Portugal elige hoy a su jefe de Estado en segunda vuelta, tras una campaña marcada por las inundaciones en amplias zonas del país.
El candidato socialista parte como favorito, ya que tiene el apoyo de los conservadores para evitar que el ultra André Ventura se haga con la Presidencia.
Foto: Ana Brigida/AP Photo
La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha asegurado que Podemos votará a favor del decreto con las medidas del escudo social, entre ellas la moratoria de la paralización de los desahucios a familias en situación de vulnerabilidad, aunque considera que el texto ha "decrecido" en referencia al pacto con el PNV que deja fuera a los propietarios de dos viviendas con una de ellas en alquiler. "Cuando venga el decreto que se proteja a las familias aunque ha decrecido esa protección nosotros vamos a votar a favor", ha asegurado en La Hora de La 1. Ante el hecho de que el Ejecutivo hay dividido en dos el decreto ómnibus, uno para las pensiones y otro para las medidas del escudo social tras decaer en el Congreso, la eurodiputada cree que "no paran de hacer chapuzas" y defiende que no puede haber desahucios sin alternativa habitacional y que el Gobierno "tiene que hacer lo que haga falta". Y se ha preguntado para qué gobiernan si están "a lanzar el titular sin orientación. Lo ve como "una fábrica de ultraderechistas". Preguntada por las negociaciones de Junts con el Gobierno para sacar adelante la delegación de competencias a la Generalitat en migración, ha dicho que Podemos no tiene "ningún problema" con la transferencia de las competencias , ha dicho que Junts llevó "por las bravas" su texto y no estaba dispuesto a cambiar el preámbulo y el articulado en los que considera que se asocia la inmigración con delincuencia y se ha preguntado por qué sino ha incluido un aumento de los Mossos d'Esquadra en el texto. Por último, en relación con la regularización extraordinaria de migrantes, ha asegurado que lo que más le ha costado a Podemos es negociar las condiciones de la regularización y "aguantar el chaparrón" para que no caigan en la "violencia institucional", como el tiempo que se exige de residencia y otros requisitos como el certificado de antecedentes penales, ya que si el país de origen no lo envía valdrá con una declaración responsable". Foto: RTVE.
El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha negado "presiones" a una exedil del partido en Móstoles para que no hiciera público el acoso sexual que aseguraba estar sufriendo por parte del alcalde Manuel Bautista. En declaraciones en el Senado al inicio de la comisión del caso Koldo, Serrano ha asegurado que la denuncia llegó a la dirección nacional del PP y en este caso lo que se hizo fue archivarlo, pero antes fue atendida por PP de Madrid. Se trata de "disputas laborales", ha dicho Serrano que asegura que él mismo preguntó a la denunciante si estaban hablando de un tema de acoso y ella le dijo que no. Los hechos denunciados por la exedil, según la información adelantada por El País desde el inicio de la campaña electoral de 2023, cuando según la concejala empezó a sufrir "comentarios de tipo sexual, referencias a su físico y proposiciones explícitas", llegando a "difundir el rumor de que habían mantenido relaciones sexuales". Foto: A. Pérez Meca/Europa Press.
La portavoz parlamentaria del PNV, Maribel Vaquero, ha señalado tras el pacto alcanzado con el Gobierno sobre el escudo social —que incluye la moratoria de los desahucios— que su formación "evidentemente" van a apoyarlo con sus votos en el Congreso tras haber pactado que no afecte a las personas que tengan dos viviendas o menos y no se vean obligados a ofrecer la alternativa habitacional. El escudo social, ha señalado en La hora de La 1, no lo tienen que asumir los propietarios, "mucho menos los pequeños". Considera que se había intentado "meter en el mismo saco a pequeños y grandes propietarios" y sobre todo, hay pensionistas que ven compensada su pensión gracias a la renta de alquiler que reciben, pero se ven en la imposibilidad de echar a las personas que no pagaban de sus casas y estaban cayendo en una "situación de vulnerabilidad". Además, ha dicho que con esa medida se estaba dificultando que otras familias pudieran alquilar una vivienda y debido a esa percepción de inseguridad muchos no ponían en alquiler una vivienda. Preguntada por cuál sería la línea roja para el PNV para dar su apoyo a este decreto, ha dicho que ya está aprobado por el Consejo de Ministros y no puede haber modificaciones en el texto. Foto: EFE/ JJ Guillén.
Nueva entrega de la "Tertulia de Jóvenes Políticos" en el '24 Horas de RNE'. Tiempo para la reflexión con la presencia de Víctor Camino (PSOE), Beatriz Borrás (Más Madrid), Miriam García Navarro (PP) y Markel Aranburu (PNV)
Podemos exige al Gobierno que retire el decreto antidesahucios pactado con el PNV. El secretario de Organización, Pablo Fernández, asegura que "el decreto deja a gente en la calle" y cree que "un Gobierno de izquierdas" no puede dejar que gente vulnerable se quede sin vivienda. Acusa al Gobierno de hacer "políticas de derechas" en materia de vivienda y piden que "rectifique". Fernández también destaca que Junts per Catalunya vaya a votar que no, aunque en este caso lo vincula a "tacticismo político" y porque cree que Aliança Catalana le está comiendo terreno en Cataluña. Rechaza que compartan razones con Junts y apunta que la formación catalana está del lado de los rentistas.
Fernández propone que las administraciones se encarguen del pago del alquiler de las personas en situación de vulnerabilidad o incluso que el "Gobierno apruebe cada mes un decreto antidesahucios" para así evitar que tenga que pasar por el Congreso, pero confirma cuál será el voto de la formación. Aseguran que seguirán luchando "porque nadie se quede en la calle".
Para hablar sobre la historia reciente de las relaciones internacionales de España hemos invitado en esta ocasión al estudio del podcast sobre “Conversaciones con José María Brunet” a una periodista con larga experiencia de trabajo en algunas de las instituciones de mayor importancia y proyección a escala global. Se trata de Cristina Gallach (Sant Quirze de Besora, Barcelona, 1960), en cuyo currícullum aparece el desempeño de cargos muy relevantes en Naciones Unidas, la Unión Europea y la OTAN. Nos interesa de nuestra invitada un repaso a la evolución de las posiciones que ha venido defendiendo España sobre los principales conflictos de las últimas décadas y sobre los intentos construir nuevas estrategias y doctrinas ante problemas que se plantean a escala planetaria y que son cada vez más agobiantes. Hablamos, en suma, de la guerra de Ucrania, del genocidio en Gaza, del papel de la administración Trump en estos escenarios, del momento que atraviesa el proceso de consolidación de las estructuras económicas y de defensa de la Unión Europea, y de los fondos que convendría dedicar a estos fines. También de las relaciones de España con Latinoamérica, con especial mención del caso de Venezuela. Y junto a ello tratamos sobre la búsqueda de acuerdos para hacer frente al cambio climático y sus efectos, así como de la promoción de las políticas a favor de la igualdad de derechos, en una fase histórica, de dimensión civilizadora para la humanidad, no sólo en los países desarrollados. Cristina Gallach, que fue portavoz de Javier Solana en la OTAN, miembro de la dirección de información del Consejo de la Unión Europea, y responsable de información de la ONU en la etapa de Ban Ki-Moon como secretario general, ha desarrollado, en suma, una intensa trayectoria que le ha permitido atesorar conocimiento y formar criterio sobre el papel que podría jugar España para afrontar los grandes retos de la siguiente etapa, la del segundo cuarto del siglo XXI, en el que ya nos encontramos.
En 24 Horas RNE nos planteamos como la crispación y la polarización centran el debate público y político. Contamos con la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo y con la doctora en Comunicación, Leila Nachawati. Ambas reflexionan sobre como el lenguaje está incentivando un clima de confrontación y el peligro que eso puede tener en la sociedad democrática. También como la desinformación o "fake news" influyen en la opinión y los posicionamientos políticos de los ciudadanos. Ante esta situación la pregunta es ¿qué se puede hacer?, y ¿qué responsabilidad tienen los políticos en este clima de confrontación?
El PP defiende que se está actuando con determinación ante la polémica generada por la adjudicación de vivienda pública en Alicante. Dos miembros del Ayuntamiento, que habían adquirido pisos de protección oficial, ya han dimitido. Mientras, el PSOE insiste en que los ciudadanos necesitan más explicaciones.
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha dicho que ya se ha abierto una investigación y que se han depurado responsabilidades.
La polémica saltó el jueves cuando se desveló que la concejala de Urbanismo de Alicante, Rocío Gómez, era propietaria de un piso en un bloque de viviendas de protección oficial. No es la única. También tendrían apartamentos el arquitecto municipal, la directora general de contratación pública del Consistorio, sus dos hijos y un sobrino.
Foto: Daniel González/EFE — El secretario general del PP, Miguel Tellado
Fede Cardelús y el filósofo David Pastor Vico presentan ‘Filosofía para desconfiados’, un ensayo que indaga en las causas que nos han llevado a vivir de espaldas a los demás, propone repensar la confianza en la gente y nos enseña que la amistad es muy importante.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de utilizar al ministro Oscar Puente como "cortafuegos" para "quitarse él" de la primera línea política tras el accidente de Adamuz (Córdoba) en el que murieron 45 personas. Además, ha pedido la dimisión de Puente, que considera que no debería sentarse este martes en el Consejo de Ministros. El Grupo Popular va a solicitar su comparecencia esta misma semana en el Pleno del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Así lo ha anunciado en una entrevista en la cadena Cope, donde Feijóo ha criticado que Sánchez haya anunciado que comparecerá en el Congreso para informar de los accidentes ferroviarios pero también sobre el último Consejo Europeo. Foto: Carlos Luján / Europa Press.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respaldado la gestión del ministro de Transporte, Óscar Puente, tras el accidente de tren en Adamuz ("Todo mi reconocimiento a puente. Que está gestionando y dando la cara desde el primer momento de la tragedia").
Asegura que la respuesta del gobierno a la tragedia deja ver que hay dos modelos (El gobierno ha respondido poniendo a las víctimas en el centro, dejando al lado la confrontación política estéril que nos desvía del objetivo principal").
Pero el PP cree que Sánchez falta el respeto a las víctimas al mantener a Puente al frente de transportes y piden la dimisión del ministro (Puente está siendo el portavoz de la mentira y se ha dedicado a diseminar dudas y medias verdades. El bulo era él").
Señalan a Puente por esta afirmación (PUENTE: "Tenemos una vía recién renovada" + TELLADO: "Hablaba de renovación completa cuando lo que ha habido es una renovación parcial. Puente habla mala suerte, pero nosotros hablamos de mala gestión e incompetencia"). Acusaciones que fuentes de Transportes califican de bulo
Para socio del PSOE en el Gobierno, PP y también Vox solo tienen un objetivo (ENRIQUE SANTIAGO: "Sacar redito político de una tragedia de estas características"). Aunque piden una inversión adecuada en todas las redes de transporte ferroviario.
Foto: Salas/EFE — Vista de un vagón precintado del Iryo a la espera de ser retirado en la zona del accidente
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