La tensión que en los últimos días se ha desatado entre España y Reino Unido por los incidentes relacionados con Gibraltar ha llegado a Bruselas. La Comisión Europea tiene previsto convocar una reunión en septiembre u octubre de este año 2013 para abordar el tema. Hablamos de ello con Alejandro del Valle Galvez, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Cádiz.
- El 70% de las empresas chinas respetará un precio mínimo y un volumen anual
- El 30% restante pagará un arancel temporal del 47,6% desde el 6 de agosto
- La Comisión Europea mantiene abierta una investigación
- La UE es el segundo socio comercial más importante de la región andina
- Los exportadores ahorrarán más de 500 millones anuales en aranceles
- También entra en vigor la asociación con Honduras, Nicaragua y Panamá
- Resalta que todos los objetivos fiscales se han cumplido
- La perspectiva económica es "complicada" y sujeta a "incertidumbre"
- Los depositantes que tenga más de 100.000 euros perderán casi la mitad
- El Banco Central había establecido en marzo una quita del 37,5% inicial
- Para poder hacer la quita, los depósitos se convirtieron en acciones del banco
La Comisión Europea ha presentado un paquete de medidas en el que prohíbe la aplicación de recargos por el uso de las tarjetas de crédito y débito, y fija un tope a las comisiones interbancarias en los pagos realizados con esas tarjetas. Pretende limitar esa comisión a un 0,2% del valor de cada transacción con tarjeta de débito y a un 0,3%, con la de crédito. Estos topes se han fijado, según Bruselas, en función de los datos sobre el coste real del proceso de pago elaborados por los bancos centrales de Bélgica, Holanda y Suecia.
- Su entrada en vigor no es inmediata, ya que debe pasar por la Eurocámara
- De la cantidad total, los armadores españoles pagarán diez millones de euros
- Rabat concederá 126 licencias, siete más que en el anterior pacto
- Cien de esos permisos corresponderán a barcos españoles
Después de año y medio, los barcos españoles podrán volver a faenar en los caladeros marroquíes. La Comisión Europea ha firmado con Marruecos un acuerdo por el que el Gobierno de Rabat permitirá a la flota europea volver a pescar en sus aguas. El pacto es favorable a España.
- La Comisión Europea propone prohibir los recargos por el uso de tarjetas
- Calcula que los consumidores pueden ahorrar 730 millones anuales
- Los comerciantes evitarían desembolsar hasta 6.000 millones al año
- También pretende regular los sistemas de pago por internet y móviles
- La nueva norma debe obtener la aprobación de los Estados y la Eurocámara
El Gobierno ha acordado con las comunidades autónomas afectadas (Asturias, Galicia y País Vasco), la patronal de los astilleros Pymar y los sindicatos UGT y CC.OO. la presentación de un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la decisión de la Comisión Europea (CE) de devolver los beneficios fiscales a la financiación de la construcción naval del periodo 2007-2011.
- Bruselas ordena a parte de los inversores devolver bonificaciones fiscales
- Gobierno, patronal, sindicatos y autonomías afectadas analizan el impacto
- El Ejecutivo no descarta recurrir al Tribunal de Justicia de la UE
- Los usuarios que se han cambiado ahorran 14,7 euros de media al mes
- Destaca la dificultad para comparar ofertas y la larga duración de los contratos
- Debatirán cómo reaccionar a la devolución de ayudas ordenada por Bruselas
- La reunión será la semana que viene e incluirá a las autonomías con astilleros
- El Gobierno elude pronunciar la palabra "recurso" tras el Consejo de Ministros
- Las empresas seguirán aportando el 0,9% de sus ingresos brutos
- El Tribunal europeo le había dado la razón a Francia por un caso similar
- Las empresas de telecomunicaciones mantienen el recurso ante el Supremo
El Ayuntamiento de la localidad vizcaína de Sestao ha convocado este jueves a los trabajadores de los astilleros vizcaínos de La Naval en ese municipio y en el vecino Zamakona y a los ciudadanos de la región a concentrarse en la Plaza del Kasko, en Sestao, contra la decisión de la Comisión Europea que obliga a algunos inversores a devolver parte de las bonificaciones fiscales de las que se beneficiaron por financiar la construcción de buques en astilleros españoles. Mientras, en Galicia, la Xunta ha solicitado al Gobierno que recurra esa decisión.
Este jueves ha comenzado en Rabat la que debería ser última ronda de negociaciones para cerrar el nuevo acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos. Según la UE, las posiciones de ambas partes están muy próximas y solo faltaría por encajar las exigencias de algunos miembros de la UE para que parte de los beneficios obtenidos por el Estado alauí reviertan en el Sáhara Occidental, cuyas aguas acogen la mayoría de los pesqueros europeos.
- La patronal naval insiste al Gobierno en que minimice el coste a los inversores
- Asegura que costaba "dios y ayuda" convencer a inversores ajenos al sector
- Los armadores temen daños indirectos por el perjuicio de la decisión al sector
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha asegurado que España actuó "en base a derecho" en el sistema que bonificaba fiscalmente las inversiones en el sector naval español, por lo que el Gobierno ha ordenado a sus servicios jurídicos que estudien el planteamiento de un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE contra la decisión de la Comisión Europea de ordenar la devolución de parte de esas bonificaciones concedidas entre 2007 y 2011.
Por su parte, el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Competencia, Joaquín Almunia, ha insistido en que "la decisión no se dirige contra el naval, sino contra quienes, por invertir un dinero sin ser navieros y sin tener relación con el sector naval, se beneficiaron indebidamente de unas desgravaciones fiscales, que tienen que devolver ese dinero a la Hacienda española".
- Insiste en que el Gobierno estudia recurrir ante el Tribunal de Justicia de la UE
- Recuerda que la comisaria Kroes respaldó el tax lease español en 2009
- Almunia señala que se han exagerado las consecuencias de la decisión
- Está convocada por el Ayuntamiento de la localidad vizcaína
- UGT califica la decisión comunitaria de "arbitraria"
- La Xunta de Galicia pide al Gobierno que recurra la decisión de Bruselas