Papeles de futuro
El nuevo reglamento de la Ley de Extranjería, según los distintos colectivos y asociaciones, tiene sus luces y sus sombras. Por ejemplo, los solicitantes de protección internacional estarán obligados a empezar de cero si su petición es denegada. ‘Informe Semanal’ se desplaza a Segovia para hablar con Ibou Ndiaye Faye, un joven electricista de origen senegalés que podría perder su permiso de trabajo y, por tanto, su trabajo. Él mantiene la esperanza y no pierde la sonrisa: "Tenemos que aceptarlo. Tenemos que adaptarnos a cada cosa, en cada momento. Es duro, pero quiero ser optimista".
En paralelo, el gobierno negocia en el Congreso una regularización extraordinaria en toda España semejante a la que recientemente ya ha beneficiado, en Valencia, a unos 25.000 inmigrantes que viven en municipios afectados por la DANA. Es el caso de los venezolanos Winsler y José, que sufrieron la terrible gota fría de hace nueves meses en Algemesí. Coinciden en que es "una sensación agriculce: tristeza por lo ocurrido, alegría porque llegan las ayudas".
Estar empadronado era imprescindible para poder optar al proceso y, para muchos, como apunta Ana Ferrer, educadora social de Valencia Acoge, ha sido una misión imposible: "Algunos viven en bajos que no tienen cédula de habitabilidad. O están subarrendados sin el permiso de los propietarios de la vivienda. O les piden hasta 500 y 600 euros por empadronarles". Luego, un paso lleva a otro.
Con los papeles en regla, Tamara y Esperanza esperan desde la localidad de Alfafar poder encontrar un empleo. Porque la regularización por la DANA es temporal. Se ha concedido por un año y, para renovarlo, se tiene que haber cotizado un mínimo de tres meses o haber realizado cursos de formación. "Para las mujeres es más complicado porque los hombres encuentran enseguida una salida, por ejemplo, en la construcción. Está el tema de cuidado de personas, de la limpieza, pero es verdad que hay mucho "trabajo en B", en la economía sumergida", dice Jhonny Valles, de la Koordinadora de Kolectivos Valencia. "Necesitamos soluciones duraderas", añade Francisco José Rojo, coordinador del servicio jurídico de ACCEM, "porque, dentro de cinco o diez años, vamos a volver a encontrarnos con un elevado número de personas en situación irregular".
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