Trinidad Martínez queda en libertad provisional y seguirá como alcaldesa de San Fulgencio

• La edil socialista y otro concejal siguen imputados por una trama de corrupción urbanística
• Su abogado niega que los hechos juzgados sean delito y niega que haya corrupción política
• Este viernes declararán el resto de acusados
• Los arrestos se han desecandenado tras un vídeo de un edil recibiendo un sobre

La alcaldesa de San Fulgencio, la socialista Trinidad Martínez, y el concejal de Seguridad, Juan Antonio Gamuz, han quedado en libertad provisional pero mantienen su condición de imputados tras prestar declaración ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Orihuela.

Martínez, que ha sido suspendida por el PSPV, ha anunciado que seguirá al frente del ayuntamiento.

Bajo esta misma situación ha quedado el abogado y asesor municipal Juan Antonio Ramos Calabria, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Sin embargo, la alcaldesa, tras afirmar a su salida de los juzgados que tanto ella como el edil están "muy tranquilos", ha asegurado que "la acusación no es por ninguna trama urbanística".

Los tres mantienen su condición de imputados en la causa abierta "para la investigación de presuntos delitos urbanísticos" y deberán comparecer en el juzgado cada quince días para firmar, según han añadido las citadas fuentes.

Tanto la alcaldesa como el edil, así como el abogado y asesor del citado ayuntamiento, fueron detenidos este miércoles por orden de la titular del citado juzgado oriolano, quien instruye, bajo secreto de sumario, una investigación relacionada con el posible cobro de comisiones ilegales para impulsar un plan urbanístico.

¿Corrupción urbanística o no?

"Puedo seguir al frente de la Alcaldía y lo voy hacer", ha subrayado Martínez, después de que fuera interrumpida por el edil de Seguridad al exclamar éste: "No hemos hecho nada".

En esta misma línea de declaraciones, el abogado de ambos, José Pardo, ha apuntado que "no hay nada de corrupción urbanística", pues, según ha añadido, "aquí todo es un problema de dogmática penal, es decir, saber si lo que ha pasado -hecho que ha eludido explicar- es delito o no".

"A mi juicio, no es delito y no procedía ante el juzgado realizar las detenciones", según el abogado, quien ha afirmado que "no hay corrupción política".

Por su parte, el abogado de Juan Antonio Ramos Calabria, José Miguel Porras, ha indicado que "no hay imputación por cargos de cohecho, tramas urbanísticas de las que se hablan o de esa naturaleza de delitos".

Supuestos pagos de comisiones

La alcaldesa y el letrado, por un lado, y el edil, por otro, fueron conducidos a las 12,30 horas en dos coches camuflados de la Policía hasta el garaje de los juzgados oriolanos, desde donde fueron trasladados a otras dependencias judiciales.

Asimismo, está previsto que los otros tres detenidos en la misma operación -otro concejal socialista y dos ediles independientes- comparezcan este viernes ante la juez.

Estas detenciones se han producido después de que fuera arrestado el ex primer teniente San Fulgencio, el independiente Manuel Barrera, tras difundirse un vídeo en el que, al parecer, recibía un sobre con 5.000 euros de unos supuestos empresarios para favorecer, presuntamente, un plan urbanístico con viviendas, hotel, campo de golf y un puerto deportivo.