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Este martes se ha aplicado la eutanasia al hombre conocido como el 'pistolero de Tarragona'. Quedó tetrapléjico después de ser abatido por la policía tras provocar un tiroteo. El caso ha puesto encima de la mesa el debate jurídico, porque su muerte impide que haya un juicio por la vía penal. Ahora las víctimas solo tendrán opción en la vía civil o administrativa.

Foto: Getty

Un centenar de británicos invirtieron sus ahorros en una pedanía de Murcia creyendo que las viviendas eran legales, pero no lo eran. Llevan casi veinte años viviendo sin luz y sin agua. Ni siquiera tienen escritura de sus casas. Los constructores desaparecieron cuando estalló la burbuja del ladrillo. Ahorabuscan regularizar su situación con el ayuntamiento.

La urbanizaciónno dispone de cédula de habitabilidad y tampoco tienen los servicios básicos aunque pagan sus impuestos. La compañía eléctrica nunca les ha proporcionado electricidad porque considera estas propiedades como ilegales. "Muchos se tienen que apañar con paneles solares y generadores", explica Linda, una de las afectadas.

Al tratarse de un condominio, los vecinos son copropietarios del terreno y no de sus casas. Ahora ni siquiera las pueden legar a sus herederos. El ayuntamieto trabaja para reparcelar la zona. "Nadie va a poder asumir el coste que le correspondería de pago de todas las infraestructuras", apunta Pedro Rivera, abogado de la comunidad de propietarios. Por su parte, el concejal de Urbanismo de Murcia, Andrés Guerrero, asegura que "se está trabajando en llevar a cabo la adecuación del plan urbanístico".

El siguiente paso será conectar las casas a las redes de distribución y equiparlas de servicios. Sueñan con algo tan básico como salir a pasear por calles urbanizadas donde los parques sustiuyan a los escombros.