Enlaces accesibilidad
arriba Ir arriba

El presidente del Gobierno sigue su gira por Latinoamérica. Este martes ha cerrado su segunda y última jornada en Chile y pone rumbo a Bolivia. Fuentes del Ejecutivo han asegurado que se encuentran estudiando la posibilidad de retrasar a noviembre la presentación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019. Lo deseable sería que para esa fecha ya estuviera aprobada la reforma de la ley de estabilidad presupuestaria, ya que así se abriría la posibilidad de que las cuentas estuvieran aprobadas en febrero, antes de la precampaña de las municipales y autonómicas de mayo.

La Generalitat defiende que el "error" en la traducción al francés del texto de la denuncia de Puigdemont contra el juez Pablo Llarena no cambia su "esencia".  Para el PP, el independentismo vuelve a "mentir" y piden la dimisión de la ministra de Justicia por "no defender al Estado de Derecho". Ciudadanos desconfía de los criterios del Gobierno y Podemos considera que Moncloa no tiene que pagar la defensa de Llarena.

El ministro de Asutnos Exteriores y Unión Europea, Josep Borrell, ha asegurado este lunes que la UE está viviendo una "cierta crisis existencial" y ha apuntado a algunos miembros, como Italia, donde hay "un gobierno que ha demostrado plenamente una actitud negativa y refractaria hacia la UE". Así lo ha señalado Borrell durante la inauguración del curso Quo vadis Europa. ¿Hacia una nueva primavera europea?, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander.

El Gobierno ha anunciado este domingo que ha puesto en marcha "todos los mecanismos necesarios" para defender la soberanía jurisdiccional española, "en la que está inmerso el juez Llarena", en la demanda presentada en Bélgica por los investigados por el procés huidos a ese país contra el magistrado del Tribunal Supremo. Uno de esos mecanismos, según el Ejecutivo, es "la contratación de un despacho de abogados de ese país", algo que espera culminar "en breve".

Cinco asociaciones de jueces y fiscales han exigido al Gobierno, a través de un comunicado "en defensa de la soberanía jurisdiccional de España", que asuma la defensa del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ante la justicia belga.  En la misma nota han acusado al Ejecutivo de "dejación de funciones". La nota -publicada este viernes por la noche- está firmada por la asociación mayoritaria -Asociación Profesional de la Magistratura (APM), a la que pertenece el juez Llarena-, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, señala Efe. Las únicas que no han firmado son las progresistas Jueces para la Democracia (JpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF), según señala Europa Press.