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El Tribunal Supremo ha asumido el criterio de la Fiscalía y ha rechazado abrir una investigación contra el líder del PP, Pablo Casado, por las supuestas irregularidades del máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid en el año 2008-2009, si bien no descarta que pudo haberse producido "un trato de favor".
"Aunque pueda considerarse que de las actuaciones resultan indicios de que se ha dispensado un trato de favor al aforado", señala el Supremo, esto merecería "otro tipo de consideraciones ajenas al Derecho Penal".
La Sala de Admisión del alto tribunal acoge íntegramente la tesis de la Fiscalía, que se opuso a abrir causa contra Casado, y no ve indicios de que el líder del PP pudiese haber cometido los delitos de prevaricación y cohecho impropio.

El Gobierno tiene "la voluntad" de conseguir que se suprima el aforamiento en aquellos políticos que cometan delitos de corrupción en el ejercicio de su cargo. Hasta ahora, el PSOE sólo había ligado la supresión del aforamiento cuando el delito no tenga que ver con la función desempeñada por el acusado. Así lo ha anunciado la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, después de que este viernes por la mañana la vicesecretaria general y portavoz del PSOE, Adriana Lastra, anunciara que su partido pretende sacar los delitos de corrupción del aforamiento.

La Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) ha pedido a la Sala de lo Penal que no investigue al presidente del PP, Pablo Casado, por las presuntas irregularidades en su máster cursado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, al no apreciar indicios de prevaricación y cohecho. La decisión de la Fiscalía no es vinculante, por lo que será la Sala de Admisiones del Supremo la que determinará si investiga o no a Casado. La Fiscalía responde así al Supremo, que el pasado día 13 pidió que emitiera un informe sobre si debe o no investigar a Casado después de que la magistrada del juzgado de instrucción de Madrid que llevaba el caso, Carmen Rodríguez Medel, elevara al alto tribunal un escrito en el que determinaba que Casado pudo incurrir en delitos de cohecho impropio y prevaricación administrativa.