE y "amigos" y  conocidos de Francisco Javier Guerrero.

El último episodio de la investigación ha sido protagonizado por  el que fuera chófer de Guerrero, Juan Francisco T.B., quien ante la  Policía Judicial declaró que utilizó subvenciones autonómicas  libradas por Guerrero en favor de empresas de su titularidad, en  cocaína, "fiesta y copas" para ambos.

De cualquier modo, este jueves los investigadores de la Guardia  Civil habrían interrogado profundamente a Guerrero acerca de las  ayudas libradas mediante el citado método a determinadas empresas  andaluzas, interesándose por expedientes de subvenciones que se  remontarían a 2001, 2002 ó 2003. Francisco Javier Guerrero, en ese  sentido, habría respondido a los investigadores que a la hora de  otorgar estas subvenciones nunca adoptó "decisiones personales", pues  el libramiento de ayudas respondería a "codecisiones compartidas".   

Codecisiones compartidas

De hecho, habría desgranado a los agentes que, desde su cargo de  director general de Trabajo y Seguridad Social, trasladaba al  Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) los expedientes relativos a  las ayudas, siendo tales expedientes elevados "al consejo rector" del  propio Instituto de Fomento de Andalucía, que finalmente "aprobó" las  ayudas actualmente investigadas por la juez Alaya a cuenta de su  método de autorización y su destino.

Francisco Javier Guerrero, en ese sentido, habría defendido ante  los investigadores que "daba cumplimiento a un mandato" dirigido a  consolidar "la paz social" solucionando las situaciones de "personas,  empresas y territorios en crisis".

Por último, la comparecencia habría versado, igualmente, sobre  "algunas pólizas individuales" de seguro de rentas enmarcadas en los  expedientes de regulación de empleo investigados y que sufrirían  algún tipo de incidencia, aunque en algunos de estos casos el propio  Guerrero se habría mostrado incapaz de aclarar a los agentes  determinados detalles de estas pólizas individuales.

Los agentes, según las citadas fuentes, no habrían interrogado a  Guerrero acerca de los supuestos aspectos revelados por su antiguo  chófer en su reciente comparecencia ante la Policía Judicial de  Andújar (Jaén).

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