Fiscalía General del Estado

El Tribunal Supremo ha fijado del 3 al 13 de noviembre la celebración del juicio al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, en el que está acusado de un delito de revelación de secretos por presuntamente haber facilitado a un medio de comunicación el contenido confidencial de un correo electrónico enviado por el abogado del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, al fiscal que le investiga por fraude fiscal.

Las sesiones del juicio, en el que comparecerán 40 testigos, se celebrarán los días 3, 4, 5, 11, 12 y 13 de noviembre, en jornadas de mañana y tarde, que comenzarán a las 10:00 horas, según la diligencia fijada este viernes. Entre los testigos que declararán están el propio González Amador, el jefe de gabinete de la presidenta madrileña Miguel Ángel Rodríguez, doce periodistas y once guardias civiles de la Unidad Central Operativa (UCO).

Por primera vez un fiscal general del Estado se sentará en el banquillo y lo hará acusado por la pareja de Ayuso, por la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) y el Colegio de abogados de Madrid que piden para él entre cuatro y seis años de cárcel.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cuestionado la labor de Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía: "Cómo se puede tener un fiscal general persiguiendo delitos si el primero que está ante un supuesto delictivo es el propio fiscal general".

Imagen: EFE/ Lavandeira Jr

• Declararán 40 testigos, entre ellos el novio de Ayuso, González Amador, y su jefe de gabinete Miguel Ángel Rodríguez
• García Ortiz está acusado de haber filtrado un mail del abogado de González Amador donde admitía fraude fiscal

• El 18 de septiembre abrieron diligencias para analizar las "violaciones" del derecho internacional en Gaza
• Recabarán información sobre el cargamento de las embarcaciones o la nacionalidad de los tripulantes

Este jueves hemos conocido los argumentos de defensa que utilizará el Fiscal General en su juicio. Asegura que no hay pruebas de que él filtrase información a los medios y acusa al Gobierno de Ayuso de urdir un plan para tapar la mala imagen política que estaba provocando la investigación a la pareja de la presidenta madrileña. Concretamente, apunta a su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, de tratar de desviar el foco, dando una versión manipulada de los hechos.

El fiscal general insiste además en que borró sus dispositivos porque lo hace periódicamente por seguridad y dice que tuvo que cambiar incluso de número de teléfono porque le insultaban y acosaban.

Foto: Europa Press

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha vuelto a defender su inocencia en el caso de la presunta revelación de secretos sobre Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, por lo que ha pedido su absolución en el escrito de defensa que ha presentado de cara al juicio que se celebrará en su contra, así como también ha reclamado que declare Amador y su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.

En el escrito que la Abogacía del Estado, en representación de García Ortiz, ha enviado al Tribunal Supremo, y al que ha tenido acceso RTVE, señala que "alrededor de 600 personas" de la Fiscalía tuvieron acceso al contenido clave de la supuesta filtración y además, apunta a que "el aparato institucional de la Comunidad de Madrid" también había desvelado previamente a la nota de prensa de la Fiscalía el "núcleo esencial" de la información relevante del caso que afectaba a González Amador.

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha visitado Las Mañanas de RNE y ha dado su opinión respecto al anuncio que hizo este pasado miércoles Pedro Sánchez sobre su candidatura como cabeza de lista de su partido en las próximas elecciones. Además, Muñoz se ha mostrado poco sorprendida con estas declaraciones: "No sé a quién le puede sorprender que Sánchez quiera seguir", y sobre esto ha añadido que "es una persona que necesita ser presidente del Gobierno para poder seguir controlando la Fiscalía, la Abogacía General del Estado, el Tribunal Constitucional, etc.". Sobre los últimos escándalos que han salido a la luz en torno a su mujer y a su hermano, la portavoz del PP ha considerado "anómala" la proposición de la Fiscalía de que se dejen de investigar los delitos de los que se acusa a los miembros de la familia del presidente del Ejecutivo, porque, según Muñoz, "todavía no controla la justicia".

En lo que respecta a la situación actual del fiscal general del Estado, Ester Muñoz ha recalcado que desde el PP "vamos a seguir pidiendo que dimita". Aunque ha reconocido que ellos no tienen la capacidad para hacerlo, ha aclarado que su partido cuenta con la responsabilidad de "seguir exigiendo que quien tiene que perseguir el delito y está siendo juzgado por presuntamente cometer delitos no sea fiscal general del Estado".

Otro de los temas que se han abordado ha sido el juicio oral que la jueza ha abierto al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Sobre este asunto, la portavoz de los populares ha recalcado que los delitos que se le imputan a la pareja de Ayuso "no tienen nada que ver con la administración que ella gobierna" y ha añadido que González Amador "no se ha valido de su condición para tener negocios, en cambio, Begoña Gómez, sí".

• Asegura que "alrededor de 600 personas" de la Fiscalía tuvieron acceso a la información de la presunta filtración
• Achaca al "aparato institucional" de Madrid el "núcleo esencial" de la revelación

• La Fiscalía expone además que los hechos "no son constitutivos de delito alguno" y pide "la libre absolución"
• Considera que no se le puede atribuir "ninguna intervención" en la filtración del presunto fraude fiscal del novio de Ayuso

• Asegura que la "obligación" de España es poner todo el "material probatorio" a disposición de los tribunales internacionales
• Delgado, sobre las críticas del PP al fiscal general del Estado: "Lo que preocupa desde la Fiscalía es cumplir con la ley"

La Fiscalía va a investigar los posibles crímenes cometidos por Israel en Gaza. Unas diligencias autorizadas por el fiscal general del Estado a petición de la fiscal de sala de Memoria Democrática, Dolores Delgado. El decreto que ha firmado García Ortiz faculta al Ministerio Público a colaborar en la investigación que se sigue en la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia para hacer efectivo el principio de cooperación internacional. En Las Mañanas de RNE lo explica la fiscal de sala, que insiste en su necesidad porque "hay crímenes tan horrendos que nos afectan a todos, afectan al universo". Se trata de un compromiso que ha asumido España al suscribir tratados internacionales, comenta, por lo que el país está "obligado" a colaborar con la Corte Penal Internacional porque este tribunal, dice, no cuenta con medios propios para desarrollar esta labor y por ello se apoya en los Estados. "Todo esto (la investigación) genera un material probatorio con el que después se puede sustentar la posible responsabilidad de aquellos que son autores de estos gravísimos hechos contra la humanidad", añade.

Aunque el fiscal acuerda que estará involucrado también el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, recuerda Delgado que, que este tribunal abra una investigación penal es más complicado porque la reforma de la jurisdicción internacional de 2014 limita esas investigaciones.

Un informe policial con testimonios de testigos ha dado pie al fiscal general del Estado para investigar los crímenes de Israel en Gaza. García Ortiz apunta a graves violaciones del Derecho Internacional que pueden constituir delitos de genocidio y de lesa humanidad contra el pueblo palestino.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha dicho que la decisión "tiene todo el sentido" cuando se habla de seguir incrementando la "presión" sobre Israel, en el ámbito social, en ámbitos deportivos, culturales o económicos. Pero para el PP es una nueva cortina de humo. Lo que tiene que hacer el fiscal general es dimitir, y no buscarse escudos para protegerse a sí mismo", ha dicho la portavoz del PP en el Senado, Alicia García.

Foto: AP Photo/Abdel Kareem Hana

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha autorizado una investigación para determinar si las acciones de Israel en la Franja de Gaza constituyen "graves violaciones" del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Humanitario, lo que podría suponer crímenes previstos en los artículos 607 y siguientes del Código Penal —entre ellos el genocidio—, según el decreto de la Fiscalía. En la investigación, que había sido solicitada el 28 de julio por la fiscal de Sala coordinadora de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, el fiscal acuerda que estará involucrado también el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso. El Gobierno ha mostrado su apoyo a la decisión del fiscal como medida de "presión" a Israel, mientras que el PP ha insistido en pedir su dimisión por la apertura de juicio oral contra él por un presunto delito de revelación de secretos en el caso de presunto fraude fiscal de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Foto: REUTERS/Mahmoud Issa.

• El fiscal general apunta a "violaciones" del Código Penal que serían constitutivas de genocidio y delitos de lesa humanidad
• Dolores Delgado confirma que hay víctimas españolas y señala la reforma de la jurisdicción universal como obstáculo

• El magistrado rebajó la fianza inicial de 150.000 a 75.000 tras reconocer un error en el baremo
• García Ortiz será juzgado por un presunto delito de revelación de secretos del novio de Ayuso

• El Supremo dictó apertura de juicio oral contra él por revelación de secretos del novio de Ayuso
• El fiscal no disponía de la totalidad del dinero en efectivo y ha presentado un aval con sus bienes

• González Amador dice sufrir "diariamente" el "relato político" porque le llaman "defraudador confeso" en los medios
• El instructor consideró excesiva la cantidad solicitada por la acusación particular como indemnización

El fiscal general del Estado se enfrenta a una petición de seis años de cárcel, doce de inhabilitación y a una fianza de 150.000 euros para asegurar responsabilidades pecuniarias. En 'Las Mañanas de RNE', el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, Agustín Ruiz Robledo, asegura que, atendiendo a la sentencia 69/2023 del TC, esta fianza "no acaba de ser constitucional". "En el cálculo de esos 150.000 euros, el juez instructor ha incluido la posible responsabilidad si se estableciera una multa. El Tribunal Constitucional tiene dicho que eso contradice la presunción de inocencia, porque es de alguna manera decir que va a ser condenado".

Ruiz Robledo explica que Álvaro García Ortiz podría recurrir esta fianza, al mismo tiempo que la parte de los acusadores pueden recurrir que no se le haya suspendido provisionalmente del cargo. "El gran problema técnico que se nos plantea aquí es que el fiscal general sigue siendo el jefe de una de las partes que intervienen en el juicio y eso posiblemente sea una violación de la tutela judicial efectiva de los acusadores. Si esto se revisa desde esta perspectiva, el resultado puede ser que el fiscal general sea suspendido".

En el informativo del '24 Horas de RNE' hemos analizado los temas más candentes de la actualidad en la tertulia de políticos ‘juniors’, que ha contado con la participación de representantes jóvenes de distintas formaciones. En el debate de este martes han intervenido Víctor Camino, diputado del PSOE por Valencia en el Congreso; Miriam García Navarro, senadora del PP por Albacete; Tesh Sidi, diputada de Más Madrid (Grupo Sumar) en el Congreso de los Diputados; y Carlos Hernández Quero, diputado de Vox por Málaga en el Congreso de los Diputados.

Los asuntos abordados en la tertulia han sido la reducción de la jornada laboral, las relaciones entre España e Israel, el juicio oral abierto al fiscal general, la fianza de 150.000 euros y, por último, la nueva ley antitabaco.

El Tribunal Supremo ha enviado al banquillo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos en el caso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Cree que hay suficientes indicios para juzgarle por este caso y señala que esos "secretos" solo los tuvo "por razón de su cargo". Por eso, le acusa de deteriorar la imagen de la Fiscalía y dice textualmente que "la filtración del correo pone en cuestión el prestigio de la institución".

Además, el juez Hurtado hace una valoración de lo que pudo suponer para González Amador esa presunta filtración. Asegura que provoca una "merma para el derecho de defensa", ya que la pareja de Ayuso estaba siendo investigada por fraude fiscal.

Se abre así un período de cinco días para que el fiscal general deposite los 150.000 euros que el juez le ha pedido de fianza.

FOTO: Europa Press / David de Haro