Tribunal Supremo

• Cumple así con el requerimiento del alto tribunal, que investiga al exministro socialista por el caso Koldo
• El Supremo ve "falta de sintonía" entre el patrimonio declarado y el dinero reflejado en sus cuentas

• La defensa del exsecretario de Organización remitió un escrito al Alto Tribunal para solicitar su salida de Soto del Real
• Anticorrupción y la acusación popular que dirige el PP se oponen a levantar la medida cautelar

Nuestro invitado esta semana en la serie de Conversaciones con José María Brunet es un referente de la izquierda judicial española. Se trata de José Antonio Martín Pallín (La Coruña, 1936), fiscal de carrera y magistrado emérito del Tribunal Supremo. Fue miembro de Justicia Democrática, organización fundada en 1971, y formada por jueces, fiscales y secretarios judiciales. Sus miembros tuvieron una participación muy activa a favor del cambio democrático y, junto a partidos y sindicatos, se integraron primero en la Junta Democrática y más tarde en la Platajunta, dos instancias básicas en esa labor de impulso para la transformación de España en un Estado social y democrático de derecho. Martín Pallín ejerció como fiscal entre 1966 y 1989, período en el que estuvo tres años en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, el estado mayor de la Fiscalía. A partir de este último año, 1989, ejerció como magistrado de la Sala Penal del Supremo hasta 2011, en que se jubiló. Martín Pallín se ha caracterizado por adoptar posiciones muy claras sobre los asuntos judiciales más candentes, siempre desde una perspectiva progresista y con marcado acento social. Discrepó, por ejemplo, de la condena por sedición impuesta a los líderes del procés, presidió la comisión que redactó un informe sobre el drama de las residencias de Madrid durante la primera fase de la pandemia de Covid-19, y más recientemente ha sido coautor de una querella contra el Rey emérito por delitos fiscales. Hablamos con nuestro invitado sobre la evolución y la politización de la justicia española, y sobre procesos judiciales concretos en los que se ha denunciado esta deriva. Por ejemplo, los que afectan a familiares y otras personas del entorno político del presidente del Gobierno, así como de la ley de amnistía y su inaplicación plena a los líderes del proceso independentista catalán condenados por el delito de malversación.

• El juez no va a dictar un auto de apertura de juicio oral sin conocer antes si la Sala lo avala o no
• Acepta la petición por "razones de prudencia" y ve "razonable" que queden resueltas las objeciones

• La defensa de Cerdán sospecha que Koldo García pudo ejercer de fuente policial
• Anticorrupción se opone a excarcelarle por la posibilidad de destruir o alterar pruebas

• El Ministerio Público rechaza el recurso presentado por la defensa del ex secretario de Organización del PSOE
• El abogado considera que se trata de "una prisión provisional adoptada sin indicios de criminalidad suficientes"

• Lo ha reconocido en el Tribunal Supremo, donde ha declarado de forma voluntaria tras la petición del juez
• El alto tribunal aprecia indicios de un delito de financiación ilegal y otros de estafa y apropiación indebida

• La UCO y el juez señalan discrepancias entre el patrimonio declarado y las cuantías reflejadas en sus cuentas
• En el PSOE defienden que las cuentas están perfectamente declaradas y fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas

• El Tribunal Supremo condenó a devolver las figuras de Abraham e Isaac del Pórtico de la Gloria
• El Ayuntamiento buscará una ubicación provisional antes de darles un destino definitivo

• El condenado está obligado a indemnizar a la víctima con 1,5 millones de euros
• Se le atribuyen los delitos de maltrato familiar y de lesiones agravadas con las agravantes de parentesco

• Escribió mensajes como "si lo sacan (a Franco) me cargo a Sánchez" o "me sentaré en la tumba y si se acercan disparo"
• Sus amenazas fueron denunciadas por una dirigente local de Vox a los Mossos

Antxon Alonso y Fernando Merino, dos de los empresarios imputados por su presunta implicación en el pago de mordidas a exdirigentes socialistas en el marco del caso Koldo, han declarado este lunes como investigados en el Tribunal Supremo y han negado haber participado en estas comisiones. El empresario de Servinabar ha reconocido que contrató a Koldo García, exasesor del ministro José Luis Ábalos, durante nueve meses por un total de 5.500 euros para sacarle del paro. Durante este tiempo, ejerció como comisionista, consiguiendo obras privadas para Servinabar.

El magistrado Leopoldo Puente les investiga por el supuesto pago de mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública. El primero en comparecer ha sido Merino, exresponsable de Acciona, que ha comenzado a las 10:00 de la mañana. Al término de este ha sido el turno de Alonso, el presunto socio del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la empresa Servinabar.

Después de las declaraciones, el juez ha ordenado medidas cautelares para los tres presuntos corruptores. En concreto, les ha prohibido salir de España y les ha obligado a que comparezcan cada quince días en sede judicial. De esta forma, el magistrado Leopoldo Puente ha accedido a la petición de medidas cautelares realizada por la Fiscalía Anticorrupción y por las acusaciones populares.

Según fuentes presentes en su declaración, Alonso solo ha respondido a preguntas de su abogado, a quien ha explicado que ofreció a Cerdán el contrato de compraventa de participaciones de Servinabar cuando este se planteó abandonar la política. Más tarde, ambos descartaron esta operación cuando el exnúmero 3 del PSOE decidió permanecer en política. Según la Guardia Civil, esta empresa se habría hecho con obras del Gobierno de Navarra por más de 75 millones de euros.

• También ha negado este pago de mordidas el exdelegado de Acciona en Navarra, Fernando Merino
• Alonso ha reconocido que contrató a Koldo durante nueve meses por un total de 5.500 euros

Ha pasado un año desde que el Tribunal Supremo ratificó la condena de Las Seis de La Suiza. Desde entonces, las seis personas condenadas por delitos de coacciones y obstrucción a la justicia, están a la espera de entrar en prisión. Tratamos de reconstruir una historia que comienza en el año 2017 como un conflicto trabajadora-empresa y cuyas consecuencias siguen resonando hoy. ¿Esta sentencia supone un ataque a la libertad sindical? ¿Dónde está el limite en las protestas? Nos acercamos al tema hablando con todas las partes: Javier Gómez Bermúdez, abogado del dueño de La Suiza y presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional entre 2004 y 2012; Alberto Novoa, abogado laboralista y portavoz de la junta directiva de ASNALA; Herminia González, portavoz de la asociación de apoyo SOFITU; y Álvaro del Río, Secretario General de la CNT en Asturias y León.

• El juez ordena comparecencias quincenales para los tres empresarios y la retirada del pasaporte para José Ruz
• El Tribunal Supremo inicia con Ruz y los dos hermanos Fernández Menéndez una ronda de cinco declaraciones

• El juez sostenía que podría haber cometido esos delitos en el caso Begoña Gómez y la contratación de una asesora
• En la exposición razonada Peinado llegaba a afirmar que Bolaños la última vez que vio a Gómez fue en su funeral

En el segundo de los tres días de huelga convocados por cinco asociaciones de jueces y fiscales en protesta por los proyectos legislativos del Gobierno, que buscan reformar el acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal, hablamos con Joaquín Giménez, magistrado emérito del Tribunal Supremo, en Las Mañanas de RNE: "Los jueces son un poder del Estado, como tal no se pueden ni se deben poner en huelga", afirma.

"Supone una manifestación clarísima de una Justicia militante que queda fuera de lo que debe ser la Justicia imparcial, al margen de los debates políticos", el magistrado hace referencia al filósofo francés Montesquieu: "La peor tiranía es la judicial que se ejerce a la sombra de la ley y al calor de la Justicia", dice. Por tanto, un juez no puede potenciar una "ruptura institucional", eso no quiere decir que no requiera una reforma. Aunque, según Giménez, "hay que entender que esta reforma supone una lesión contra el Estado de Derecho, nos olvidamos que Poder Judicial tiene que respetar al Legislativo", concluye.

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• El exsecretario de Organización del PSOE ingresó este lunes en la cárcel tras declarar como imputado en el Supremo
• El Gobierno considera "desgarradora" la imagen de Cerdán en la cárcel y niega financiación irregular en el PSOE

Santos Cerdán estaba en el punto de mira de la oposición desde que se filtrara, hace más de un mes, que un informe de la UCO lo vinculaba con el caso Koldo. El PSOE defendió su integridad y él siempre negó las acusaciones hasta que los audios grabados por el propio Koldo, forzaron su dimisión.