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El Gobierno ha anunciado este domingo que ha puesto en marcha "todos los mecanismos necesarios" para defender la soberanía jurisdiccional española, "en la que está inmerso el juez Llarena", en la demanda presentada en Bélgica por los investigados por el procés huidos a ese país contra el magistrado del Tribunal Supremo. Uno de esos mecanismos, según el Ejecutivo, es "la contratación de un despacho de abogados de ese país", algo que espera culminar "en breve".

Cinco asociaciones de jueces y fiscales han exigido al Gobierno, a través de un comunicado "en defensa de la soberanía jurisdiccional de España", que asuma la defensa del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ante la justicia belga. En la misma nota han acusado al Ejecutivo de "dejación de funciones". La nota -publicada este viernes por la noche- está firmada por la asociación mayoritaria -Asociación Profesional de la Magistratura (APM), a la que pertenece el juez Llarena-, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, señala Efe. Las únicas que no han firmado son las progresistas Jueces para la Democracia (JpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF), según señala Europa Press.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el real decreto que dará amparo legal a la exhumación de los restos mortales de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Lo ha hecho a través de la modificación de la ley de Memoria Histórica de 26 de diciembre de 2007 aprobada por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, según ha informado en rueda de prensa la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, será la encargada de informar este viernes, tras la reunión del Consejo de Ministros, del contenido del real decreto ley que se aprobará con el objetivo de poder exhumar los restos de Francisco Franco.

El real decreto modificará la ley de Memoria Histórica de 26 de diciembre de 2007 por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha criticado el preacuerdo alcanzado por el Gobierno de Pedro Sánchez y Unidos Podemos para evitar el veto del Senado a los objetivos de déficit. El líder popular ha acusado al Gobierno de intentar acabar con la separación de poderes. También el secretario general de Ciudadanos (Cs), José Manuel Villegas, se ha situado en contra de la medida y ha dicho que Pedro Sánchez está haciendo trampas para cambiar las mayorías parlamentarias.