La juez investiga un supuesto tráfico de influencias en una permuta de terrenos entre la Generalitat y el Palau. Castells, que ha ido en calidad de testigo, ha rechazado cualquier actuación irregular repecto a Millet y Montul, los dos ex-responsables del Palau que están encarcelados por esta causa.
La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), María Emilia Casas, ha convocado un Pleno para este lunes y los días sucesivos en cuyo orden del día se incluye la deliberación sobre su borrador de sentencia del Estatut de Cataluña, así como la resolución, previsiblemente denegatoria, de los recursos de súplica interpuestos por la Generalitat en el marco de este procedimiento.
La juez les acusa de un delito de tráfico de influencias y otro de apropiación indebida. Es una causa separada del otro caso en el que están imputados, el del saqueo del Palau, por el que en su momento quedaron en libertad con cargos.
Ha quedado visto para sentencia el juicio contra Roberto Alonso de la Varga, acusado de golpear y dejar tetrapléjico al congoleño Miwa Buene. El fiscal pide 12 años de cárcel con la agravante de racismo. En su alegato final, el acusado ha negado que sea racista y agresivo.
Pide 10 años de cárcel para Muñoz, 12 para García Marcos y 20 para Yagüe
Ha llegado a manos de la Fiscalía andaluza el caso de 20 mujeres supuestamente esclavizadas por el gurú de una comunidad religiosa hinduísta. La congregación, con sede en Granada, lo niega todo y se han querellado por injurias.
Diez condenados a prisión en el franquismo por su condición sexual, los primeros indemnizados en Andalucía que se han acogido a la Ley de Memoria Histórica, han logrado que borren sus antecedentes penales. Aseguran que los 4.000 euros que recibirán cada uno como compensación no pueden borrar el dolor ni de ellos ni de sus familias. (15/06/10)
El Servicio Andaluz de Salud ofrece indemnizar a un matrimonio con 60.000 euros porque admite que hubo negligencia en la muerte de uno de los dos bebés que perdieron por una meningitis mal diagnosticada. Los padres reclamarán en los tribunales una indemnización muy superior porque creen que también la muerte del primer bebé pudo evitarse.
Según confesó, disparó a la mujer con su arma reglamentaria, cuando ella iba a entrar en el cuartel a denunciarlo. La fiscalía y la acusación particular piden 20 años de prisión para el acusado, que está en libertad por un error judicial.
