Barcelona contará con el primer fiscal especializado contra el acoso inmobiliario

• La ciudad condal ha registrado más de 500 denuncias en los últimos cuatro años
• Una de cada tres situaciones de acoso inmobiliario se localiza en el casco antiguo
• Esta experiencia piloto podría extenderse a otras partes de Cataluña

Un fiscal investigará el acoso inmobiliario

Barcelona contará con el primer fiscal en toda España especializado en casos de acoso inmobiliario, un fenómeno por el que entre 2004 y 2007 se presentaron más de 509 denuncias en las oficinas municipales de vivienda de la capital condal, de las que siete llegaron a los tribunales.

El alcalde de Barcelona Jordi Hereu y la Fiscal Superior de Cataluña Teresa Compte han firmado un acuerdo para que ambas instituciones actúen de manera coordinada si se comprueba que existen indicios de acoso entre los casos que se denuncian en estas oficinas de atención al ciudadano.

El acoso inmobiliario define las prácticas dirigidas a deteriorar la vivienda de un inquilino o un propietario, así como la presión que los especuladores de este sector para que los afectados abandonen el inmueble, normalmente de renta antigua o afectado por un plan urbanístico.

Las funciones de este fiscal especializado -en una experiencia piloto que se podría extender a otras zonas de Cataluña- serán las de coordinarse con el Ayuntamiento de Barcelona para analizar las denuncias, instruir las diligencias de investigación si fuera necesario y presentar ante los tribunales los casos de posible acoso que tengan que seguir la vía penal.

Antes la mediación

No obstante, y antes de llegar a este extremo, el consistorio -a sabiendas de que ahora cuenta con el respaldo "disuasorio" de la Fiscalía frente la acción de los acosadores- intentará usar la vía de la mediación con los residentes (utilizada con éxito en 23 casos), y solo como último recurso se recurrirá a la vía penal.

El acoso inmobiliario ha proliferado en los últimos años sobre todo en el casco antiguo de Barcelona donde se produjo el 33% de estos 509 posibles casos, la mayor parte de los cuales están ahora siendo documentados.

En lo que va de 2008, se han denunciado en Barcelona otras 23 situaciones más de este tipo (10 de ellas en Ciutat Vella).

Aunque el acoso inmobiliario no está tipificado como tal en el Código Penal, esta práctica abusiva se suele encuadrar en los delitos contra la integridad moral o de coacción, con penas que van de 6 meses a 3 años de prisión para el primer caso y de 6 meses a 2 años para el segundo, a los que se podría añadir un delito de desobediencia contra el "acosador".