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Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos, se acerca a los micrófonos de Parlamento para hablar sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Asegura que su partido lleva dos años proponiendo reformar por la vía de urgencia una reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial y cambiar el sistema de elección de los miembros de extracción judicial. "Deberíamos hablar todos los grupos parlamentarios que tenemos interés en que las instituciones del Estado no resulten debilitadas por este enconamiento entre el PP y el PSOE, repartiéndose los sillones entre sus amiguetes y para tener controlada la justicia". Bal cree que la estrategia de primero pactar y después reformar "es un desastre" y que "el PSOE trata de engañarnos a todos": "Podemos y los socios del Gobierno lo que quieren es controlar la justicia y un CGPJ con la etiqueta de progresista".

El diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, ha exigido esclarecer en el Congreso, a través de una comisión de investigaciónla tragedia en la valla de Melilla del pasado 24 de junio. "Debe servir para ver qué ocurrió, si algo se hizo mal y, sin ninguna duda, teniendo la mayor tragedia que ha ocurrido en la frontera española en las últimas décadas, algo se hizo mal", ha expresado en el programa Parlamento. Iñarritu dice que no entiende "por qué el PSOE no sigue el mismo criterio que exigió en la tragedia de Tarajal, en 2014 y asegura que el reportaje de la BBC ha tenido consecuencias "no solamente mediáticas, sino también políticas".

Sobre una reforma de las devoluciones en caliente: "Lo que se hizo en las negociaciones entre los dos partidos del Gobierno es una trampa, es sacarlo de la Ley de Seguridad Ciudadana para tratarlo en una futura Ley de Extranjería en el futuro. Pero la Ley de Extranjería no tiene un calendario previsto [...] Espero que lleguemos a un acuerdo cuanto antes, pero en el Ministerio del Interior parece ser que no son muy favorables a a la reforma integral de esta norma, ni siquiera en sus formas o en sus artículos más lesivos", asegura.

Luis de Guindos ha defendido el informe del BCE en el que alerta de los riesgos del impuesto a la banca para su rentabilidad y para el crédito. Dice que solo tratan de ayudar y que no es vinculante. El Gobierno no comparte su opinión y seguirá adelante con el gravamen, aunque se abre a mejorarlo.

FOTO: La vicepresidenta Económica, Nadia Calviño, durante su intervención en un pleno del Congreso. EFE/ Sergio Pérez

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que el informe del Banco Central Europeo respecto a repercutir el impuesto a la banca en los ciudadanos no es vinculante, aunque ha dicho que el Gobierno lo estudiará y se abre a "mejorar" las medidas de este impuesto. "Pero nuestra posición es muy clara: queremos que las grandes energéticas y financieras colaboren a sufragar el escudo social”.

La exhumación de los restos mortales del general golpista Gonzalo Queipo de Llano y del auditor de guerra Francisco Bohórquez de la basílica de la Macarena de Sevilla para dar cumplimiento al requerimiento que hizo el Gobierno en virtud de la nueva Ley de Memoria Democrática, ha suscitado todo tipo de reacciones. Por un lado, el Gobierno ha celebrado tener "una España más digna", y el principal partido de la oposición ha pedido "dejar a los muertos en paz".

La ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asegurado que el Gobierno investigará si hay eléctricas que están dificultando la información a los consumidores para su acceso a la tarifa regulada TUR (tarifa último recurso). Así lo ha asegurado este miércoles en declaraciones en los pasillos del Congreso. La Organización de Consumidores y Ususarios (OCU) ha denunciado que muchas veces se da "información deficiente" o "poco clara" a los usuarios que quieren pasar a la tarifa regulada. "No se puede ocultar información respecto a la disponibilidad de tarifas", ha advertido Ribera.

Foto: La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros celebrado este martes en La Moncloa. EFE/ Fernando Alvarado

La ruptura de las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha colado por primera vez en el Congreso en una sesión de control en la que el PP ha pedido al jefe del Ejecutivo,  Pedro Sánchez, que “renuncie” a la reforma para bajar las penas por el delito de sedición y le ha reprochado ser un presidente que “no tiene palabra” y está “hipotecado” por el independentismo. Sánchez, por su parte, ha instado a los ‘populares’ a que “cumplan con la Constitución” para renovar el CGPJ, en funciones desde hace casi cuatro años.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha aprovechado una respuesta al grupo parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados para culpar al PP de la “crisis institucional” por el bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial y, en concreto, ha cargado contra su líder, Alberto Nuñez Feijóo. “Es imprescindible para los dirigentes políticos cumplir la Constitución y por eso el liderazgo de Feijóo está tocado y probablemente hundido”. “Dijo que iba a ser un líder y se dedica a obedecer a los que le pusieron” en el puesto, ha proseguido.

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha pedido un plan al Gobierno para frenar los trastornos alimentarios que contenga más legislación en publicidad y redes sociales, y ha instado también a acelerar la puesta en marcha de la Agencia de Supervisión de Algoritmos, la creación de un observatorio de trastornos alimentarios y la imposición de una obligación a los anunciantes de alertar al consumidor si en una publicidad el físico de los actores ha sido alterado digitalmente.

Lo ha dicho en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso este miércoles en su pregunta a la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, quien ha propuesto la celebración de una jornada sobre la Carta de Derechos Digitales en el Cámara Baja, dado el impacto que tendrá en futuras normativas.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "renuncie" a modificar el delito de sedición, y el jefe del Ejecutivo le ha respondido que "cumpla con la Constitución". Ha sido en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, la primera que se produce después de que los 'populares' decidieran suspender las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) alegando que el Gobierno quería modificar el delito de sedición para rebajar las penas.

Preguntamos en Las Mañanas de RNE qué opinan los jueces sobre el bloqueo en la renovación del CGPJJosé Luis Núñez Corral, magistrado titular del juzgado 5 de Vitoria y candidato de la Asociación Profesional de la Magistratura a la renovación del CGPJ,  explica que conseguir la renovación “no sería una buena noticia” sino que “sería una noticia normal en democracia porque las instituciones se deben renovar y es simplemente cumplir la Constitución.” Recuerda que las conversaciones solo están suspendidas y cree que Bruselas debería implicarse más en esa renovación “si no nos estamos ajustando a las recomendaciones europeas.”

¿Qué opinan los jueces sobre el bloqueo en la renovación del CGPJ y sus consecuencias? José María Fernández Seijomagistrado del Juzgado Mercantil 11 de Barcelona y candidato de Jueces y Juezas para la democracia a la renovación del CGPJ,  ha confesado en Las Mañanas de RNE que por “sanidad democrática” espera que se resuelva rápido. Considera que el problema no es el sistema sino la falta de madurez de los implicados y cree que “sería una insensatez que se produjeran renuncias individuales que entorpecieran más el proceso.” Habla de desprestigio de las instituciones y asegura que, aunque el bloqueo no interfiera en el día a día, se está proyectando una imagen desoladora. Y pide que cualquier solución por lo menos se estudie.

El PP asegura que el presidente del Gobierno,  Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pactaron en su última reunión en La Moncloa del 10 de octubre que el delito de sedición, la última línea roja del PP en la negociación, no se tocaría y que no habría magistrados "afines a ERC" en el Tribunal Constitucional, pero el Ejecutivo no admite dicho pacto y habla de "manipulación". El PP reconoce que ya se habían "acordado prácticamente el nombre de los vocales" del CGPJ y recalca que las negociaciones están "paralizadas pero no rotas" y que las retomaría "esta misma tarde" si Sánchez se compromete "por escrito" a no tocar la sedición.