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La Fiscalía pide que se rebaje a cinco meses la pena de prisión impuesta a los directivos de la Ser

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La Fiscalía ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que rebaje de un año y nueve meses a cinco meses la pena de prisión que impuso a dos directivos de la cadena Ser por difundir en internet una lista de presuntas afiliaciones irregulares al PP en 2003.

La Fiscalía lo ha solicitado mediante un recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de lo Penal número 16, que condenó al director de la cadena, Daniel Anido, y a su director de Informativos, Rodolfo Irago, por un delito de revelación de secretos.

En su recurso, el fiscal pide que la condena se rebaje a lo que el ministerio público solicitó en el juicio celebrado en 2009, cinco meses de prisión a sustituir por 300 cuotas de multa con una cuota diaria de 10 euros y una pena de 5 meses de multa a razón de una cuota diaria de 10 euros.

La Fiscalía cree que la pena es desproporcionada

El ministerio público considera que la sentencia no aplica de forma correcta el artículo 68 del Código Penal, relativo a la proporcionalidad de las penas impuestas.

En el juicio, el fiscal solicitó que se rebajara en dos grados la pena y se les aplicara la eximente de obrar en el ejercicio legítimo de un derecho o cargo, mientras que la sentencia sólo la redujo en un grado.

Según argumenta el fiscal en su recurso, la conducta de los condenados consistió en ceder los datos reservados a la sociedad Ser.com, "que los difundió sin que resulte acreditado que fueran responsables de su publicación a través de este medio".

Los acusados, según la Fiscalía, declararon durante el juicio que facilitario a Ser.com el soporte documental que constituía la base de la información y, por tanto, "servía para contrastar la veracidad de la misma".

El recurso defiende el "interés público" de la información

Se trataba, agrega, "de una información de interés público, existencia de presuntas irregularidades de afiliación a un partido político, denunciadas por la propia alcaldesa de la localidad, inmersas en un presunto estado de corrupción urbanística".

El juz impuso también a los directivos una multa diaria de 100 euros diarios durante seis meses y el pago de una indemnización de 5.000 euros a cada uno de los denunciantes.

La información difundida por la Ser recogía las denuncias de la ex presidenta del PP de Villaviciosa de Odón, en Madrid, y sus advertencias en varias cartas al entonces secretario general del PP madrileño, Ricargo Romero de Tejada, de la existencia de 78 afiliaciones presuntamente irregulares.

La Ser dio la noticia de las presuntas irregularidades por radio y en su página 'web' la acompañó con las cartas y la lista con los nombres de los 78 afiliados.