Los grupos parlamentarios en el Congreso están expectantes ante el posible ingreso en prisión del diputado y exministro José Luis Ábalos, y se han pronunciado de diferente manera.
El portavoz del PSOE, Patxi López, ha asegurado que no teme nada sobre lo que pueda decir Ábalos. En cambio, el portavoz del PP, Miguel Tellado ha ironizado con que el presidente del Gobierno, Pedro "Sánchez, no ha podido domir".
Para el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, no ha cambiado nada con respecto al día anterior, porque "los delitos son los mismos y tiene las mismas posibilidades de fugarse que hace 24 horas", mientras que para la líder de Podemos, Ione Belarra, la corrupción es "muy grave venga de donde venga".
FOTO: Imagen de la semana pasada del diputado José Luis Ábalos, durante un pleno en el Congreso. EFE/Fernando Villar
La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, se muestra tranquila ante la investigación de los pagos en efectivo del partido y asegura que no hay contabilidad B: " El origen del dinero del PSOE tiene trazabilidad, es legal, no es la Gürtel por mucho que otros busquen empatar este partido". Mínguez mantiene que el partido "no está investigado" y muestra "plena colaboración" con la justicia. También defiende la actuación que se ha hecho desde la formación sobre José Luis Ábalos y Koldo García: "Nadie está exento de corrupción, pero hemos actuado con contundencia y respondiendo a todo lo que se nos está pidiendo".
Sobre la condena al ex fiscal general del Estado, Mínguez cree que "es muy grave" que solo se haya conocido el fallo pero no los motivos:" Es una tristeza, estamos viendo que está ganando la mentira". También critica que los magistrados del Supremo estuvieran dando un curso en el Colegio de Abogados de Madrid, que ejercía de acusación particular: "La imagen que se está trasladando es una imagen preocupante y es una desolación" y cree que puede afectar a la confianza de la ciudadanía en la justicia. Pese a todo, la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE sostiene que "siguen creyendo" en la inocencia de Álvaro García Ortiz.
Mínguez también ha cargado contra el Partido Popular por posicionarse en contra de la senda de estabilidad que se vota en el Congreso de los Diputados y que aumenta el objetivo de déficit para las Comunidades Autónomas: "¿Para qué quieren gobernar si rechazan mejores recursos para que puedan ejercer sus competencias?¿Para qué quieren el poder?". Les afea que "alardeen" de tener el poder político en la mayoría de territorios pero luego "rechazar más recursos".
También pone el foco en sus pactos con Vox y acusa a los populares de "normalizar a la ultraderecha" y sostiene que ya no se puede diferenciar a los dos partidos: "Las propuestas de Feijóo no se diferencian de cuando hablamos de Vox". Un ejemplo es la Comunitat Valenciana, ya que la formación de ultraderecha es necesaria para la investidura de Juanfran Pérez Llorca. Ante la continuidad del PP en la Generalitat, Mínguez lo califica de "tristeza" y reclama elecciones. Apunta a las informaciones que siguen conociéndose sobre lo que hizo Carlos Mazón el día de la dana: "Es insoportable, las noticias que se han tapado, han hecho desaparecer pruebas".
RTVE ha tenido acceso al atestado de más de 400 páginas sobre las investigaciones a la presunta trama corrupta en torno a la Diputación de Almería. En el texto, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa al ya expresidente provincial, Javier Aureliano García, en el centro de las operaciones.
"Este dinero es de Javier Aureliano", se lee escrito en rojo en una caja fuerte en la despensa de la hermana del expresidente del PP de Almería y de la Diputación. Según el atestado de la UCO, lo encontraron durante el registro de su casa en Balanegra, en una nota junto a 7.620 euros en metálico. En ese mismo registro aparecen apuntes contables y cifras de 450, 100 o 500 euros que, según la unidad, son flujos de dinero al margen del fisco.
La Guardia Civil ve probado que las adjudicaciones en la Diputación estaban decididas de antemano a determinadas empresas en connivencia con los responsables políticos.
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La condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha centrado la sesión de control de este miércoles en el Congreso de los Diputados. El PP critica que el Gobierno, con el presidente Pedro Sánchez a la cabeza, siga defendiendo su inocencia. El jefe del Ejecutivo y todos los ministros mantienen que acatan el fallo del Tribunal Supremo pero no lo comparten.
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La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha preguntado a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, si el Gobierno tiene la intención de "indultar al fiscal general del Estado" o si se comprometen a que no se recurrirá a las "puertas giratorias" para beneficiarle. Preguntas ante las que Montero ha evitado pronunciarse y ha respondido atacando a los populares por el caso que afecta a la Diputación de Almería.
La senadora popular ha hecho esta pregunta a la vicepresidenta este martes durante la sesión de control del Senado, en la que García ha insistido en que "en democracia el Gobierno acata la sentencia y si las ataca corrompe el sistema". Con todo esto, ha aseverado que "la ley está por encima de todos".
En su respuesta, la ministra también ha evitado responder directamente sobre el caso de García Ortiz y ha optado por reprochar al PP que si "la ley está por encima de todos" no apliquen la ley de vivienda en comunidades con gobiernos populares. "¿Qué hacen impidiendo el ejercicio de las mujeres a la libertad de elección de su maternidad en Madrid?", ha añadido Montero.
El Consejo del Poder Judicial (CGPJ) debe emitir un informe sobre el nombramiento de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado. La candidata también tendrá que comparecer en la Comisión de Justicia en la Cámara Baja. Los socios del Gobierno ya han dicho que apoyan su elección. En el PP, en cambio, han recibido el nombramiento con cautela.
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La ultraderecha gana terreno rápidamente en Cataluña según el último barómetro del Centre d'Estudios d'Opinió (CEO) de la Generalitat. Es el equivalente al CIS y dice que el PSC seguiría ganando las elecciones catalanas pero revela, sobre todo, que la ultraderecha de Aliança Catalana iguala ya a Junts per Catalunya con entre 19 y 20 escaños. El mismo barómetro también muestra que Vox consolida el sorpasso al PP en la comunidad autónoma.
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Una vez esté formalizada la salida de García Ortiz, Feijóo ha puesto sobre la mesa tres requisitos de "solvencia e independencia" para designar a un nuevo fiscal general del Estado.
En primer lugar, debería "ser un jurista de reconocido prestigio, con más de 20 años de experiencia en la profesión".
En segundo lugar, ha solicitado que tenga "el aval del Consejo General del Poder Judicial en su informe preceptivo y favorable sobre la idoneidad del candidato para el puesto".
Por último, exige un fiscal que "no haya desempeñado cargos políticos en los cinco años anteriores, algo que ya es una obligación legal".
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La condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el pasado viernes sigue centrando los reproches políticos entre partidos. El PP acusa al Gobierno de "colonizar" las instituciones y los socialistas reprochan a los 'populares' su dependencia de Vox. Todo, en plena precampaña de las elecciones extremeñas.
