Jordi Nieva Fenoll, catedrático de Derecho Procesal Universidad de Barcelona, considera que la ley de amnistía “cumple con el punto de vista constitucional y de compatibilidad de las normas internacionales”, aunque señala que “tiene imprecisiones técnicas en cuanto al procedimiento para declarar la amnistía en un proceso”, lo que, a su parecer, podría retrasar su aplicación. Fenoll ha subrayado en Las Mañanas de RNE que “un Tribunal no puede ser rebelde” ante una ley sobre la que él ve “un margen de maniobra muy estrecho”, y recuerda que la división de poderes indica que “el Tribunal Constitucional debe respetar la ley aunque no esté de acuerdo con ella”.
El PSOE ha registrado en el Congreso de los Diputados la proposición de ley de amnistía. El texto, pactado entre el PSOE y los partidos independentistas Junts y ERC, propone eliminar la "responsabilidad penal, administrativa o contable" a los encausados por el procés, desde el 1 de enero de 2012 hasta el 13 de noviembre de 2023, lo que abarca las consultas independentistas de 2014 y 2017.
Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona, afirma que "en la exposición de motivos, se dibujan unos objetivos que caben dentro de la Constitución". Sin embargo, no cree que la amnistía sea la medida más idónea, ya que "puede provocar un tratamiento desigual respecto a aquellas personas que hayan cometido los mismos delitos, pero no con la intencionalidad política de los independentistas". Por otro lado, no considera adecuados los pronunciamientos públicos del poder judicial "acerca de la oportunidad o constitucionalidad de una ley que todavía no existe".
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El PSOE ha registrado en el Congreso de los Diputados la proposición de ley de amnistía. El texto, pactado entre el PSOE y los partidos independentistas Junts y ERC, propone eliminar la "responsabilidad penal, administrativa o contable" a los encausados por el procés, desde el 1 de enero de 2012 hasta el 13 de noviembre de 2023, lo que abarca las consultas independentistas de 2014 y 2017.
Mercedes García Arán, catedrática de Derecho Penal de la Universitat Autònoma de Barcelona, considera que "es una ley muy generosa" desde el punto de vista penal. Además, afirma que la exposición de motivos es adecuada: "Es una ley complicada de defender y, por lo tanto, hay que explicarla muy bien para que no parezca arbitraria, sino justificada y legitimada por los fines que persigue". García Arán entiende "el malestar" de los jueces ante el texto de acuerdo entre PSOE y Junts, pero reconoce que no es lo mismo que recoge la proposición de ley, la cual la ha dejado más tranquila: "En una primera lectura, me parece un buen texto".
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La proposición de ley abarca desde el 1 de enero de 2012 hasta el 13 de noviembre de 2023, e incluye los actos previos antes de la consulta del 9N y todas las consecuencias del 1-O. El artículo 1 detalla que incluye losactos cometidos con la intención de reivindicar, promover o procurar la independencia de Cataluña, así como los que hubieran contribuido a la consecución de tales propósitos.
En el proyecto también se detalla que los tribunales deberán aplicar la ley en un plazo máximo de dos meses, que deberán ordenar la puesta inmediata en libertad de aquellos beneficiarios que ahora mismo estén en prisión, y que se van a borrar todos los antecedentes penales y quedarán sin efecto las órdenes nacionales, europeas e internacionales de busca y captura. Esto último afecta a Puigdemont, que podrá regresar a España sin riesgo de entrar en prisión.
En resumen, quedan incluidos dentro de la proposición de ley de amnistía todoslos líderes del procés condenados, así como los huidos, los investigados por la Audiencia Nacional, Tsunami Democràtic y los CDR, el procedimiento que se sigue en el Tribunal de Cuentas por los gastos derivados del uno de octubre, así como todas las causas que se instruyen en juzgados catalanes contra la gente que colaboró con el procés.
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La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha anunciado que el debate de investidura de Pedro Sánchez será el próximo miércoles 15 de noviembre y jueves 16 de noviembre. El Pleno comenzará a las 12:00 horas con la intervención del candidato.
FOTO: El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en una sesión en el Congreso. EFE/Daniel Gonzalez
El PSOE cierra los acuerdos para la investidura con varias formaciones que le darían 179 síes. El más importante, con Junts, con Santos Cerdán desplazado a Bruselas desde hace más de una semana, incluye la ley de amnistía, que aún no se ha presentado. Pedro Sánchez en persona firma con Andoni Ortuzar, presidente del PNV, el acuerdo con esta formación. Coalición Canaria también suma su diputada al sí, como ya hizo el BNG.
La diputada de Coalición Canaria Cristina Valido ha rechazado tajantemente que el futuro Gobierno de Pedro Sánchez sea ilegítimo como están diciendo los partidos de la derecha y ha tildado de "disparate" esa consideración. En una entrevista en La Hora de La 1, Valido ha recordado que "las reglas del juego son las que son", en alusión a que la Constitución señala que es presidente el que obtiene el apoyo del Parlamento, algo que sucederá con el líder del PSOE, que se ha asegurado el apoyo de 179 diputados, tres más de la mayoría absoluta.
Por otra parte, ha explicado que el apoyo de su partido al Gobierno de Sánchez "depedenrá del cumplimiento estricto del pacto" que firmaron la semana pasada. No obstante, ha recordado que votará en contra de la amnistía porque están en contra de ella, y ha explicado que es algo que está en el acuerdo.
FOTO: EFE/ Javier Lizón
El PSOE espera registrar hoy la proposición de Ley de Amnistía en el Congreso. José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno, ha defendido la amnistía y ha asegurado que “va a ser un paso positivo para la cohesión de España y para la fortaleza de la democracia.” Todo después de un domingo de movilizaciones masivas y pacíficas en muchas ciudades españolas convocadas por el PP y en contra de la amnistía, para Zapatero estas manifestaciones “son la mejor prueba de que vivimos en una democracia de alta calidad.”
Uno de los puntos más polémicos es el referido a la ‘lawfare’ o judicialización de la política y el ex presidente del Gobierno ha recalcado que “las comisiones de investigación, que es a lo que se refiere ese compromiso político entre PSOE y Junts, están reguladas en el artículo 52 del reglamento del Congreso y por supuesto que no vincula a los tribunales. ” Y ha añadido que “el caso más paradigmático de lo que se llama 'lawfare' es Lula y creo que no es un populista” e insiste en que “en el intento de usar la justicia para fines políticos quien sufre es la justicia.” Zapatero ha manifestado su preocupación ante “el acoso reiterado a las sedes del PSOE” y ha querido recurrir a la Constitución para recalcar que “los partidos políticos son el cauce fundamental de la participación política y su ejercicio ha de ser libre.”
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Si esta semana política ha sido intensa informativamente hablando, la próxima se avecina igual de vertiginosa. Se prevé el registro en el Congreso de la futura ley de amnistía, la celebración de la investidura de Pedro Sánchez, y, si no hay sorpresas, podría a darse conocer el nuevo gobierno.
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