Exasesores del PP valenciano revelan presiones para donar 1.000 euros que les devolverían en billetes de 500

Exasesores del PP en el Ayuntamiento de Valencia han revelado que fueron objeto de presiones para que realizaran donaciones de 1.000 euros dedicadas a financiar la campaña electoral del partido que les serían devueltos al día siguiente en efectivo, en billetes de 500.

Según estas prácticas, se llamaba a los asesores y concejales para hacerles la propuesta de hacer una "donación" de 1.000 euros al partido que, según se les explicaba, sería después devuelta, pero no mediante transferencia bancaria, sino en efectivo, con dos billetes de 500 euros.

Las fuentes consultadas por Europa Press apuntan a la secretaria del grupo popular, María del Carmen García Fuster -detenida en la Operación Taula-, aunque no siempre era ella quien realizaba las llamadas y proposiciones.

Al menos cuatro extrabajadores -según ha trascendido, Nuria Diego, Arantxa Martí, Patricia Iserte y Jesús Gordillo- rechazaron aceptar ese ofrecimiento, pese a que existían amenazas y presiones en el ámbito laboral. Además, las mismas fuentes aseguran que hubo compañeros que fueron "engañados" y no se les explicó bien lo que se pedía.

La investigación contra una supuesta trama de corrupción que se está desarrollando en la denominada Operación Taula se extiende a una presunta financiación ilegal del PP valenciano y, también, al blanqueo de capitales. Los integrantes de esta trama se servían de sus puestos de responsabilidad en las administraciones o en empresas públicas para presuntamente obtener comisiones a cambio de contratos fraudulentos.

Se investigan contratos desde 2003 y las pesquisas se centran en la empresa Imelsa, de la Diputación de Valencia, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia,  Ciegsa (empresa creada por la Generalitat para la construcción de infraestructuras educativas) y la Fundación Jaume II El Just, también dependiente de la Generalitat, por realizar adjudicaciones fraudulentas a cambio de comisiones ilegales, informa el TSJ de la Comunidad Valenciana.

Actualmente, hay abiertas varias vías de investigación y, entre ellas, se estudia la posibilidad de que se hubiera incurrido en financiación ilegal del PP valenciano y que algunos altos cargos 'populares' tuvieran conocimiento de estos hechos.