El juez inicia el trámite para imputar a Rita Barberá por blanqueo
- El instructor pregunta si Barberá es senadora para ver quién debe investigarla
- La Mesa del Senado no se pronuncia y envía la cuestión al Tribunal Supremo
- El juez busca acreditar la condición de aforada de la exalcaldesa de Valencia
El juez de instrucción número 18 de Valencia ha iniciado el trámite para imputar a Rita Barberá por blanqueo de capitales al dirigir un escrito al Senado en el que pide que acredite la condición de senadora de Rita Barberá para determinar si es competente para investigarla.
En un escrito dirigido al presidente del Senado, Pío García-Escudero, el juez busca así acreditar la condición de aforada de la exalcaldesa de Valencia, lo que le impediría investigarla y le obligaría a remitir la causa al Tribunal Supremo.
La Mesa del Senado, que se reúne este mediodía, ha estudiado la petición del juez pero no ha querido pronunciarse al respecto y reenviará al Supremo el escrito del juez, al entender que debió enviarlo directamente al alto tribunal para conocer si la exalcaldesa está o no aforada. "No corresponde al Senado contestar", ha dicho el vicepresidentede primero de la Mesa, el 'popular' Pedro Sanz.
El Tribunal Supremo cuenta con la lista actualizada de diputados y senadores, puesto que le corresponde llevar cualquier causa en la que estos estén implicados. Por el momento se trata de una cuestión de procedimiento. En los próximos días, el Supremo recibirá el escrito del Senado y tendrá que responderle al juzgado valenciano que investiga los casos Imelsa y Taula que, efectivamente, Barberá está aforada.
Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha dicho que van a "esperar" para tomar cualquier medida respecto a Rita Barberá, y ha garantizado que si resultase "afectada" en el sumario de la Operación Taula, él sería "partidario" de que el partido tomara "medidas" y de que la exalcaldesa ofreciera "explicaciones claras", pero insiste en "esperar" porque en primer lugar la propia afectada "tiene derecho a saber de qué se le acusa".
Un suplicatorio y un Pleno para retirar el aforamiento
En caso de que crea que hay indicios de delito por parte de la exalcaldesa, el juez de instrucción deberá remitir la causa contra Barberá al Tribunal Supremo. Será entonces, y pueden pasar semanas, cuando el Supremo solicite el suplicatorio al Senado, la retirada temporal del aforamiento, un paso imprescindible para que un parlamentario nacional pueda ser juzgado.
Esta retirada del aforamiento exige que se reúna primero la Comisión de Suplicatorios, ante la que puede comparecer el afectado para dar explicaciones. Una vez que esta comisión decide conceder o no el suplicatorio, envía su propuesta al Pleno, que la aprueba definitivamente.
Será probablemente la primera vez que se reúna el Pleno del Senado en la nueva legislatura, que arrancó el día 13 de febrero y no ha registrado todavía ninguna actividad en la Cámara Alta, a la espera de que se produzca la investidura del presidente del Gobierno.
La Mesa del Senado sí ha tramitado este martes la solicitud de suplicatorio para el senador de EH-Bildu Iñaki Goioaga, a quien el Supremo juzgará por delitos de pertenencia o colaboración con la organización terrorista ETA.
Todos estos trámites pueden producirse con un gobierno ya formado y el Parlamento a pleno rendimiento, pero puede también darse el caso de que la investidura fracase, se disuelvan las Cortes a principios de mayo y se celebren de nuevo elecciones en junio. Sería entonces la Diputación Permanente la que tendría que resolver el suplicatorio, puesto que es el único órgano que funciona en periodo electoral.
Barberá es senadora autonómica y además miembro de la Diputación Permanente de la Cámara Alta, por lo mantiene el aforamiento aun cuando se disolviesen las Cortes por una eventual nueva convocatoria de elecciones generales. La exalcaldesa de Valencia no se ha presentado en las primeras sesiones de las dos comisiones del Senado en las que ocupa el cargo de vocal por el PP, la Comisión Constitucional -en la que inicialmente estaba propuesta para ocupar la Presidencia- y la Comisión de Economía y Competitividad.
Barberá, en el punto de mira por la Operación Taula
El juzgado de instrucción número 18 de Valencia investiga el supuesto cobro de comisiones a cambio de contratos fraudulentos y la posible derivación en una supuesta financiación ilegal del PP de Valencia.
Tanto Fiscalía Anticorrupción como la Guardia Civil sospechan -de forma indiciaria- que tanto Barberá como el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps y el exvicepresidente del Gobierno valenciano y diputado del PP por Alicante Gerardo Camps estarían implicados en el presunto blanqueo del dinero que se está investigando, según informan fuentes conocedoras del procedimiento a Europa Press. Sin embargo, ninguno de los tres ha sido detenido o citado a declarar, puesto que la ley no lo permite.
El nombre de Rita Barberá salió a relucir desde el primer momento en el que se destapó públicamente la Operación Taula, a finales del pasado mes de enero, un caso relacionado inicialmente con presuntas irregularidades en contrataciones públicas de la empresa Imelsa, de la Diputación de Valencia; y posteriormente con un presunto delito de blanqueo del PP, por el que han acabado imputadas -investigadas, en la nueva jerga jurídica- 49 personas entre concejales, exediles, asesores y exasesores del PP valenciano.
El juzgado investiga ambas piezas por separado, en un procedimiento declarado secreto hasta el 14 de marzo. Los delitos que se imputan a los investigados -en total, unas 80 personas- son, en diferentes grados, prevaricación administrativa, malversación de caudales, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales. Por el órgano judicial ya han desfilado todos los investigados y una gran mayoría se ha acogido a su derecho a no declarar.
Rita Barberá hizo público un comunicado el pasado 2 de febrero en el que afirmaba que "ningún contrato del Ayuntamiento de Valencia se ha amañado, ni ha habido ninguna mordida, ni desvío a financiación ilegal". Barberá añadía que las adjudicaciones del Ayuntamiento de Valencia, durante los 24 años que fue alcaldesa, "no se han puesto en duda".
Sin embargo, desde que se conoció la Operación Taula, no ha cesado la presión de la oposición para que dimita. Incluso su partido le ha pedido que dé explicaciones públicas y también que piense qué aporta a las siglas, según dijo el lunes el portavoz, Pablo Casado, quien apuntó a la senadora que "hay vida más allá de la política".
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