El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que este viernes presentarán en el Congreso una iniciativa para reformar el delito de sedición "para reemplazarlo por un delito homologable al que tiene otras democracias europeas", como Suiza, Alemania o Francia. De este modo, el delito pasará a denominarse de "desórdenes públicos agravados".
Sánchez, en una entrevista en La Sexta, ha avanzado este jueves que esa proposición será presentada por el grupo socialista y el de Unidas Podemos en el registro de la Cámara baja. Asimismo, ha negado que sea una exigencia de ERC y ha subrayado que él lo reivindica "desde siempre", al tiempo que ha señalado que en las últimas semanas varios grupos parlamentarios han dicho estar dispuestos a acometer esta reforma.
ERC valora positivamente la reforma mientras el PP acusa al Gobierno de "pagar las hipotecas" a sus socios.
Foto: EFE/EPA/ESTELA SILVA
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha ofrecido “toda la colaboración del Gobierno” para esclarecer los hechos ocurridos durante el salto a Melilla en el que murieron migrantes, pero ha dicho que no ve necesario constituir una comisión de investigación en el Congreso y ha defendido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, porque “dio explicaciones y está a disposición de las fuerzas políticas para darlas”.
La vicesecretaria y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha explicado en Las Mañanas de RNE que las conversaciones que está teniendo el Gobierno con la banca tienen dos objetivos principales: por un lado, “mejorar la protección de las familias más vulnerables” para las que el “pago de la hipoteca supone un porcentaje muy importante de sus gastos mensuales”, pero además ayudar a “las familias de clase media que pudieran entrar en riesgo de vulnerabilidad como consecuencia de la rápida subida de los tipos de interés”, ha señalado.
Indica también que desde el Ejecutivo se encuentran evaluando las medidas puestas en marcha desde el inicio de la guerra con el fin de saber cuáles prolongar y cuáles no, y aunque no niega que se pueda prorrogar la bonificación de 20 cts por litro de carburante, sí destaca que tiene “un impacto fiscal muy importante” y que se están “subvencionando los combustibles fósiles” cuando el objetivo es “avanzar en unos más sostenibles”. Afirma que España se encuentra en un momento de desaceleración, aunque cree que al hacerlo desde “unos niveles muy elevados” no es tan agresiva, y en relación con el informe del Banco Central Europeo, del que dice “no es vinculante”, coloca a España por delante de otros países con los que considera han sido “más estrictos”.
Sagunto tendrá su gigafactoría de baterías. Seat-Volkswagen ha aceptado las ayudas del PERTE del coche eléctrico que le asignó el Gobierno y construirá la planta. Además, el grupo recibirá otros 230 millones del Ejecutivo, según ha revelado el presidente de la Generalitat Valenciana.
Foto: EFE/ KAI FORSTERLING
La plataforma, minoritaria dentro del sector, denuncia que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no ha actuado en estos meses para controlar que se cumpla la ley que garantiza que los transportistas no trabajen a pérdidas, tal y como acordó el Gobierno con el sector el pasado mes de marzo.
Foto: EFE/QUIQUE GARCIA
En nuestro país casi el 70 % de la producción agrícola procede del cultivo de regadío. Los regantes son otro de los colectivos que está sufriendo la subida de la factura energética. Denuncian que desde 2018 su recibo se ha multiplicado por diez. Foto: Getty Images
La ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha hecho un llamamiento a la “responsabilidad” al sector del transporte, al que ha pedido “confianza” de cara a un posible paro de los transportistas. “El Gobierno ha cumplido todos los acuerdos y vamos a seguir trabajando”, ha dicho en TVE.
Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos, se acerca a los micrófonos de Parlamento para hablar sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Asegura que su partido lleva dos años proponiendo reformar por la vía de urgencia una reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial y cambiar el sistema de elección de los miembros de extracción judicial. "Deberíamos hablar todos los grupos parlamentarios que tenemos interés en que las instituciones del Estado no resulten debilitadas por este enconamiento entre el PP y el PSOE, repartiéndose los sillones entre sus amiguetes y para tener controlada la justicia". Bal cree que la estrategia de primero pactar y después reformar "es un desastre" y que "el PSOE trata de engañarnos a todos": "Podemos y los socios del Gobierno lo que quieren es controlar la justicia y un CGPJ con la etiqueta de progresista".
