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Alakrana, el secuestro que puso en jaque al Gobierno, la diplomacia y la Inteligencia

  • El final fue feliz pero se vivieron días de tensión y angustia
  • Había precedentes pero ha sido el secuestro más largo de un buque español

La detención de dos piratas y su traslado a España complicó la liberación

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Informe semanal - El Alakrana vuelve a casa

Fueron 47 días de secuestro que pusieron en jaque al Gobierno, la diplomacia y los servicios de Inteligencia españoles. El Estado se enfrentó a una situación no vivida hasta la fecha que terminó con final feliz pero no sin antes sufrir días de gran tensión y angustia.

La piratería marítima, convertida en nueva forma de terrorismo, ha sido un gran quebradero de cabeza para el Ejecutivo de Zapatero, que se ha visto obligado a tomar medidas contra un fenómeno que hace de las aguas somalíes las más peligrosas del mundo.

El buque 'Alakrana' fue secuestrado el 2 de octubre por piratas somalíes con 36 personas a bordo, 17 de ellos españoles. El barco estaba faenando en aguas situadas fuera de la zona de seguridad pactada por el Ministerio de Defensa y los armadores.

Ya había un precedente, el buque playa de Bakio estuvo retenido durante 6 días en abril de 2008, pero el secuestro del Alakrana se complicó desde el principio.

Pescar entre piratas

Una más que polémica detención

Sólo dos días después del apresamiento del barco, se detuvo a dos supuestos piratas implicados en el secuestro. El juez Garzón abrió un proceso contra ellos y ordenó su traslado a España.

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordena el traslado "urgente" a España de los dos piratas que participaron en el secuestro del atunero vasco 'Alakrana' y que fueron detenidos por la fragata 'Canarias' cuando intentaban llegar a las costas de Somalia (06/10/09).

Comienzaron entonces las críticas por parte de diferentes grupos de la oposición que acusan al Gobierno de mala gestión del secuestro y de improvisación en las actuaciones. El Gobierno siempre defendió la detención marcada por las directrices de la operación europea Atalanta contra la piratería marítima.

Un galimatías jurídico ante las dudas de la mayoría de edad de uno de los piratas detenidos terminó de enfadar a las familias de los secuestrados, que comenzaron a mostrarse impacientes ante el Gobierno que siempre pedía "prudencia" y "discreción".

Cuando la maquinaria diplomática estaba más activa, un movimiento de los piratas dio un giro a la situación complicándola aún más. Supuestamente los piratas desembarcaron a tres tripulantes del Alakrana (que nunca llegaron a tierra, como posteriormente explicó el Gobierno) y amenazaron con matarlos si no se libera a los dos detenidos en España.

La paciencia de los familiares llegó a su fin

La paciencia de los familiares llega a su fin y el 7 de noviembre salen a la calle. Temían por la vida de los miembros de la tripulación. Mientras tanto, el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional procesó a los dos piratas por 36 delitos de detención ilegal, robo con violencia y uso de armas.

Desde el barco, son los propios tripulantes los que pusieron en alerta sobre su preocupante situación. El 10 de noviembre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, trató de tranquilizar a las familias con una reunión en La Moncloa.

El jefe del Ejecutivo pidió confianza y las familias decidieron hacer menos ruido. Sólo siete días después Zapatero ofreció una rueda de prensa para informar de la liberación del barco. El mismo día, los piratas ya habían anunciado que dejaba en libertad el buque tras el pago de un rescate de más de 2 millones de euros.

Tras la liberación, el Gobierno quiso dejar claro que el Estado no había pagado ningún rescate. El PP, que ya había avisado de que una vez se resolviese el secuestro iba a exigir responsabilidades al Gobierno sobre la gestión, cumplió lo prometido y exigió la reprobación de los ministros de Justicia y Defensa, además de la de la vicepresidenta primera.

En la actualidad, nuestros barcos faenan con seguridad privada a bordo, en virtud del acuerdo adoptado en el Consejo de Ministros del 30 de octubre aunque los armadores y varios grupos de la oposición consideran necesaria la presencia de las Fuerzas Armadas a bordo.